La Argentina retiró su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro que tramita en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La noticia trascendió este miércoles, pero, según el gobierno argentino, la quita del respaldo se oficializó al día siguiente de la salida del país del Grupo de Lima. “Es una consecuencia de la decisión política de retirarse [de ese grupo]”, dijeron a fuentes de Cancillería.

El gobierno de Alberto Fernández envió una carta a la sede de la CPI en La Haya explicando la situación el 25 de marzo. La demanda contra Maduro contiene acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

En el texto, la Argentina recalca que ese retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.

La carta fue enviada en marzo, el mismo día que el Gobierno anunció su salida del Grupo de Lima, foro regional alineado con Estados Unidos y que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro en Venezuela.

Fuentes oficiales agregaron que el hecho de que la Argentina quite su apoyo no perjudica el avance de la causa. El Grupo de Lima se creó en 2017 y lo integran Canadá, Brasil, México, Chile, Argentina, entre otros. Es avalado por Estados Unidos. Se gestó en medio de las protestas contra el gobierno de Maduro y de una crisis migratoria de alto impacto.

En ese contexto, el gobierno argentino, con el entonces presidente Mauricio Macri, se presentó con el Grupo y presentó una demanda para que se investiguen posibles delitos de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano. La alta comisionado ante la ONU para los derechos humanos, Michele Bachelet, realizó un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y ejecuciones arbitrarias. Lo que aún no queda del todo claro es por qué, si la Argentina retiró su apoyo a una demanda de semejante impacto en marzo, la noticia se conoció recién ayer.

En marzo, la Argentina a través de la Cancillería informó su salida del Grupo de Lima, que era integrado por integrantes de la oposición venezolana. El tema siempre generó conflictos entre Alberto Fernández y el ala más dura del Gobierno, vinculada a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En julio del año pasado, Fernández se vio envuelto en una polémica interna cuando condenó las violaciones a los derechos humanos al conocer el informe Bachelet.

Pero en ese momento dijo, que no había habido un giro en la política exterior. “No vamos a avalar ninguna salida no democrática para Venezuela, como tampoco vamos a avalar una proscripción del chavismo”, dijeron en ese momento en el Gobierno.

Las denuncias de la ONU

En 2019 se hizo público el informe de la ONU por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Bachelet fue la encargada de liderar la investigación. Un año más tarde, la expresidenta de Chile dijo que el país que conduce Nicolás Maduro seguía vulnerando los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, entre otros graves delitos de lesa humanidad.

El informe de la ONU detalló las detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, tal como publicó este medio en su oportunidad.