Hay una confusión que crece al mismo ritmo que la desconfianza hacia los medios: la idea de que toda información incómoda es "una operación" y que toda operación es, a su vez, "fake news". Mezclar estas tres categorías (información, operación política y desinformación) no es un matiz semántico menor. Es, en muchos casos, la estrategia misma de quienes buscan desactivar una noticia que les resulta inconveniente. Por Renzo Righelato*
Informar. En su definición más básica, dar cuenta de un hecho verificable: una sesión legislativa, una medida de fuerza, una decisión de gobierno, una cifra oficial. El periodismo profesional somete ese hecho a un proceso de chequeo, contrastación de fuentes y atribución clara de las declaraciones. Puede haber errores, omisiones o incluso sesgos involuntarios, sabemos que ningún medio es una máquina neutral, pero existe una intención de verdad y un método verificable detrás de cada pieza.
La operación política, en cambio, no busca informar sino instalar. Se vale de información real, parcialmente real o directamente fabricada, pero su objetivo no es que el público comprenda un hecho sino que actúe de determinada manera frente a él: que desconfíe de un dirigente, que vote de cierta forma, que abandone una protesta o que la sostenga sin matices. La operación suele disfrazarse de información para ganar legitimidad, y por eso resulta tan difícil de distinguir a simple vista. No toda operación es mentira, pero toda operación subordina el hecho al efecto que ese hecho puede producir.
Las fake news son otra cosa todavía: la fabricación lisa y llana de hechos que nunca ocurrieron, o la distorsión tan severa de un hecho real que termina convertido en otra cosa. Circulan sobre todo en redes sociales, sin firma, sin fuente verificable y con una velocidad de propagación que ningún desmentido alcanza a igualar. Su función no es necesariamente política en todos los casos, pero cuando se insertan en la disputa pública, como ocurre con frecuencia en coberturas de conflictos gremiales, reformas legislativas o procesos electorales, terminan operando como munición para alguna de las partes en pugna.
El problema de fondo es que estas tres figuras conviven en el mismo ecosistema y se necesitan mutuamente para funcionar. La operación política se beneficia de que el público no distinga entre información y manipulación, porque así cualquier desmentido propio queda en igualdad de condiciones que cualquier denuncia ajena. Y las fake news encuentran terreno fértil precisamente porque la desconfianza generalizada hacia el periodismo profesional —muchas veces alimentada por las propias operaciones— hace que la gente ya no sepa a quién creerle.
Frente a ese escenario, la responsabilidad de un medio no es renunciar a informar por miedo a ser acusado de operar, ni blindarse detrás de una supuesta neutralidad que en los hechos no existe. La tarea es más artesanal y menos cómoda: explicitar fuentes, diferenciar declaración de hecho comprobado, dar espacio a las voces en conflicto y, sobre todo, no confundir la masividad de un rumor con su veracidad. La pregunta que debería guiar cualquier cobertura no es "a quién beneficia esto" sino "esto efectivamente ocurrió, y puedo demostrarlo".
La distinción entre informar, operar y mentir no depende solo de quien escribe. También depende de quien lee, que tiene la posibilidad, cada vez más exigida, de preguntarse de dónde viene lo que está leyendo antes de compartirlo como verdad revelada. En tiempos de reformas que afectan derechos adquiridos, conflictos gremiales con intereses cruzados y una grieta política que no da tregua, esa pregunta dejó de ser un lujo intelectual: es, lisa y llana, una condición para que el debate público siga siendo posible.
*Renzo Righelato, director periodístico de AIM.