La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) podrá solicitar los datos de aquellos usuarios que realicen un tipo particular de compra a través del uso de billeteras virtuales como Mercado Pago.

El organismo, que llegó para reemplazar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), pondrá foco en el número de transacciones que se realiza a través de las cuentas bancarias o billeteras virtuales durante el lapso de un mes.

La medida implica que, en el caso de que alguna persona haga varias operaciones en un mismo día, la entidad puede considerarlas sospechosas y solicitar información del cliente.

A partir de qué monto Arca investiga las transferencias entre cuentas propias en noviembre 2024
Al continuar con los criterios establecidos por la Afip, las billeteras virtuales deben notificar a Arca cuando los movimientos entre cuentas superen los $400.000.

A su vez, informaron que este monto “se va a ir actualizando”. La próxima revisión del valor a partir del cual las transferencias entre billeteras virtuales estarán afectadas por el Siter se va a realizar en diciembre, y el nuevo valor, al igual que ocurrió esta vez, empezará a regir dos meses después, es decir, en febrero de 2025.

De acuerdo con el Régimen de Información todas las billeteras virtuales deberán informar al organismo estatal los datos personales de todos los individuos que realicen estos movimientos.

La información que deberá entregarse a Arca es el tipo y número de cuenta, CVU y cantidad de integrantes e identificación de involucrados en las cuentas mencionadas. Sin embargo, la comunicación es responsabilidad del proveedor de la plataforma de pago y se realizará automáticamente sin necesidad de la intervención del individuo.

¿Cuánto dinero se puede tener en una billetera virtual sin declarar?
A partir de este mes, el Arca determinó que se pedirá la documentación de todos los usuarios de billeteras virtuales que superen el monto de $ 700.000.

Asimismo, los movimientos de egresos e ingresos no podrán superar los $ 400.000 sin justificación. Caso contrario, la entidad pública podrá abrir una causa que determine cuál es el origen de esos fondos.

Desde el organismo argumentan que la intención de la medida es garantizar que estos fondos provengan de fuentes legales.