La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, lo que abrirá un juicio político en el Senado, luego de que la investigación periodística de los Pandora Papers revelara un posible conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de su familia.

Los 78 votos necesarios para que el trámite pase al Senado se lograron tras 22 horas de una sesión que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, una maniobra dilatoria para asegurar así el voto de un legislador cuya cuarentena por coronavirus expiraba hoy en la madrugada.

Con este paso, Piñera no podrá salir del país, aunque puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara de Senadores, que actuaría como jurado para sellar el futuro del primer presidente sometido a esta acusación en los 31 años de la posdictadura en Chile.

Después de Naranjo, el abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa con una exposición de cinco horas ante el plenario. Les rogó a los "honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional".

"Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes Gobiernos", advirtió el abogado del mandatario.

La acusación constitucional fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición socialista y de izquierda en el marco de la investigación Pandora Papers que reveló que los hijos del mandatario vendieron un proyecto minero en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares.

La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer Gobierno de Piñera (2010-2014) y y contenía una cuestionada cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".

El detalle señalado por Pandora Papers es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del Gobierno de Piñera.

En la Cámara alta, la oposición necesita dos tercios (29 votos) para destituir al mandatario en un juicio político, lo que requiere convencer a cinco senadores del oficialismo, algo que a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales parece poco probable porque la oposición cuenta solo con 24 escaños.

Minutos después de la votación, el diputado Naranjo dijo que se trató de "un momento histórico que sólo fue posible gracias a la unidad de la oposición".

El resultado fue además "un homenaje a todas esas familias chilenas que han sufrido tanto durante este Gobierno, algunas por graves violaciones a los Derechos Humanos, otras por las condiciones indignas donde viven", agregó el parlamentario.

Desde el oficialismo, en cambio, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, de la fuerza de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), lamentó el resultado y subrayó que "la validez de los argumentos de los acusadores no encontraron asidero ni en la comisión ni en autoridades fiscalizadoras"

Para Melero, la acusación solo busca generar un daño "no sólo al presidente, sino también a la institucionalidad democrática". "Estamos a meses de entregar el mando. Es es un episodio lamentable", advirtió.

El vocero presidencial, Jaime Bellolio, también alertó que "se abre una puerta diciendo que los presidentes pueden no durar cuatro años porque hay algunos que por pequeñeces, por miedo a las redes sociales, por miedo a compañeros de bancada, por miedo a que los amenacen o los funen (escrachen), no votan por su convicción sino que votan por su supuesta conveniencia".

El diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, uno de los protagonistas de la estrategia dilatoria de Naranjo que concentró ayer la atención mediática y en redes, declaró que "hubo un esfuerzo unitario importante y bastante inédito (...) la unidad de la oposición levantó una alerta para decir 'no todo vale".

El diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, por su parte, escribió en Twitter que Piñera "está moralmente inhabilitado para liderar el país".

Además de la acusación constitucional, el Ministerio Público abrió una investigación judicial contra Piñera por "posibles delitos tributarios y de cohecho" en la venta del megaproyecto minero.

En los últimos 40 años, Piñera estuvo involucrado en una serie de escándalos empresariales, aunque nunca fue condenado.

El empresario millonario de 71 años, quien fue el primer presidente de derecha después de 20 años de Gobiernos de centro-izquierda tras el retorno a la democracia, enfrenta la acusación con un rechazo a su gestión del 79%, según las últimas encuestas.