El 11 de setiembre de 1973, el general Augusto Pinochet encbezó un alzamiento militar en Chile que terminó con la muerte del presidente constitucional Salvador Allende y el establecimiento de un gobierno de facto.
Tres años y siete días después del triunfo electoral de la Unidad Popular, el presidente Allende, sitiado en el Palacio de La Moneda por los carros de combate del Ejército sublevado, recibía un ultimátum para abandonar el poder. "Defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó", respondió el presidente, y pocas horas después su cadáver yacía envuelto en una bandera chilena entre las ruinas de La Moneda. Con su derrocamiento y muerte culminaba una conspiración fraguada el mismo día de su triunfo electoral y se iniciaba una feroz represión que constaría la vida a miles de chilenos.
Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 no rompieron el peligroso empate político que dividía al país en dos fracciones enconadas y cada vez más dispuestos a buscar una salida violenta. La Unidad Popular, aunque subió su porcentaje electoral, en relación a las presidenciales de 1970, de 36,30 a 43,40 por ciento, no logró la mayoría indispensable para empujar sus proyectos de ley y la reforma constitucional con que pretendía acelerar los cambios estructurales anunciados en su programa. La oposición, a su vez, reunida en una Confederación para a Democracia, estructurada en base a democristianos y conservadores, obtuvo un 54,70 por ciento que le permitía bloquear leyes, pero no exigir un plebiscito o acusar constitucionalmente al presidente de la República, para lo que según la ley se precisaba un quórum de dos tercios del Congreso. La imposibilidad de un "derrocamiento legal" del Gobierno -como pretendía el líder de la DC, Eduardo Frei- dio pie a reforzar el peso de la ultraderecha en las filas de la oposición. Desde ese momento, la radicalización del proceso -tanto en la izquierda como en la derecha- era inevitable.
Las revelaciones posteriores al golpe de Estado de 1973 pusieron de manifiesto que precisamente en marzo se habían iniciado los contactos entre los sectores progolpistas de la oposición y círculos de las Fuerzas Armadas, entre los que contaba el general Pinochet, entonces segundo hombre del Ejército y supuestamente leal al régimen constitucional. El llamamiento a las Fuerzas Armadas era cada vez más público por parte de la derecha, especialmente el ala "dura" del Partido Nacional y Patria y Libertad, que proclamaba la necesidad de "acabar con el 'Estado liberal'".
El empate social acentuaba también las diferencias en las filas de la Unidad Popular y de toda la izquierda. Dentro de la coalición del Gobierno, sectores del PS, del partido Mapu y de la Izquierda Cristiana coincidían con el MIR en la necesidad de "avanzar" rápidamente en el proceso para decantar definitivamente la situación a favor de un cambio revolucionario radical. Allende, otro sector del PS, radicales y el poderoso PC defendían en cambio la cautela de "consolidar" lo logrado y establecer cuanto antes un acuerdo con los sectores moderados de la DC, tal como se había intentado sin éxito en 1971 y en 1972. El Gobierno, sin embargo, era consciente de que aún faltaba por entrar en el juego el factor decisivo de cualquier enfrentamiento definitivo: las Fuerzas Armadas. La propaganda creciente de la derecha en los cuarteles no pasaba inadvertida.
El ensayo del golpe
El 29 de junio, el factor militar tuvo su primera entrada en el juego. A las ocho de la mañana, un grupo de ocho tanques del regimiento de Blindados Número 2, de Santiago, irrumpía en el Barrio Cívico y cercaba el Palacio de La Moneda. El autor del audaz golpe era el comandante Souper, estrechamente vinculado a Patria y Libertad. Su acción duró sin embargo pocas horas y se rindió, después de un activo intercambio de disparos, al general Prats que acudió personalmente a desautorizar la rebelión. De todos modos, las cartas militares ya estaban echadas con el "tanquetazo" de junio. Pese a las presiones de las bases de la UP, que exigían una "limpieza" de las Fuerzas Armadas, el Gobierno reaccionó con cautela y mantuvo abiertas las puertas del diálogo, al mismo tiempo que nombraba un nuevo gabinete de corte claramente moderado.
Durante varias semanas, el diálogo con la DC mantuvo en suspense a los grupos protagonistas de la verdadera guerra civil política que vivía el país. Finalmente, el 27 de julio, la DC rompía la baraja -pese a los esfuerzos de su ala moderada - y exigía a Allende la formación de un Gobierno Militar. El mismo día, Patria y Libertad llamó a través de los micrófonos de Radio Agricultura, a "la unidad de Chile para derrocar a Allende". El camino del golpe estaba abierto.
El golpe de Estado
Los acontecimientos se precipitaron en las semanas siguientes. Nuevamente los "gremios" controlados por la derecha y asistidos militarmente por las "centurias" armadas de Patria y Libertad decretaron una huelga. Los trabajadores de la mina de El Teniente mantenían a su vez una larga huelga que había polarizado la actividad de masas de la oposición, en combinación con las federaciones estudiantiles controladas por la DC o el Partido Nacional. Las calles de la capital se convirtieron en escenario cotidiano de enfrentamientos entre Patria y Libertad, MIR y la Policía, al mismo tiempo que la organización de Pablo Rodríguez realizaba atentados contra instalaciones eléctricas que dejaron a oscuras a varias ciudades.
La decantación del Ejército ya era visible desde los primeros días de agosto. En Punta Arenas, primero, y luego en Santiago y Concepción, los jefes militares de plaza ponían en vigor una ley de control de armas que solo fue efectiva para incautar los arsenales de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Los sondeos que hacía discretamente el Gobierno revelaban ya que el número de generales leales al régimen estaba en minoría. Carlos Prats, comandante en jefe y cabeza visible del sector institucional, se convirtió en el blanco de ataques públicos de la oposición. Finalmente, una marcha de esposas de oficiales, que desfilaron ante su casa insultándole y pidiendo su dimisión, le obligó, el 23 de agosto, a dejar su cargo y pasar a retiro. El último obstáculo para el golpe había desaparecido. A la izquierda, desangrada en sus propias luchas intestinas, sólo le quedaba esperar el desenlace.
Éste llegó la madrugada del 11 de septiembre. Tropas de Infantería de Marina, que realizaban maniobras con las naves norteamericanas del proyecto UNITAS, ocuparon a primeras horas el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, a las 4 de la madrugada, un regimiento de infantería se dirigía hacia la capital desde la vecina ciudad de los Andes, mientras un comando detenía en su domicilio al general Prats, ya retirado, pero aún con influencia suficiente en las Fuerzas Armadas. A las siete, el presidente Allende recibía información en su residencia de la calle Tomás Moro y una hora después salía con su escolta hacia el Palacio de La Moneda. A las ocho de la mañana, la casa de Gobierno estaba ya rodeada de tanques y se escucharon los primeros disparos. A través de la radio, los tres comandantes en jefe de Ejército, Marina y Aviación anunciaban que el Gobierno legal había sido derrocado.
A esa hora, las escasas fuerzas leales al Gobierno habían sido neutralizadas en los propios cuarteles; el presidente sólo disponía de su escolta y algunos miembros de la policía civil. A través de las emisoras que aún permanecían en manos de la izquierda leyó su último y dramático mensaje, anunciando inequívocamente que "no saldré de La Moneda, no renunciaré a mi cargo y defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó".
Los generales conjurados replicaron con un ultimátum, mientras aviones Hawker-Hunter de la Fuerza Aérea realizaban amenazadores vuelos rasantes sobre el palacio. Por las ventanas del edificio, los jóvenes de la escolta presidencial asomaron las bocas de sus metralletas y de dos ametralladoras punto cincuenta. Los tanques ya habían disparado sobre la enorme puerta colonial del palacio y se sucedían las ráfagas de fusiles automáticos.
A las 11:03, comenzó el bombardeo aéreo. En esos momentos, los golpistas controlaban todas las ciudades del país y se registraban sólo combates esporádicos en los "cordones industriales" de la capital y en puntos dispersos. La izquierda no disponía de hecho de ninguna fuerza armada suficiente para enfrentarse a un ejército profesional.
A las trece horas, las paredes de La Moneda humeaban a través de los agujeros provocados por los cohetes de la Fuerza Aérea y los proyectiles de los tanques Sherman. Allende, protegido con un casco y armado con un fusil Kalachnikov que le había regalado Fidel Castro durante su visita a Chile en 1971, recorría el palacio en busca de municiones y armas y organizaba una defensa desesperada. Su asesor de prensa, Augusto Olivares, herido por una bala, había muerto debido a un segundo impacto. Sólo quedaban vivos algunos jóvenes de la escolta que fueron testigos del último combate del "compañero presidente".
Allende cayó herido mortalmente a las 14.15 horas. Quince minutos después, las tropas asaltantes encontraron su cuerpo en un sofá de su despacho, envuelto en la bandera chilena. A su lado estaba el fusil con que defendió hasta el último minuto el cargo que "el pueblo me ha dado".