El Gobierno nacional envió este martes a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Lobby que apunta a regular y transparentar la gestión de intereses ante la administración pública y el Congreso, en medio de las críticas por la falta de controles sobre las reuniones e influencias en la toma de decisiones estatales, supo AIM.

La iniciativa, denominada oficialmente “Régimen de Gestión de Intereses”, busca establecer reglas para las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de elaboración de leyes, contrataciones, subsidios, concesiones y otras decisiones del Estado.

Según pudo constatar AIM, el texto propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, obligatorio y digital, donde deberán inscribirse quienes realicen actividades de lobby ante funcionarios nacionales. Además, prevé declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicación periódica de agendas oficiales y reuniones mantenidas con representantes privados.

El proyecto también incorpora restricciones para ex funcionarios que pretendan desempeñarse como gestores de intereses luego de abandonar cargos públicos, uno de los puntos que históricamente generó cuestionamientos por posibles conflictos de interés y circulación entre el sector público y privado.

Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como una herramienta destinada a “ordenar y transparentar” la influencia sobre las decisiones públicas. Fuentes consultadas por AIM señalaron que el Gobierno considera que actualmente existe un vacío normativo en torno al lobby y que la regulación permitiría “dar trazabilidad” a los vínculos entre funcionarios y sectores económicos.

La propuesta ingresó con un formato similar a proyectos presentados en los últimos años por distintos bloques opositores y oficialistas, entre ellos iniciativas impulsadas por Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer.

Entre los aspectos centrales, el proyecto incluye como actividades alcanzadas las gestiones vinculadas a elaboración o modificación de leyes, licitaciones públicas, concesiones, asignación de subsidios, beneficios fiscales y otras medidas estatales con impacto económico o regulatorio.

Además, establece que los reportes sobre reuniones y gestiones deberán publicarse de manera trimestral y estar disponibles dentro de los 10 días hábiles posteriores a su presentación.

En los fundamentos, el Gobierno advirtió que la falta de una regulación integral sobre lobby generó “espacios de opacidad” que afectan la confianza pública y la equidad en los procesos de decisión estatal. En ese sentido, indicaron a AIM especialistas vinculados a transparencia institucional que Argentina mantiene una deuda histórica en materia de regulación de la influencia privada sobre el poder político.

La discusión ahora quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará sumar respaldos para avanzar con una iniciativa que toca uno de los puntos más sensibles de la relación entre política, empresas y grupos de presión.