Diputados inició el debate de una ley para regular la gestión de intereses. La oposición advirtió que el proyecto oficial llega tarde, presenta vacíos y podría quedar por debajo de los estándares de transparencia que exige la relación entre funcionarios y grupos de presión, constató AIM.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles el tratamiento de la denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para regular la actividad de lobby. Sin embargo, durante el debate surgieron fuertes cuestionamientos sobre la oportunidad política de la propuesta y la profundidad de los mecanismos de control previstos.

Según pudo saber AIM, la discusión se desarrolló en un contexto atravesado por los reclamos de mayor transparencia en la toma de decisiones públicas, especialmente en áreas vinculadas a privatizaciones, desregulación económica, promoción de inversiones y contrataciones estatales.

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marias, defendió el proyecto oficial al sostener que busca "regularizar" una actividad que ya existe y otorgarle mayor trazabilidad y publicidad.

No obstante, distintos legisladores pusieron en duda que la iniciativa alcance para fortalecer los estándares institucionales. El diputado Miguel Pichetto cuestionó que el Gobierno haya impulsado la regulación después de avanzar con profundas reformas económicas y procesos de desregulación. "Debería haber sido el primer tema que el Gobierno tendría que haber presentado", sostuvo durante el debate.

Fuentes parlamentarias consultadas por AIM señalaron que uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las sanciones previstas, el alcance de los sujetos obligados y la ausencia de definiciones más estrictas sobre conflictos de interés y períodos de incompatibilidad para exfuncionarios.

También surgieron críticas por la falta de articulación con otras normas vinculadas a la transparencia pública. La diputada Karina Banfi advirtió que sin el cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso a la Información Pública resulta difícil avanzar hacia un verdadero esquema de gobierno abierto. Además, reclamó una actualización integral de la Ley de Ética Pública.

Desde distintos bloques opositores se planteó que la propuesta oficial podría resultar insuficiente frente a los desafíos actuales. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que una regulación efectiva habría permitido evitar o esclarecer episodios recientes vinculados a presuntas irregularidades en la relación entre funcionarios y actores privados.

Por su parte, desde Unión por la Patria cuestionaron que la iniciativa parezca orientada a ordenar vínculos ya existentes entre el Gobierno y determinados sectores económicos, en lugar de fortalecer de manera integral los mecanismos de control institucional. En esa línea, plantearon la necesidad de crear organismos independientes con facultades de supervisión y sanción.

Según pudo saber AIM, el próximo miércoles continuará el debate con la participación de organizaciones de la sociedad civil, especialistas y cámaras empresarias, que expondrán sus observaciones sobre el proyecto oficial y las distintas iniciativas presentadas en el Congreso.

El desafío de fondo, coincidieron varios de los expositores, no pasa únicamente por registrar reuniones entre funcionarios y representantes de intereses privados, sino por construir un sistema integral de transparencia, control y rendición de cuentas que permita conocer quién influye, sobre qué decisiones y bajo qué condiciones.