El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. El planteo se centra en el segundo delito, porque la fiscalía considera reunido el grado de sospecha necesario sobre ese punto.

En la imputación se apoya además en una pieza que la fiscalía considera determinante: durante su paso por el Consejo de la Magistratura provincial, Adorni trabajó en un área con vinculación directa con las declaraciones juradas, por lo que, según la investigación, no podía desconocer cómo debían presentarse. La petición se realizó ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026.

El mes pasado, Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee 21 millones de pesos provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción.

La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

La fiscalía sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026.

En todas esas declaraciones, según el informe, habría existido una cantidad inusual de rectificaciones posteriores, cada una sumando datos nuevos, ajustando valores o incorporando cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes no informados en los formularios originales.

El documento detalla que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria, llegando a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

El fiscal sostiene que “el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

El elemento central que empujó la imputación tiene que ver con un cambio continuo y progresivo en las declaraciones a medida que avanzaba la causa.

Según el informe, cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces. Por ejemplo, la patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Después, en mayo de 2026 (cuando la investigación ya había comenzado), Adorni declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”.

A estos cambios le siguieron incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de Baja 2025 presentó, recién entonces, que tenía en su haber “dinero en efectivo por 24.500.000 de pesos, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además, se sumaron detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.

En la última presentación rectificativa del 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción.

La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.

Las cifras: variaciones, deudas y bienes subdeclarados
El expediente detalla un crecimiento patrimonial llamativo. Según surge de los formularios recopilados:

En 2024, Adorni declaró bienes por 43.790.000 pesos y deudas por 130.000.000 pesos. Al cierre del mismo año, los bienes subieron a 71.000.000 pesos y las deudas bajaron a $60.000.000. Así, incrementó su patrimonio declarado en más de 27 millones de pesos y redujo deudas en 70 millones de pesos en solo un año.

En la declaración del cierre de su gestión (enero de 2026), aparecen movimientos similares: bienes por $80.500.000 y diferencias de valuación por 23.500.000 pesos respecto al inicio del año.

Los bienes declarados originalmente sufrieron “ajustes” en cada rectificación, reduciéndose los valores en torno al 10-20 por ciento respecto a la primera versión.

Por ejemplo, el inmueble de City Bell se declaró inicialmente con un valor de 77.580.000 pesos, después ajustado a 130 millones de pesos y luego a 105 millones de pesos.

Los automotores y las cuentas en pesos y dólares también fueron incorporados de forma progresiva, así como una serie de tarjetas de crédito de distintos bancos, todas omitidas en los primeros informes.

La fiscalía plantea que “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus declaraciones juradas patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa”.

Qué delito se investiga y cuál es el próximo paso
La acusación está encuadrada en el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona la presentación de declaraciones juradas falsas u omisión de bienes por parte de funcionarios públicos. El avance de la investigación apunta tanto a la “falta de justificación en las variaciones patrimoniales” como a la sospecha de intención de ocultar el verdadero patrimonio.

La fiscalía federal solicitó que Francisco Jorge Adorni sea citado a declaración indagatoria. Esta es la instancia legal en la que el imputado, habiéndole sido notificadas las pruebas y sospechas en su contra, podrá presentar explicaciones o defensas ante el juez.