Al cumplirse 15 meses del gobierno de Javier Milei, el contador Luis Lafferriere, impulsor de una cátedra abierta por un Mundo Nuevo, trazó un balance de la gestión y señaló a AIM: “por suerte el pueblo está despertando para frenar el Plan Masacre. Y debemos hacer los máximos esfuerzos para que se informe, se involucre, se organice, participe y reclame activamente. Son crecientes las luchas que se suceden este año en casi todo el territorio. Para proteger los derechos humanos, la vida, los bienes comunes, la soberanía y el futuro digno para todos. Tenemos condiciones, recursos y mucho para hacer esa sociedad más justa, equitativa, sustentable y solidaria. Pero esa sociedad deseada no vendrá sola ni de la mano de los saqueadores”.
Lafferriere, que fue profesor de Economía Política en varias universidades durante casi 40 años, entre ellas, la Uner, la UBA y la UNL, y ahora, es impulsor de la cátedra abierta por un Mundo Nuevo, explicó a esta Agencia que: “Un balance económico de lo realizado por el actual presidente de los argentinos requiere aclarar previamente qué aspectos de la realidad vamos a observar, para luego analizar los impactos positivos o negativos de las políticas impulsadas a nivel nacional.
“Si consideramos que la actividad económica es la que se realiza en una sociedad con el objetivo de producir y distribuir los bienes y servicios necesarios para la vida digna de sus miembros, respetando el ambiente para la presente y las futuras generaciones; nuestra mirada de la economía debe contemplar qué sucede con la población, con sus condiciones de vida y con el entorno donde habita. Esto es: ¿ha mejorado esa situación con el nuevo gobierno, sigue igual, o ha empeorado?”, señaló y abrió una serie de preguntas: “¿Están viviendo bien todos los argentinos? ¿Satisfacen de manera adecuada sus necesidades básicas? ¿Están bien alimentados, vestidos y protegidos? ¿Tienen ingresos suficientes para vivir de una forma digna? ¿Las tarifas de los servicios de electricidad, agua, gas, transporte, son accesibles a todos? ¿En qué situación están los menores, que deberían disfrutar plenamente de su edad y formarse de manera integral para el resto de sus existencias? ¿Y cómo están nuestros mayores, que trabajaron toda su vida y hoy atraviesan una etapa muy vulnerable al final de su existencia? ¿Reciben de la sociedad lo suficiente para una existencia adecuada, después de toda una vida de trabajo? ¿Habitan los argentinos en viviendas adecuadas? ¿Tiene toda la población acceso a servicios de salud y educación que garantice calidad en las prestaciones? ¿Y cómo retribuimos a los docentes, formadores de seres humanos, y a los múltiples prestadores de servicios de cuidado de las personas y de su salud? ¿Se garantiza a todos los trabajadores condiciones laborales adecuadas y retribuciones que cubran sus necesidades? ¿Están todos amparados por una legislación laboral que defienda sus derechos legítimos? ¿Hay políticas adecuadas que protejan a los micros y pequeños empresarios frente a las grandes corporaciones que dominan los mercados? ¿Están defendidos los millones de consumidores ante el control monopólico que ejercen las firmas líderes, que sólo buscan e imponen precios inaccesibles y logran ganancias fabulosas? ¿Se está preservando el ambiente y evitando la depredación de nuestros bienes comunes? ¿Se conservan adecuadamente los bosques y los montes nativos? ¿Se cuidan los humedales, como partes fundamentales que tiene la naturaleza para brindar múltiples servicios a los seres humanos y a la vida en general? En resumen, ¿qué ha sucedido con todas estas cuestiones desde diciembre del 2023 en adelante? ¿Qué nos trajo el presidente actual a todos los argentinos?”.
Lafferriere marcó que: una primera e importante consideración “es sobre los niveles de pobreza e indigencia que afectan a la sociedad argentina. Es decir: cuál es la situación de los compatriotas que no pueden vivir dignamente”, dijo y agregó: “Vivir en la miseria significa que una persona o una familia pobre no alcanzan a cubrir un conjunto de necesidades básicas, como el alimento, la vestimenta, la vivienda, la salud, la educación, el transporte, la recreación, etc. Y si son indigentes, ni siquiera alcanzan sus ingresos para alimentarse bien. Esas necesidades se satisfacen con bienes y servicios que se deben comprar en el mercado, para lo cual es necesario contar con ingresos suficientes”.
Como en la Argentina esos ingresos se vienen deteriorando con la inflación que afecta a la mayoría de la población, “se engrosan los sectores que no cuentan con esos ingresos para alcanzar niveles de consumo básico. Pasa no sólo con los desocupados, sino cada vez más los ocupados precarios y en cantidad creciente también los trabajadores formales, que pierden poder adquisitivo frente a la abrumadora carestía de la vida. Se suman también los millones de jubilados con haberes que no alcanzan para sus necesidades básicas”.
“Los niveles de pobreza e indigencia en la primera mitad de los años 70 del siglo XX eran de muy pocos puntos, ya que la pobreza oscilaba entre un tres y un cuatro por ciento del total, y el hambre sólo se veía en situaciones excepcionales. Estos graves problemas vienen siendo una constante en crecimiento a lo largo de este siglo XXI, y mostraban un estado preocupante hacia noviembre del 2023, con más del 43 por ciento de la población viviendo así”, afirmó el impulsor de Una Cátedra Abierto por Un Nuevo Mundo.
¿Qué ha sucedido desde entonces?
“El actual gobierno, ni bien asumió decretó una fuerte devaluación del peso frente al dólar, de más del 100 por ciento. Eso provocó una suba espectacular de los precios, que ya venían creciendo mes a mes, y llevó la inflación a valores astronómicos en los tres o cuatro meses iniciales de la gestión Milei. Esto generó una fuerte transferencia de ingresos desde la gran mayoría de la población hacia un puñado de grandes corporaciones monopólicas y oligopólicas que controlan los mercados en la Argentina. Varios millones que empeoraron sus ya precarias condiciones de vida, a favor de una minoría selecta y privilegiada que se beneficia con las medidas del gobierno. Como consecuencia de ello, la pobreza creció y superó al 50 por ciento de la sociedad, lo mismo que la indigencia que alcanza al 20 por ciento del total”, explicó.
“Si la medida de pobreza tomara en cuenta no sólo los niveles de ingreso, sino también otros indicadores que hacen a las condiciones de vida (calidad de la vivienda, acceso a la salud y educación, etc.), la población afectada es mucho más amplia, ya que la pobreza estaría superando el 60 por ciento del total, con estratos etáreos que superan esas cifras. Los menores son los más afectados, y en el tercer trimestre del 2024 ya son dos tercios de ellos que viven en situación de pobreza”, dijo Lafferriere.
“Hay que considerar que en esos hogares el déficit alimentario y la mala alimentación afectan el desarrollo físico y mental. Especialistas de la salud coinciden en que los menores que en los dos primeros años de vida se alimentan de manera deficiente van a sufrir daños cerebrales irreversibles, es decir, de por vida. El porcentaje de menores con inseguridad alimentaria alcanzó el 36 por ciento, uno de los niveles más altos en lo que va del presente siglo”.
“Pero las medidas tomadas no se limitaron a promover con la mega devaluación los golpes inflacionarios iniciales, sino que también se quitaron todo tipo de control sobre las empresas formadoras de precio, dejando el camino allanado para abusos inhumanos en los precios de bienes básicos, como alimentos, medicamentos y servicios de salud”.
Si se midieran los indicadores oficiales de inflación con valores reales “esta situación es aún más seria. El gobierno se niega a usar la información actualizada sobre las pautas de consumo, porque eso daría una inflación mayor a la que difunden, y en consecuencia en la realidad se esconde más pobreza e indigencia que la admitida. Con esa mentira estadística se quiere ocultar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados, y se busca mostrar un éxito falso en su mentada lucha antiinflacionaria. Un supuesto éxito que ignora la implacable carestía de la vida y la pérdida de dignidad en la supervivencia de mucho millones de argentinos”.
A la par de promover una transferencia de ingresos al estilo Hood Robin (al revés de Robin Hood, que robaba a los ricos para repartir entre los pobres), “el gobierno se ocupó de desmantelar y destruir gran parte de la estructura y acciones que desde el Estado se desarrollaban para atemperar el estado lamentable de vida de importantes sectores de la población. Por eso anuló casi toda la inversión pública que permitía la realización de obras que son necesarias para la gran mayoría, eliminó áreas que prestan servicios de salud a sectores carecientes, quitó recursos que recibían las provincias con destino al sistema educativo y otros que abarataban el precio de los servicios de transporte, aumentó de manera abrupta las tarifas de electricidad y gas, suspendió los préstamos a los jubilados con fondos de Anses (con el argumento que van a morir pronto y no podrán pagar esa deuda), desmanteló hospitales nacionales expulsando planteles de médicos con enorme experiencia, quitó gran parte del financiamiento a las universidades estatales, está haciendo trizas el sistema científico-tecnológico con pérdidas que jamás se recuperarán y ha achicado el gasto público gracias también a una fuerte caída de los haberes de los jubilados (robo a los ancianos para regalar a los usureros)”.
Toda esta masacre sobre la sociedad argentina, ¿para qué se hace?
Como contrapartida de este horror económico, “el gobierno ha provocado una fenomenal transferencia de ingresos y recursos a favor de una minoría súper concentrada, mayoritariamente extranjerizada, que saquea nuestra riqueza y nuestros ingresos”, afirmó.
“No sólo ha generado zona liberada para las grandes corporaciones que controlan los principales mercados, sino que ha usado la política fiscal para sacarle ingresos a la mayoría que menos tiene y menos gana (con impuestos regresivos), a la vez que pasarle esos recursos a los capitales más concentrados y poderosos. ¿De qué manera? Bajando impuestos para las corporaciones, manteniendo en su beneficio subsidios multimillonarios en dólares, y pagando una masa fabulosa de intereses a los usureros, por una deuda fraudulenta que nunca recibió el pueblo argentino, aunque ya la pagó más de diez veces y que cada vez crece más”.
“Según lo ha demostrado Guillermo Luciano en base a estadísticas oficiales, en los países centrales y dominantes, el rol del Estado es esencial, y tienen una presión tributaria de alrededor del 40 por ciento de su PBI. En la Argentina esa carga de tributos no llega siquiera al 30 por ciento del PBI. Pero la gran diferencia es que en los países centrales la mayor parte de los impuestos son progresivos, los pagan los que más tienen y más ganan. En nuestro país es al revés: predominan los impuestos que pagan los más pobres, cuando compran y consumen lo que necesitan para sobrevivir. Esto implica que los más ricos y poderosos dejan de pagar impuestos por alrededor de cien mil millones de dólares por año, una cifra gigantesca que se llevan afuera del país; y que se impide su uso para mejorar las condiciones generales de la sociedad”, sostuvo Lafferriere.
Al disminuir los ingresos de la gran mayoría de los argentinos “se ha producido una fuerte caída del consumo interno. Y no es porque no contamos con los bienes necesarios, sino porque esa baja del consumo se compensa con fuertes subas de las exportaciones, en general de bienes primarios sin valor agregado o con bajo nivel de elaboración. El consumo por habitante de carne vacuna es de los más bajos del último siglo, pero tenemos récord de exportación. También subió mucho la exportación de yerba mate, frente a una caída inédita de su consumo en la población argentina. Sucede lo mismo con muchos otros productos”.
“Este proceso no sólo afecta el consumo de millones de argentinos, sino que al achicar drásticamente el mercado interno, caen las ventas y sube el cierre de miles y miles de empresas, en especial de las micro, pequeñas y medianas, que son las más afectadas”, indicó.
“De la mano del achicamiento del mercado interno y del consumo masivo, de la mano del cierre de miles de empresas, se va complicando el panorama del empleo. Son decenas de miles los que han perdido su empleo en estos quince meses de masacre. Se calcula que sólo los trabajos formales disminuyeron en alrededor de 250 mil, y en su mayoría eran en el sector privado”.
“Este proceso anuncia un agravamiento a futuro de toda esta situación, ya que los sectores que vienen siendo favorecidos son centralmente del extractivismo insustentable, que no genera ni ocupación ni impactos multiplicadores, sino que su destino es centralmente las ventas al exterior y está en manos de muy pocas y grandes firmas. Eso hace de que el abaratamiento del costo laboral impulsado por el Plan Masacre no va a beneficiar a la gran mayoría de las empresas argentinas (el 99 por ciento son mipymes), sino que nos llevará a un país con poco empleo formal, digno y bien remunerado; con pocas y grandes corporaciones monopólicas y orientadas al mercado externo; y con una masa creciente de millones de desempleados viviendo en una sociedad de pobreza estructural”, remarcó Lafferriere.
¿Y con el ambiente y los bienes comunes, cómo vamos?
Ante semejante deterioro en las condiciones de vida de millones “los pocos sectores que han crecido en porcentajes significativos durante el actual gobierno, son los agronegocios (monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos), la megaminería a cielo abierto, la extracción de hidrocarburos y el sector financiero. Los que más cayeron fueron la construcción, la industria y parte de los servicios. Los sectores ganadores, en manos de grandes grupos económicos mayoritariamente extranjeros, depredadores de territorio y usureros implacables. Los perjudicados son los que más empleo y mayor valor agregado generan, los que tienen más impacto multiplicador sobre la economía interna, y con presencia masiva de mipymes argentinas”.
¿Qué efectos sobre el ambiente tiene este proceso? “Que los que ganan y crecen, además de estar muy concentrados y en manos extranjeras, depredan el territorio sobre la base de sobreexplotar recursos que no se volverán a recuperar por cientos, miles y hasta millones de años. Es decir, son sectores totalmente insustentables”.
“Estamos perdiendo la mayor parte de nuestro suelo fértil y contaminando tierra, agua y aire, además de envenenar a la población. Estamos perdiendo bosques y montes nativos, humedales, ecosistemas de un enorme valor ambiental, en momentos que como humanidad vivimos una crisis civilizatoria sin precedentes y ya estamos en medio de la sexta extinción masiva de especies (la quinta fue hace 55 millones de años)”, indicó.
“Cuando más se necesita promover acciones en defensa del ambiente y de la vida, cuando bienes que son esenciales comienzan a escasear de manera definitiva en todo el mundo, cuando estamos alterando peligrosamente el clima del planeta, y cuando el poder mundial más concentrado impulsa sus planes de apoderarse de los recursos estén donde estén, en la Argentina el gobierno impulsa políticas de depredación y entrega, y promueve con sus políticas la prioridad de las actividades más contaminantes del territorio”.
Explicó que: “Al aprobar el Rigi (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones –de más de 200 millones de dólares-), se pone por encima de los derechos de los pueblos el interés de los inversores, que tienen prioridad aunque afecten bienes esenciales (como el agua, la energía o la salud de una población). Y se pretende privatizar uno de los sistemas de humedales más importantes del mundo (el corredor de los ríos Paraguay-Paraná) para que lo explote una corporación extranjera y su control queda en manos del ejército de los Eeuu, garantizando más depredación y destrucción, además de facilitar la mejor vía para el saqueo de nuestras riquezas. Ya los estudios de impacto ambiental para las grandes inversiones dejan de ser necesarios, se eliminan leyes y organismos oficiales que protegen los recursos y el ambiente, todo para aumentar la rentabilidad de los saqueadores”.
Consideró Lafferriere que: “Esto va de la mano de la creciente entrega de nuestra soberanía nacional a los intereses de los capitales más concentrados del mundo, que han demostrado que vienen por todo y que los que habitamos el territorio estamos de más, sobramos”.
¿Y los negocios de los usureros, cómo marchan?
“En paralelo a este proceso demencial de depredación y entrega, se ha potenciado el saqueo financiero con políticas impulsadas por personajes que representan a los capitales más parasitarios y más poderosos del capitalismo mundial. Muchos funcionarios son empleados de grandes grupos económicos y de los fondos de inversión dueños de gran parte de la economía planetaria como Black Rock o Vanguard, que detentan la propiedad de las empresas que dominan la economía mundial y cuyos activos son mayores que los de cualquier país del planeta, excepto China y los Eeuu”.
“Se aplican medidas económicas (en especial financieras y cambiarias) que además de permitir la sangría permanente de divisas que tanto cuestan conseguir, están armando una bomba de tiempo que ha de explotar cuando el poder real lo estime conveniente, para apropiarse de lo que aún nos queda de riqueza, recursos y soberanía”, indicó.
¿Cómo funciona el negocio?
“Como sucedió en el último medio siglo, con gobiernos entreguistas y sin escrúpulos. Pasó con Martínez de Hoz-Cavallo durante la última dictadura, con Menem-Cavallo durante la infame década del ’90, durante Macri-Caputo más cercanos en el tiempo, y está pasando hoy con Milei-Caputo (el mismo Caputo que por lo que hizo cuando fue funcionario de Macri le valió la crítica despiadada del propio Milei, que lo calificó poco menos que delincuente por permitir la entrega barata de dólares a los especuladores usureros, y la fuga de 15 mil millones de dólares, y hoy es su ministro de economía)”, dijo.
“El proceso se inicia con una fuerte devaluación del peso frente al dólar (y la consiguiente inflación). Luego se mantiene el dólar con valores menores a la inflación, y con tasa de interés más elevadas que la devaluación del peso. Los especuladores saben entonces que pueden traer sus capitales para ponerlos a tasas de interés en pesos que son más elevadas que la devaluación, manteniendo un dólar más barato de manera artificial (porque el Estado maneja su cotización). Eso implica una diferencia a favor de los pesos puestos a interés (que paga mayormente el Estado), hasta que llega el momento de hacer efectiva esa ganancia, comprando entonces dólares baratos. Ahí comienza la crisis: fuga de dólares al exterior, faltan dólares, sube su precio, devaluación del peso e inflación”.
¿Y quién paga entonces los platos rotos? ¿Los especuladores y usureros, los que viven de fiesta a costa del Estado y del sufrimiento de la gran mayoría? “No. Al contrario, además de llevarse nuestros recursos y nuestras divisas, quedan como los acreedores a quienes luego deberemos pagarles intereses y capital, con más sacrificios, con bienes comunes y con territorio”, sostuvo.
“Hoy vivimos un proceso de estas características. Los mismos intereses saqueadores, usureros y parasitarios, y algunos mismos funcionarios a su servicio (como Caputo). Mantienen el valor del dólar a un ritmo (uno por ciento mensual) menor a la inflación (más del dos por ciento mensual), y una tasa de interés más elevada. Los especuladores reciben ese interés que paga el Estado, sabiendo que luego de un tiempo tendrán mucho más dinero, con el que comprarán dólares baratos, para fugar al exterior. Esos dólares los consigue el Estado con más endeudamiento y se los vende baratos”.
“En estos días el propio Caputo anunció que la nueva deuda que tomará el estado con el FMI (se habla de alrededor de nueve mil millones de dólares frescos) se usará para que el Tesoro entregue las divisas al Banco Central, a cambio de títulos intransferibles que había emitido el mismo Tesoro a cambio de dinero. Eso significa cambiar una deuda nominal a pagar en pesos y sin intereses, por una deuda real a pagar en dólares y con altos intereses”, remarcó.
“En el momento indicado, que no sabemos cuándo será (lo deciden los poderosos con la complicidad del gobierno), se producirá la salida masiva de dólares, que llevará a una fuerte devaluación de nuestro peso y a un gran salto inflacionario. Y viviremos entonces la misma calesita, sólo que con una sociedad más empobrecida, un Estado más endeudado, y un territorio más depredado, contaminado y entregado”.
Frenar el Plan Masacre y construir una Argentina para todos
Reflexionó Lafferriere que: “Este no es el único camino posible… Ni siquiera es un camino a considerar, si deseamos una sociedad mejor para que todos vivan dignamente, y preservar nuestros bienes comunes y un ambiente sano para las futuras generaciones”.
“Si permanecemos indiferentes, sí, es muy probable que el poder mundial y sus secuaces nativos profundicen el rumbo. Su sirviente más sumiso ya ha anticipado que va a ampliar la escala de destrucción, multiplicando el Plan Masacre. Además de las medidas que comenzarán a tener efectos en los próximos meses, anticipa reformas laborales para precarizar más a los trabajadores, reformas impositivas para que haya menos tributos para los poderosos y más impuestos a los giles y perejiles, reformas previsionales para que los jubilados sigan acelerando su deterioro y anticipando su muerte, reformas legales y constitucionales que garanticen la pérdida total de lo que nos resta de soberanía”.
“Pero por suerte el pueblo está despertando para frenar el Plan Masacre. Y debemos hacer los máximos esfuerzos para que se informe, se involucre, se organice, participe y reclame activamente. Son crecientes las luchas que se suceden este año en casi todo el territorio. Para proteger los derechos humanos, la vida, los bienes comunes, la soberanía y el futuro digno para todos. Tenemos condiciones, recursos y mucho para hacer esa sociedad más justa, equitativa, sustentable y solidaria. Pero esa sociedad deseada no vendrá sola ni de la mano de los saqueadores. De arriba nadie nos regalará nada, si no somos nosotros mismos, desde ahora y desde abajo, que nos decidimos a luchar por un país mejor”, concluyó.