La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet) Entre Ríos brindó un resumen detallado de los temas expuestos por su secretario general, Andrés Besel, en el último Congreso Extraordinario Provincial de Delegados, al que tuvo acceso AIM.

El secretario general de Amet Entre Ríos puso en conocimiento a los presentes sobre todos los temas de política gremial donde se está interviniendo y otros temas que se están gestionando desde la organización, tanto a nivel provincial como nacional.

Besel comenzó con un resumen de los ingresos de Nación a la provincia donde se comunica la continuación del último año del profesorado de Educación Técnico Profesional cohorte 2022, que había cortado su continuidad a principio de año, y que iniciará el quinto cuatrimestre luego del receso de invierno, finalizando el cursado a mitad del año que viene. Explicó que: “En cuanto a la Escuela Profesional Secundaria, existe un problema contable que se traduce a lo laboral puesto que solamente se pagó el mes de enero, y donde los contadores del Consejo, no quieren avanzar sobre la continuidad de esta escuela proyecto si los fondos no alcanzan para cubrir los gastos que demanda”.

Informó además que en cuanto al instructorado, no hay ninguna novedad y que por lo pronto no continúa.

Señaló Besel que: “La Comisión de Educación, que preside el Diputado Nacional Alejandro Finocchiaro, emitió dictamen favorable a los proyectos de ley que promueven declarar la educación como servicio público esencial, a lo cual nosotros no acordamos con esa declaración de esencialidad porque no está en juego la vida de los alumnos según lo ha determinado la Organización Internacional del Trabajo. Se consideran esenciales aquellos trabajos que son vitales para el orden, la seguridad y la salud de la población”.

En cuanto al Fonid, se informó que “está avanzando en diputados un dictamen para lograr implementarla desde el punto de vista político y legal, donde nuevamente se habiliten los fondos de incentivo docente, aunque existen discrepancias entre los distintos bloques partidarios. Aún hay esperanzas de recuperar esta parte del salario, por lo tanto el reclamo y la lucha continúa”.

Sobre el tema de la Caja de Jubilaciones y el decreto 1576 señaló que: “Si bien estamos participando en una Intersindical donde está incorporado, además de los cuatro gremios docente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)” y que “la decisión del gobierno fue incrementar en un tres por ciento la alícuota a los trabajadores como aportes jubilatorios, también sumaría un tres por ciento más el Estado como empleador, para tratar de sanear el problema de la caja. Que quede en claro que el tres por ciento que nos descuentan, a partir de la puesta en vigencia del decreto 1576, no soluciona el problema de la caja, solo controla el déficit de la misma”.

Agregó Besel que: “Sabiendo que el gobierno tiene la potestad por ley, en cuanto a corregir o modificar otras variables que son importantísimas, como son la edad jubilatoria o el 82 por ciento móvil, a lo cual hasta este momento prometieron no tocar, es que consideramos indispensable seguir dialogando con Gobierno para lograr llegar a buen puerto con estas medidas, que si bien nos perjudica económicamente a los activos, no desconocemos que a futuro podrá perjudicar también económicamente a los pasivos”.

Se comunicó asimismo desde la entidad gremial que: “Consideramos que debemos seguir dialogando con gobierno, como así también realizarle propuestas tanto a la Caja y al gobierno como empleador, entre otros como por ejemplo:

1.- Restituir el reconocimiento proporcional del 3x1 para las jubilaciones ordinarias especiales docentes sobre los años excedentes de aportes, una vez cumplido el requisito de los 25 años frente directo a alumnos.
2.- Pedir una compensación al empleador, o sea al gobierno provincial, para compensar el descuento realizado por la caja y así aliviar ese descuento del tres por ciento, el cual está aplicado sobre el último salario, siendo que el ocho por ciento de recomposición salarial que tuvimos en el último mes es con base a enero, por lo tanto insistiremos nuevamente en la mesa paritaria salarial, que las recomposiciones salariales sean sobre el último mes liquidado.

De acuerdo a lo informado por el gobierno, necesitan imperiosamente modificar dos artículos de la Ley 8732, correspondiente a convenios especiales que involucran a otros escalafones, si bien no afectan directamente a los docentes, se corre el riesgo de que una vez abierta y en tratamiento su modificación, intervengan en otros artículos que nos perjudique. Motivo por el cual tenemos que estar muy atentos

En cuanto a la Ley 8732 la misma determina lo que nos afecta, lo que no nos afecta o lo que nos podría llegar a afectar. La determinación tomada por el gobierno del descuento del tres por ciento de la alícuota sobre los aportes jubilatorios, consideramos que no es el momento oportuno para tomar una medida que disminuya nuestros salarios, ya que si bien tenemos firmado acuerdos salariales, estos fueron declarados insuficientes, y sabiendo que estamos muy por debajo de una recomposición real a la inflación determinada por Indec, que a ello debemos sumarle la eliminación del Fonid y conectividad desde el mes de febrero, es que estamos hablando de una reducción real, una eliminación real en nuestros salarios entre 100 y 150 mil pesos, siendo que un nobel Maestro de Enseñanza Práctica (un maestro de taller sin antigüedad) está cobrando solo 350 mil pesos en el bolsillo, al igual que una Maestra de ciclo de nivel primario sin antigüedad.

No acordamos con la relación que está establecida de cuatro a uno, lo que dice el gobierno, siendo que si bien hoy mencionan que es 1,8 activos por cada jubilado, eso es producto de que hay grupos (otros escalafones) que generan grandes desequilibrios, ya que cobran por la caja de la provincia con convenios de privilegio donde el gobierno toma conocimiento una vez acordado los elevados porcentajes de aumento que reciben, por ejemplo los entes descentralizados. Estos desfasajes, fueron producto de las malas políticas implementadas en el correr de los años, decisiones políticas de los políticos de turno que terminaron afectando la caja de los trabajadores y las jubilaciones para los mismos. También se incluye dentro de estas malas políticas, las jubilaciones de funcionarios elegidos por elecciones generales (Gobernadores, Diputados y Senadores), quienes poseen jubilaciones de privilegio, que sin duda afectan las arcas de nuestra Caja de Jubilaciones”, concluyeron en el informe desde Amet.