La devaluación de las últimas semanas y el avance de la inflación, amenaza la viabilidad de la política tarifaria instrumentada por el ministro Juan José Aranguren para el gas y la electricidad. En ambos casos, los precios del producto están calculados en dólares con un sendero ascendente hasta 2019, mientras los márgenes de transportistas y distribuidoras tienen asegurado el ajuste semestral por índices de precios.
Si no hay modificaciones, esa combinación implicará nuevas e importantes subas antes de que termine el año. En las tarifas de gas, el precio del producto que perciben las petroleras, está calculado hoy en u$s4,68 por unidad a un tipo de cambio de $20,61.
Trascendió ayer que las petroleras están exigiendo ya a las distribuidoras un reajuste, porque todavía están recibiendo el valor anterior de u$s4,19 a un dólar de $18,33 fijado desde el 1 de diciembre, debido a que el fluido se termina de pagar a las productoras después de que los usuarios abonaron todas las facturas con los consumos anteriores al 1 de abril.
Pero esa discrepancia, ya fue saldada por el Enargas en las resoluciones de fines de marzo donde indicó que cualquier diferencia que se pudiera producir como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio, será contemplada en el siguiente período estacional. Es decir que con el aumento de octubre próximo, la diferencia se trasladará a los usuarios, aunque mientras tanto, petroleras y distribuidoras están forcejeando por el costo financiero del diferimiento.
Si se toma un dólar a $25, el precio del gas que se consume en este invierno, tendría que ajustarse un 21,3 por ciento por efecto de la devaluación, lo que significa alrededor de un 8,5 más en las facturas con impuestos.
Ya con ese dato queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15 por ciento en octubre, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a u$s5,26, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de $25, ya sumaría otro 14,5% en las facturas.
Pero falta todavía calcular el ajuste por el índice de precios mayoristas entre marzo y agosto para distribuidoras y transportistas, que ya acumula un 3,73 por ciento en los dos primeros meses, lo que adiciona de entrada un 1,5 a las boletas. A hoy una suba total del 24,5 con el tipo de cambio actual y cuatro meses menos del Ipim.
Con la energía eléctrica, la situación es similar. En agosto deberían ajustarse las tarifas de Edenor y Edesur por una fórmula que combina índice de precios minoristas, precios de la construcción y salarios, en el período enero-junio.
Y en noviembre debería aplicarse un nuevo escalón de aumento en el precio mayorista de la energía que también está dolarizado, y ajustar los ingresos de las transportistas. Desde el 1 de febrero, el precio mayorista para residenciales y pequeñas demandas se ubica en $1.077 por megavatio/ hora, lo que significaba u$s55,8 al tipo de cambio de $19,3 utilizado por el ministerio de Energía.
A un tipo de cambio de $25, en noviembre el precio de la energía en todo el país debería subir un 30 por ciento por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios.
Si se divide en dos etapas (noviembre y febrero de 2019), lo que resta para llegar al valor teórico sin subsidio de u$s74,8 fijado por la cartera energética, en el penúltimo mes del año, el precio de la energía debería incrementarse un 51 por ciento, en pesos, más el 30 anterior, lo que significaría un 32 por ciento en tarifa final en todo el país.
A partir de estos cálculos se puede concluir que el gobierno estaría obligado a ofrecer una alternativa distinta a la que surge de los criterios de Aranguren. Para la oposición que se la está pidiendo, pero también para Elisa Carrió que dijo que ya no había más subas este año, y para la UCR, cuyos técnicos en energía cuestionan fuertemente la política tarifaria.
Fuente: Ámbito