Las empresas de software argentinas están en pie de guerra por el freno a la reglamentación a la Ley de Economía del Conocimiento que se esperaba comenzase a regir a partir de enero.
El stand-by que anunció el ministerio de Producción y Desarrollo Productivo el lunes las afecta principalmente, ya que pone en peligro la continuidad de los beneficios impositivos con los que contaron durante 10 años.
En ese contexto, alertan que desde febrero podrían subir 10 por ciento sus nóminas y que, de extenderse en el tiempo, no solo golpearía a las grandes empresas --que ven en su futuro que la reducción de Ganancias del 15 por ciento que originalmente estaba en el texto quede sin efecto-- sino que pone en peligro a las pymes del sector cuyos costos operativos dependen fuertemente de la puesta en vigencia de la nueva ley, una extensión simbólica de la votada en 2003.
“Es una cuestión financiera”, dice Pablo Iacub, presidente de Calipso, la empresa de software detrás de uno de los ERP más usados en el país y cuya pyme emplea de forma directa a 100 personas.
“La vieja ley de software funcionaba perfectamente pero quisieron ampliarla para que interpele a más jugadores. Ahora, no tenemos ni una cosa ni la otra. Ya la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva restringía parte de los beneficios económicos, especialmente aportes patronales. Las empresas tenemos armados los costos en base al beneficio y suspenderlo puede hacer quebrar a muchas compañías.”
El dato
La industria de servicios basados en el conocimiento es el tercer complejo exportador del país. Sólo en 2018 generó 5.300 millones de dólares y aún tiene potencial para seguir creciendo y generar empleo de valor agregado.
La Ley de Promoción de Software, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2019, tenía 507 empresas adheridas que totalizaban con 27.000 puestos de trabajo. Los recursos humanos de tecnología son altamente requeridos a nivel global.
Desde el ministerio que dirige Matías Kulfas recalcan que "no estamos anulando el régimen. Por el contrario, hemos detectado inconsistencias en la implementación de la ley que nos han llevado a suspender la reglamentación porque se necesita un replanteo de algunos aspectos para el correcto funcionamiento de la normativa. Para tal objetivo, estamos culminando los estudios que nos permitan determinar si esas reformas se deben hacer mediante un decreto reglamentario o es necesario modificar la Ley".
Cronista.com