La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), descubrió y desarticuló una asociación ilícita dedicada a la emisión de comprobantes apócrifos para el sector agropecuario y que habrían lavado activos mediante un feedlot vacuno y una granja de cerdos en Entre Ríos y Córdoba, se detalló en un informe al que accedió AIM.

A raíz de una denuncia presentada por el organismo que conduce Carlos Castagneto, la justicia federal de Concepción del Uruguay ordenó 11 allanamientos y el secuestro de más de 1.100 cabezas de ganado valuados en 190 millones pesos, que serán rematados en una subasta pública, se adelantó en un comunicado a estas Agencia. A su vez, el juzgado dispuso la detención de tres de los integrantes de la banda delictiva.

La investigación de la DGI permitió detectar la existencia de una organización que gestionaba cartas de porte electrónicas falsas, utilizadas en la compraventa de granos. Por medio de esta maniobra, la firma gestionada por el grupo podía simular la adquisición de materias primas en el mercado marginal como si fuera producción propia, al tiempo que otros operadores utilizaban estos “servicios” ilegales para justificar ante el organismo compras a productores no registrados.

Con las ganancias obtenidas con estas operaciones fraudulentas, esta banda criminal logró montar un feedlot y una granja de cerdos en las provincias de Entre Ríos y Córdoba. Con estos negocios, apuntaban a lavar los activos obtenidos en la comercialización de los comprobantes truchos.

Ante estas severas irregularidades descubiertas por las distintas áreas especializadas de la DGI, la justicia dispuso a pedido de la AFIP el depósito judicial de la hacienda propiedad del jefe de la banda. El líder de la organización intentó trasladar el ganado hacia otro establecimiento para eludir la orden judicial, ante lo cual se realizó un allanamiento y se lograron secuestrar 970 cabezas de ganado bovino y 174 porcinos valuados en $190 millones.

Los cerdos y vacas serán rematados en una subasta pública como así también el grano sembrado en un campo de 50 hectáreas arrendado por un miembro del grupo. Para llevar adelante este último decomiso, se dispuso que una empresa consignataria de cereal se encargue de la cosecha, guardado del cereal y su oportuna venta por subasta pública.

Los integrantes de la banda se encuentran imputados y detenidos, dos de ellos con prisión preventiva y el restante con domiciliaria.