Las empresas y las fábricas recuperadas por sus trabajadores en medio del derrumbe económico de 2001, agravaron su crisis por la parálisis total de más del 80 por ciento de estas unidades productivas por las medidas de aislamiento social obligatorio.

Las empresas y las fábricas recuperadas por sus trabajadores en medio del derrumbe económico de 2001 se encaminan hacia las dos décadas de autogestión en medio de una crisis desatada inicialmente por las políticas de los últimos cuatro años -tarifazos, apertura de importaciones y devaluación-, que se agrava en la actualidad con la parálisis total de más del 80 por ciento de estas unidades productivas por las medidas de aislamiento social obligatorio.

El desarrollo sostenible y la responsabilidad social, no solo cobran más importancia, sino que además se vuelven imprescindibles.

Télam dialogó con referentes de empresas y fábricas recuperadas de los rubros alimenticios, gráficos, industria del calzado, automotriz, de servicios, entre otras, que atraviesan una de las peores crisis del sector, luego de resistir durante cuatro años las políticas de apertura de importaciones, devaluación, tarifazos de servicios públicos y la ausencia de programas específicos para fortalecer a un sector de la economía que nuclea a más de 20.000 puestos de trabajo en todo el país.

El presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, Luis Alberto Caro, afirmó que "alrededor de un 80 por ciento de las fábricas recuperadas están paradas, el resto está trabajando, pero muy poco".

"Desde luego que se entiende que hay que privilegiar la salud, pero necesitamos una acción directa del estado, ya que es una economía muy corta la nuestra porque no hay una acumulación grande de capital", sostuvo Caro.

"Las gastronómicas han caído en un 90 por ciento, las gráficas en un 70-80 por ciento, y lo que está pasando es que se está rompiendo la cadena de pagos y los proveedores no te quieren vender si no pones plata", explicó, por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Eduardo Montes.

Montes dijo que "nosotros no somos sujetos de crédito, por diferentes cuestiones que tienen que ver con la cuestión patrimonial, y esperamos que el gobierno nacional pueda establecer una línea de créditos a una tasa razonable, para el sector de empresas recuperadas".

Respecto a las distintas líneas de asistencia financiera que dispuso el gobierno nacional para enfrentar la crisis, Carlos Cisneros, de la cooperativa de trabajo Tria Ltda. ubicada en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, expresó que "todo lo que tiene que ver con ayudas a las pequeñas industrias, nos dejó afuera, porque está dirigido a las empresas y nosotros, al ser cooperativas, entramos en otro rubro".

"No ingresamos en el Ingreso Familiar de Emergencia porque somos monotributistas y encima somos clase D, quedamos también afuera de ese beneficio, no pegamos una", se lamentó.

En las políticas del gobierno "las cooperativas no están consideradas como pymes. Se habla de pymes, de microemprendimientos, pero las cooperativas en sí no se las nombra. Y si nos remontamos al 2001 o 2002, las cooperativas fueron un motor de impulso para la economía del país, en aquel entonces surgieron una cantidad de cooperativas que pudieron seguir trabajando sin sus dueños", señaló Ivana Agüero de la cooperativa Grisinópolis, que si bien está encuadrada dentro del rubro alimenticio no es considerado un alimento esencial y hoy se encuentran parados.

Otro de los problemas que enfrenta este sector es el de las tarifas de servicios públicos.

Al respecto, Iván Toloza, de la Cooperativa de Trabajo San Justo Ltda., que se dedican a la fabricación de cristales para la industria automotriz, dijo que "el precio no se duplicó, se quintuplicó. Nosotros pagábamos boletas de gas de 400 mil pesos más o menos, hoy por hoy, entre consumo y transporte, estamos rondando los dos millones y medio o tres millones de pesos mensuales, sin contar el consumo de luz que se fue por las nubes. Son números que no manejamos".

Ana María Galarza, de la Cooperativa Utrasa, dedicada a la fabricación de zapatillas y zapatos de seguridad, ubicada en San Luis del Palmar, de la cual es la principal fuente de empleo del pueblo, afirmó que "con respecto al tema de los créditos, la realidad es que no sé cuándo se va a reactivar todo esto y no me puedo meter en un crédito si no tengo certeza de que voy a poder trabajar para poder pagar después".

"Y además no creo que me lo den, porque lo primero que me piden es un balance y si yo le doy el de 2018, no sé si me lo aceptarían. Me piden generalmente unos tres balances para cualquier trámite", agregó la dirigente cooperativa.

En este marco, Montes -de la Fetraes- manifestó la necesidad de "una mesa de políticas públicas del Estado nacional que atienda estas cuestiones de emergencia por la propia complejidad de nuestro sector" y detalló que "vamos a llevarle una propuesta a la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami) para que pueda otorgarnos microcréditos con una tasa razonable"

"Desde la Fetraes creemos que la Conami es uno de los ámbitos para atender esta emergencia laboral que tienen las empresas recuperadas a través del otorgamiento de créditos para pequeños productores y para empresas recuperadas", agregó Montes.

Por último, Luis Caro -del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperad- enfatizó que los emprendimientos surgidos a la luz de la crisis de 2001 "necesitamos una acción directa del Estado" que incluya "apoyo a la infraestructura, capital para la compra de materias primas e insumos, créditos a tasa cero o la menor posible que nos permitan recomponer nuestra actividad en este momento lamentable para el país, sirve para poder salir con esta experiencia de las fábricas recuperadas y que se promueva una economía más solidaria".