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El STJ firma un acuerdo para “remover patrones socioculturales” en casos de violencia laboral

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), suscribió el protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral del Poder Judicial de Entre Ríos, informaron hoy desde ese organismo.

El protocolo, aprobado el pasado 4 de mayo de 2021 en el Acuerdo General 12/21, busca "remover patrones socioculturales que promueven y sostienen las relaciones de poder que generan y dan lugar al desarrollo de situaciones de violencia dentro de los ámbitos y relaciones de trabajo" en el Poder Judicial.

También tiene como objetivo "prevenir, promover y garantizar la eliminación de la violencia laboral dentro del ámbito" judicial entrerriano, para "todo el personal, independientemente de la jerarquía en que se desempeñe y de su carácter permanente o temporario".

Con ese instrumento, el organismo podrá intervenir en situaciones de "violencia física, psicológica, acoso sexual, chantaje, ambiente laboral hostil, violencia patrimonial y violencia simbólica, se indicó desde el STJ.

El protocolo garantiza la asistencia en todo momento a las personas involucradas, que será gratuito y confidencial, y la protección a denunciantes y testigos, la no revictimización, la celeridad y el derecho a la defensa, entre otros.

Establece además que la denuncia "podrá ser verbal o escrita" y garantiza el "asesoramiento integral, en un lenguaje sencillo, accesible y no sexista" a las personas involucradas durante todo el procedimiento de intervención en un hecho de violencia laboral

La denuncia la podrá realizar la persona afectada, personas u organismos que integren el Poder Judicial con conocimiento de los hechos o asociaciones que les representen.

Una vez presentada, el procedimiento no podrá extenderse más de 60 días corridos, los que podrán ampliarse hasta 30 días corridos más, pero sólo por circunstancias debidamente fundadas.

En tanto, el protocolo establece que las autoridades y profesionales que intervengan deberán contar con formación en los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad y violencia laboral.

El presidente del Stjer, Martín Carbonell, suscribió al protocolo junto al procurador general, Jorge García; el defensor General, Maximiliano Benítez; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y Función judicial, Gabriela López Arango, y la secretaria Deneral adjunta de la Asociación Judicial (AJER), Mabel Pedrero.

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