Después de su ceremonia de investidura el 1 de enero, Luiz Inácio Lula da Silva subió la rampa de acceso al palacio presidencial cogido del brazo del líder indígena Raoni Metuktire, reconocible al instante por su tocado amarillo y su placa labial de madera.

Pero una gran línea ferroviaria que aceleraría la deforestación en la tierra ancestral de Metuktire podría agriar las relaciones entre el líder izquierdista y el jefe del pueblo Kayapó. Y es sólo uno de los varios megaproyectos que, según activistas y expertos, devastarían el mundo natural -y dañarían gravemente la nueva imagen de Lula como defensor del medio ambiente- si siguen adelante.

Otros son un proyecto de perforación petrolífera cerca de la desembocadura del río Amazonas, una autopista que atravesaría algunas de las zonas más protegidas de la selva amazónica y la renovación de la licencia de una gigantesca presa hidroeléctrica.

“Lula está hablando del medio ambiente, mostrando preocupación por la minería ilegal, demarcando territorios indígenas. Ya ha aprendido mucho, pero necesita aprender más. Seguimos muy preocupados”, afirmó Alessandra Korap, líder indígena del pueblo Munduruku, que acaba de ganar el Premio Goldman de Medio Ambiente por su lucha contra la minería ilegal.

Bajo el mandato del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, la deforestación se disparó a máximos de 15 años y se debilitaron las restricciones medioambientales. El exmandatario de extrema derecha llenó puestos clave en las agencias medioambientales con aliados de la agroindustria y oficiales militares. Los derechos de los pueblos indígenas fueron pisoteados.

Tras derrotar por un estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones del año pasado, Lula se ha esforzado por situar la protección del medio ambiente y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el centro de su tercer mandato. Reanudó con éxito la búsqueda de donaciones internacionales para el Fondo Amazonia que combate la deforestación, lanzó una campaña militar para expulsar a los mineros ilegales del territorio yanomami, se comprometió a poner fin a toda la deforestación ilegal para 2030 y reinició la demarcación de zonas indígenas.

Pero Lula se enfrenta a difíciles pruebas en los grandes proyectos de infraestructuras. Mientras los opositores los consideran catastróficos, algunos en el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula, siguen considerándolos esenciales para proporcionar empleo y promover el crecimiento. Y Brasil, una nación en desarrollo, tiene una gran demanda de beneficios socioeconómicos.


El proyecto de perforación petrolera

Ibama, la agencia medioambiental de Brasil decidirá en los próximos meses si autoriza la perforación en un sector cercano a la desembocadura del Amazonas. La aprobación llevaría seguramente a la perforación en toda la región, dijo Suely Araújo, ex responsable de Ibama y ahora especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima, una red de organizaciones sin ánimo de lucro.

“Es una cuestión de coherencia. Los discursos de Lula sobre la protección del medio ambiente y la crisis climática dan en el clavo. Pero si se intensifican las prospecciones petrolíferas, significará la expansión de los combustibles fósiles. Habría una incoherencia”, dijo Araújo.

Durante los primeros mandatos de Lula, los enormes descubrimientos en alta mar se convirtieron en un medio para financiar programas de sanidad, educación y bienestar social.

“En gran medida, esta visión se mantiene, lo que significa que será muy difícil convencer al gobierno de que renuncie a proyectos estratégicos, incluso cuando existan riesgos socioambientales significativos”, afirmó Maiara Folly, directora de CIPO, un grupo de reflexión centrado en el clima y las relaciones internacionales.

Dado que la producción actual alcanzará su punto máximo en los próximos años, existe un gran interés por obtener más yacimientos en la costa norte de Brasil. Se trata de un lugar único por su biodiversidad, con manglares y arrecifes de coral poco estudiados.

Según Araújo, el proyecto corre el riesgo de que las fuertes mareas arrastren las fugas a otros lugares.

La petrolera estatal Petrobras ha destinado casi la mitad de su presupuesto quinquenal de exploración, de 6.000 millones de dólares, a la zona. El Consejero Delegado, Jean Paul Prates, dijo que el primer pozo sería temporal y que la empresa nunca había registrado una fuga en perforaciones mar adentro.

El Ministro de Energía, Alexandre Silveira, declaró en marzo que la zona es el “pasaporte al futuro” para el desarrollo de las regiones septentrionales de Brasil. Lula ha utilizado el mismo término para describir los anteriores descubrimientos de petróleo en alta mar.

Ochenta organizaciones de la sociedad civil y ecologistas, WWF Brasil y Greenpeace, han pedido que se rechace la licencia a la espera de un estudio en profundidad.


La presa hidroeléctrica

La presa hidroeléctrica Belo Monte, un coloso de hormigón en el río Xingu, fue planificada bajo el mandato de Lula y construida por su sucesora, Dilma Rousseff. Sus partidarios la veían como una forma de generar empleo y añadir energía a la red brasileña.

Las poblaciones indígenas y los defensores del medio ambiente se opusieron ferozmente, y los estudios demuestran que sus efectos han sido desastrosos. Las organizaciones de la sociedad civil calculan que decenas de miles de personas fueron desplazadas, y los expertos atribuyen a la pérdida de empleos un aumento de la violencia local. Un área de preocupación es la Volta Grande del Xingu, que ha perdido gran parte de su agua. Ello ha provocado la desaparición de los peces, base de la subsistencia de muchas poblaciones indígenas.

Belo Monte vuelve a estar en la agenda de Lula, con el Ibama sopesando si renovar su licencia. El organismo denunció el verano pasado que Norte Energia, propietaria de la presa, no había respetado muchas de las condiciones de su licencia original.

Los medios de comunicación locales dijeron que Norte Energia propuso distribuir 20.000 reales (unos 4.000 dólares) en compensación a cerca de 2.000 pescadores.

En enero, investigadores de la región publicaron una carta en el sitio web de periodismo medioambiental Sumauma en la que pedían a Lula y a su gobierno que investigaran y castigaran los delitos y las injusticias en torno a la presa.

“Cualquier gobierno realmente comprometido con la conservación de la Amazonía y la lucha contra la crisis climática está obligado a reconocer los problemas causados por Belo Monte y a reparar los daños e impactos causados”, decía la carta.

Las poblaciones locales exigen que la licencia sólo se renueve si Norte Energia se compromete a utilizar el agua de forma que permita mantener la vida en el río y sus alrededores.

Según Folly, la licencia se concedió bajo fuertes presiones del gobierno de Rousseff. En una entrevista concedida en marzo a Sumauma, la ministra de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva, prometió que esta vez “nadie va a ser coaccionado, como antes, y esto representa un cambio total”.


La autopista

La autopista BR-319 conecta Porto Velho con Manaos. Se abandonó en la década de 1980 tras caer en desuso, pero el gobierno ha dado muestras de querer repavimentarla para facilitar la exportación de materias primas.

Los ecologistas y científicos advierten que eso podría provocar una deforestación descontrolada en la región, al aumentar la especulación con la tierra y facilitar el acceso a los acaparadores de tierras. Después de que Bolsonaro anunciara que se repavimentaría un tramo de la carretera, la deforestación en las zonas cercanas se disparó rápidamente, según la agencia espacial nacional de Brasil.

El pasado junio, Lula declaró a Radio Difusora que estaba a favor de la reconstrucción, calificándola de importante para las economías de los estados de Amazonas y Rondonia. El presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho, declaró a AP en marzo que la agencia ha ralentizado el proceso de concesión de permisos para analizarlo con detenimiento.


La línea ferroviaria

Preocupaciones similares rodean a un ferrocarril de 933 kilómetros (580 millas) conocido como Ferrograo, que transportaría cereales desde el centro del país hacia el río Tapajos para su posterior envío al extranjero.

El proyecto reduciría el número de camiones que transportan soja y maíz y, por tanto, las emisiones de carbono. Pero también podría significar un aumento de la deforestación. Un estudio de 2021 de la Universidad Federal de Minas Gerais preveía una deforestación de más de 230.000 hectáreas en tierras indígenas del estado de Mato Grosso para 2035 si se completaba.

El ferrocarril está en suspenso a la espera de que un tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de una ley que permitía talar bosques en el Parque Nacional de Jamanxim para hacer posible su paso.

En enero, el ministro de Transporte de Lula, Renan Filho, situó a Ferrograo entre los proyectos prioritarios.

Doto Takak-Ire, que al igual que el jefe Raoni es líder de los kayapó, afirmó en una columna publicada en el diario O Globo en marzo que el proyecto amenazaría la supervivencia de 48 pueblos indígenas, y lo calificó de “ferrocarril del genocidio indígena”.

Fuente: InfoBae (Argentina) - Agencia AP