Según publicó el diario español El País, el corazón del Gobierno mostró su euforia por una decisión histórica mientras la vicepresidenta detallaba los contactos con la Iglesia y daba épica a la aprobación.
Hay pocas cosas más aburridas que una comisión de subsecretarios. El órgano de medio centenar de personas que organiza el Consejo de Ministros y suele reunirse los miércoles es tedioso, metódico, administrativo. Pero este jueves —se retrasó por las vacaciones— fue completamente diferente. Se produjo incluso un aplauso, algo rarísimo. Llegó cuando Carmen Calvo terminó un sentido discurso en el que explicaba por qué el Gobierno iba a aprobar por decreto la exhumación de Franco para cumplir con una deuda pendiente de la democracia española, porque es el único dictador de Europa enterrado con honores. Alguien arrancó a aplaudir y le siguieron prácticamente todos los habitualmente serios y discretos secretarios de Estado y subsecretarios.
Al día siguiente, ayer, en el Consejo de Ministros, no hubo aplausos en la reunión de sus superiores, pero todos eran conscientes de que no era una cita más de los viernes. Calvo y el presidente, Pedro Sánchez, hicieron sus explicaciones de la importancia política del momento y los ministros se dieron cuenta del día especial que estaban viviendo. “Había una sensación extendida de estar orgulloso de pertenecer al Gobierno que hizo esto”, señalaba uno de ellos.
Todo está listo para ir a toda la velocidad posible, después de un retraso inicial de dos meses, los que ha tardado el Gobierno en aprobar el decreto ley desde que empezó a decir que la decisión era inminente. Al principio, durante julio, se intentó convencer a la familia, pero una carta de los siete nietos de Franco llevó a trabajar en el plan b: el decreto ley.
La oposición de los herederos ahora, aunque el Gobierno le dará 15 días para cambiar de idea, se da por hecha y no será un problema grave, creen en el Ejecutivo. El único conflicto importante podía venir de la Iglesia, y ayer quedó muy claro que ellos tampoco se opondrán. En un comunicado, la archidiócesis de Madrid señaló que “acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo”. La Iglesia llama al consenso con la familia, pero aclara que si no hay acuerdo obedecerán lo que digan las leyes, esto es, el decreto.
Detrás de esta decisión hay mucho trabajo político discreto. En esa misma reunión de subsecretarios del jueves, Calvo explicó a ese medio centenar de mujeres y hombres clave de todos los ministerios que esa negociación con la Iglesia iba viento en popa. Y contó abiertamente que hubo una reunión discreta, en julio, en la que participaron dos de los presentes en esa comisión, el subsecretario de Vicepresidencia, Antonio Hidalgo, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, para sondear la disposición. Hidalgo y Bolaños estaban ayer en primera fila escuchando a la vicepresidenta en un día histórico para muchos en La Moncloa.
Contactos con la Iglesia
Antes de esa reunión discreta de los enviados del Gobierno, el presidente Sánchez se había visto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. De estos contactos el Ejecutivo había deducido que el Vaticano, ahora dirigido por el papa Francisco, no sería un problema. La Iglesia, que también tiene tensiones internas con este tema por parte del sector conservador —ahora en minoría pero aún muy poderoso—, acepta así que no puede oponerse a una decisión tomada por ley y respaldada por el Parlamento.
Hay un elemento importante en la decisión final de la Iglesia de no oponerse. Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos por una decisión sancionada por el rey Juan Carlos, decretado por el dictador como su sucesor, y ahora será exhumado por una decisión del Gobierno en forma de real decreto ley sancionado por Felipe VI, el jefe del Estado de un país plenamente democrático, al contrario de lo que sucedía en 1975 cuando falleció el dictador.
Han pasado 43 años, 22 de ellos con Gobiernos socialistas, y varios intentos fallidos, pero esta vez parece la buena. El PP y Ciudadanos rechazan la fórmula del decreto y aseguran que el tema no es urgente. Pero ni siquiera los populares tienen claro votar en contra. En el Gobierno quieren evitar el espectáculo de la salida de los restos del Valle de los Caídos en directo en todas las televisiones, pero en cualquier caso creen que nada de lo que pase les puede perjudicar. Al contrario, sacar a Franco no es solo una deuda histórica de la democracia, en La Moncloa están convencidos de que es una decisión con la que solo pueden ganar.
Fuente: El País, España.