La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar los fallos favorables a jubilados que cuestionan el cobro del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes previsionales. La decisión implica un giro en la postura que el Estado sostuvo durante años ante los reclamos de adultos mayores en la Justicia.

La medida fue formalizada mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí se estableció que los representantes fiscales no deberán presentar nuevos recursos ante la Corte Suprema en este tipo de causas y, además, tendrán que desistir de apelaciones ya iniciadas que todavía no fueron resueltas.

Desde Arca, argumentaron que la decisión busca evitar “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, luego de una larga serie de fallos adversos dictados por la Corte Suprema en favor de jubilados que denunciaron la inconstitucionalidad de las retenciones sobre sus ingresos.

El antecedente central es el fallo “García, María Isabel c/ Afip”, emitido en 2019, donde la Corte declaró inconstitucional el cobro de Ganancias sobre la jubilación de una mujer de 79 años con problemas de salud. En esa resolución, el máximo tribunal sostuvo que el envejecimiento y la vulnerabilidad deben ser contemplados al momento de definir la carga tributaria sobre jubilados y pensionados.

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco entendieron que las retenciones aplicadas vulneraban principios constitucionales vinculados a la igualdad y la protección de sectores vulnerables.

A partir de ese precedente, la Corte continuó rechazando sistemáticamente las apelaciones del Estado, incluso después de las modificaciones introducidas por la Ley 27.617. Según el tribunal, esos cambios no resolvieron el problema de fondo porque no contemplaron un tratamiento diferencial para jubilados en situación de vulnerabilidad.

La nueva postura de Arca implica reconocer que la estrategia judicial mantenida hasta ahora no estaba dando resultados favorables para el organismo. En consecuencia, las áreas jurídicas deberán adecuar su actuación a la doctrina fijada por la Corte Suprema mientras no exista una nueva ley del Congreso o un cambio de criterio judicial.

La instrucción también alcanza a causas que continúan en trámite. En aquellos expedientes donde las cámaras federales ya vienen rechazando de manera reiterada las apelaciones del organismo, los representantes fiscales deberán aceptar esas decisiones respecto al fondo de la cuestión.

No obstante, Arca aclaró que podrá continuar litigando en temas vinculados a honorarios y costas judiciales, y que la nueva estrategia no se aplicará en determinados casos particulares donde considere que existen condiciones para sostener la apelación.