El Gobierno autorizó ayer la apertura del plan de ajuste presentado por Carrefour y que tiene como objetivo de máxima, según lo expuesto por los directivos de la cadena en la Argentina, despedir a unos 2.700 empleados y reducir salarios y cantidad de locales.

El ministerio de Trabajo habilitó la puesta en marcha de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que permite pagar indemnizaciones reducidas a la mitad por cesantías, tras una audiencia con la participación de directivos de la firma y referentes de la Federación de Empleados de Comercio (Faecys). Las partes, no obstante, se comprometieron a mantener negociaciones con la vista puesta en sostener los puestos de trabajo.

El PPC, una herramienta consagrada en la legislación laboral desde 1991, establece los mecanismos que deberán cumplir las empresas antes de producir despidos masivos y en teoría apunta a evitarlos a través de una mesa de diálogo tripartita con el Ejecutivo y los gremios y eventuales subsidios estatales. En la gestión de Mauricio Macri, en cambio, el procedimiento se abrió en contadas ocasiones y básicamente se utilizó para producir cesantías: en Pepsico, con 455 desvinculaciones tras el cierre abrupto de una planta productora en Vicente López, y la semana pasada en el establecimiento en Baradero de Quickfood (la firma que produce Paty), que avanzó con 180 retiros voluntarios.

Si bien ayer se abrió el procedimiento, los plazos correrán a partir de mañana, cuando las partes tienen previsto volver a reunirse en el ámbito de la cartera laboral. Según la normativa, el PPC debe resolverse en un período máximo de 10 días, a cuyo término Trabajo puede homologar un eventual acuerdo entre el gremio y la compañía o bien rechazarlo. Hasta ayer el discurso en las tres partes era el mismo: agotar las instancias para poner a salvo los puestos de trabajo y, agregaron en Carrefour, "cuidar la sustentabilidad" de la empresa de capitales franceses.

El encuentro de ayer fue de carácter técnico. Participaron el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, junto al director de Relaciones del Trabajo, Adolfo Saglio Zamudio, y la directora de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios; los abogados Alberto Tomassone y Jorge Barbieri, del sindicato, y los directivos de Carrefour Leonardo Scarone (Asuntos Corporativos) y Diego González (Relaciones Laborales). En estos casos las principales figuras entrarán en escena ante un eventual acuerdo: el ministro Jorge Triaca; el secretario general de Comercio, Armando Cavalieri, y el director ejecutivo de la cadena, el francés Rami Baitiéh.

El comunicado oficial de la audiencia señala que el gremio y Trabajo "se interiorizaron sobre la situación de la empresa" y que todos los participantes "coincidieron en que se trató de una reunión muy productiva durante la cual de manera tripartita se mostraron predispuestos a trabajar en conjunto para preservar las fuentes de empleo y la sustentabilidad de la empresa". Cavalieri, por su parte, hizo saber en un escrito que el objetivo será "preservar las fuentes de trabajo y los salarios de todos/as los trabajadores/as que desempeñan sus tareas en Carrefour" y en esa línea se comprometió a "negociar por cuadra, esquina o manzana". Carrefour cuenta en la Argentina con unos 19 mil puestos de trabajo distribuidos en más de 600 locales en todo el país. Se trata de uno de los mayores empleadores individuales del país.