Por los ajustes en la obra pública, el gobierno deberá importar gas este invierno Compartir Por los ajustes en la obra pública, el gobierno deberá importar gas este invierno.

El proyectado superávit energético para este año se verá comprometido luego de las demoras en que incurrió el gobierno para impulsar las obras pendientes del gasoducto Norte. La empresa estatal Enarsa licitó esta semana los renglones 1 y 2 del plan de reversión, necesario para poder enviar a las provincias del Noroeste del país, a través de los conductos ya existentes, el gas extraído de los yacimientos de Vaca Muerta.

Sin embargo, los retrasos en el llamado a licitación y la posterior adjudicación hará que las obras recién queden terminadas para septiembre, según las previsiones técnicas. Por lo tanto, durante los meses más duros del invierno será necesario continuar con importaciones de energía de países vecinos y la compra de gas natural licuado (GNL) al exterior.

En concreto, Enarsa adjudicó a BTU, la constructora del empresario Carlos Mundin, los renglones 1 y 2 de la licitación, que implican construir un ducto de 22 kilómetros entre las localidades de La Carlota y Tío Pujio, y otros dos ductos paralelos de 62 kilómetros de extensión, con caños de 36 y 30 pulgadas de diámetro respectivamente.

Para adjudicarse el trabajo, BTU ofreció 74.300 millones de pesos en el primer caso y 83.541 millones de pesos para el segundo. De esa manera se impuso a la unión Techint-Sacde y a Pumpco, la firma controlada por el cubano-americano Jorge Mas, dueño del Inter Miami, la franquicia estadounidense de fútbol donde juega Lionel Messi.

El plan original

La reversión del gasoducto Norte era uno de los componentes del plan que había diseñado el anterior gobierno para sustituir las importaciones de gas y petróleo, aprovechando la gran productividad de los yacimientos de Vaca Muerta. Con su concreción, quedaría asegurado el abastecimiento para las provincias del norte del país con producción local y a precios más económicos. Además, permitiría sustituir las importaciones desde Bolivia y por el contrario, exportar hacia Chile.

El programa incluía el tendido del gasoducto Néstor Kirchner, con una primera etapa desde la localidad neuquina de Tratayén hasta la bonaerense de Salliqueló y un segundo tramo hasta San Jerónimo, provincia de Santa Fe. Desde allí sería posible enlazar con otros tendidos para exportar gas a Brasil. La primera parte, de 573 kilómetros, se inauguró en julio pasado. Sin embargo, el cambio de gobierno y el parate de nuevas obras públicas dejaron en stand by el resto.

También había un proyecto de asociación entre la estatal YPF y la malaya Petronas, para construir una planta gasificadora en las costas patagónicas y desde allí enviar embarques al exterior. La iniciativa continúa su curso, aunque su concreción puede llevar todavía algún tiempo.

Consecuencias

La demora obligará a reiterar este invierno las importaciones de gas de Bolivia y Chile, más la de electricidad de Brasil. Además, podrían reiterarse los embarques de GNL desde el exterior, aunque el costo bajó sensiblemente desde los picos que alcanzó en 2022. Ese año el déficit en la balanza energética superó los U$S 5.000 millones, según estimaciones privadas, cifra que se redujo a unos U$S 600 millones el año pasado.

En una de sus últimas revisiones de la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional había estimado que la balanza energética arrojaría un superávit de U$S 3.300 millones en 2024. Con estos avatares, la obtención de esa meta no es segura.

Aun con esas salvedades, la puesta en marcha de esos trabajos es la excepción a la regla: el gobierno de Javier Milei dispuso detener todas las obras públicas que no estén en marcha o ya licitadas. Como lo consignó esta web hace unos días, el recorte en gastos de capital dispuesto por el Ministerio de Economía en los dos primeros meses del año es del 88 por ciento en términos reales. En particular, Enarsa (la compañía estatal que planificó licitó y supervisa la obra) fue incluido en el nuevo proyecto de ley ómnibus entre las empresas que el Ejecutivo planea privatizar a la brevedad.