El retiro de la reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, no convenció a los miles de ciudadanos que volvieron a salir este domingo a las calles de las principales ciudades del país. Todos los partidos políticos, incluyendo al Centro Democrático, cuyo líder es el expresidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, se pronunciaron en contra de la iniciativa, que fue calificada como un "engendro" pero que el mandatario insistió en defender hasta las últimas consecuencias. Como era de esperarse, nada dijo Duque sobre las denuncias de abusos durante la represión policial que se multiplicaron en los últimos días.

Después de cuatro días de silencio, la Procuraduría General de la Nación reconoció que 14 personas fallecieron durante las masivas protestas, aunque investiga las circunstancias. En paralelo, organizaciones no gubernamentales elevan la cifra de muertos a 21. "El gobierno de Duque reprime de diversas maneras el derecho legítimo que tenemos los ciudadanos a protestas. Estamos siendo gobernados para que algunas personas sigan manteniendo sus privilegios, por eso los colombianos le estamos diciendo: ya no más", expresó Óscar Yesid Zapata, miembro de la Fundación Sumapaz.

Rodeado de varios de sus ministros y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Duque le comunicó al país la retirada del proyecto "para evitar incertidumbre financiera" pero en ningún momento se refirió a las decenas de miles de personas que se manifestaron en los últimos cinco días para oponerse a esta iniciativa que buscaba ampliar la base tributaria y gravar con el IVA del 19 por ciento a los servicios públicos, entre otras medidas. "Es una derrota política para Duque y para Uribe, quien ha estado impulsando siempre estas reformas tributarias. Se da en medio de una crisis profunda de este gobierno que tiene que ver con la manera en que se ha agenciado la pandemia y la crisis social que ha seguido con ella", destacó el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo.

Miles de colombianos volvieron a las calles el domingo para seguir manifestando otros reclamos al gobierno nacional. "Hemos logrado uno de los objetivos del paro, detener el proyecto de reforma tributaria, pero aún nos queda la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, las postergadas medidas que debieron dar continuidad a los Acuerdos de Paz", señaló el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en un comunicado. Por su parte, Zapata destacó que "la gente se sigue movilizando porque está cansada, tiene un cansancio acumulado de los últimos gobiernos en el país que nos están empobreciendo, están recortando los derechos y las libertades de las comunidades".

En ciudades como Medellín, Pasto, Villavicencio o Santa Marta y en municipios más pequeños, cientos de manifestantes volvieron a ocupar parques y activar cacerolazos espontáneos. A las 15 horas del domingo ya habían llegado miles de manifestantes (muchos de ellos en bicicletas o motos) a la histórica plaza de Bolívar, en el centro de la capital. Las protestas también llegaron hasta la casa del presidente Iván Duque, cuya popularidad araña un escaso 33 por ciento.

También continuaban las movilizaciones en Ibagué, capital del departamento de Tolima, donde un joven de 19 años identificado como Santiago Murillo murió el sábado por la noche por una herida de bala en el tórax. Testigos afirmaron que el disparo que hirió a Murillo fue efectuado por un policía. El miércoles pasado murió otra persona en el primer día de protestas en Cali, por lo que esa ciudad fue puesta bajo control militar. El gobierno decidió enviar allí más de 700 soldados, 500 hombres del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y 1.800 policías. "Lo que ha ocurrido son hechos realmente pavorosos. En algunos lugares se han apagado las luces y empezaron las balaceras, prácticas que no es exagerado tildar de terrorismo de Estado", dijo el senador Cepeda.

El ministerio de Defensa dio a conocer el que hasta el fin de semana era el único balance oficial sobre la represión de las protestas: apenas reconoció un civil muerto, 209 policías heridos y uno fallecido, y 203 detenciones. El titular de la cartera, Diego Molano, apeló a un argumento típico de los gobiernos uribistas al afirmar que se produjeron disturbios orquestados por "organizaciones criminales", entre las que se encuentran disidencias que no se plegaron al Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc en 2016.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación señaló el domingo que los cinco días de manifestaciones "arrojan un saldo trágico de 14 muertes". La entidad pidió recabar pruebas, adelantar investigaciones y entregar resultados sobre las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante las marchas, "en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales".

Al silencio del gobierno frente a las víctimas se sumó el de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). "La OEA es muy diligente cuando se trata de pronunciarse contra Venezuela, pero no hemos escuchado una sola palabra ante hechos como los que están ocurriendo en Colombia", destacó en ese sentido Cepeda.

La organización colombiana de derechos humanos, Temblores, documenta hasta el momento 940 casos de violencia policial. “En las últimas horas, nuestro equipo ha trabajado rigurosamente para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que los miembros de la Policía, de manera deliberada y premeditada, asesinaron a al menos 21 personas en medio de las protestas convocadas a lo largo y ancho del país”, indicó Temblores.

La ONG también indicó que a través de la plataforma Grita, con la que busca facilitar las denuncias ciudadanas, se registraron 672 detenciones arbitrarias, 12 víctimas de agresiones oculares, 30 casos de disparos de armas de fuego y cuatro víctimas de violencia sexual desde el miércoles 28 de abril al primero de mayo.

Lejos de disminuir el poder represivo, el presidente Duque aseguró el sábado que la "asistencia militar" se mantendrá hasta que "cesen los hechos de grave alteración del orden público" y que ésta será coordinada con alcaldes y gobernadores. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue una de las primeras en rechazar la militarización de la ciudad desde su cuenta de Twitter: "La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá; algunos actos vandálicos aislados obligaron a la intervención policial y nuestra policía tiene la situación bajo control; no se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización".

Alerta frente a la posibilidad de nuevos incidentes en las calles de Colombia Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), celebró el retiro del proyecto de reforma tributaria pero llamó a la ciudadanía a "no bajar la guardia y exigir en las calles la construcción de una paz con dignidad". Castillo le dijo a este diario que el traspié de Duque "se constituye en una victoria del pueblo colombiano, pero es también una convocatoria a continuar las movilizaciones, exigiendo respeto y garantías a los derechos humanos y al derecho a la vida, para que termine el asesinato de líderes y lideresas sociales, así como de los firmantes del Acuerdo de Paz frente a un gobierno que no es capaz de escuchar la voz de la ciudadanía".