Todo apunta a que Bruselas tendrá la última palabra. La Comisión Europea ha planteado una extensión de diez años para el uso del glifosato –el herbicida más utilizado en el mundo, fundamentalmente para acabar con las malas hierbas, y que acumula indemnizaciones multimillonarias por sus efectos perjudiciales–, pero no logra el respaldo suficiente de los 27 (un 55 por ciento de los estados miembros que representen el 65 por ciento de la población comunitaria).

A mediados de este mes habrá una nueva oportunidad y, si no se alcanza ese quorum, el gobierno que preside Ursula von der Leyen tomará una decisión antes del 14 de diciembre, fecha en la que vence el actual periodo para la comercialización del fitosanitario inventado por Monsanto (ahora propiedad de Bayer).

La Comisión Europea planteó en julio una prolongación de una década del uso del glifosato después de que la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (Efsa) descartara “áreas críticas de preocupación” en un informe en el que, no obstante, admite haber “identificado algunas lagunas de datos”.

La propuesta contiene limitaciones para el empleo de esa sustancia –por ejemplo, un máximo de 1,44 kilogramos por hectárea al año para el uso agrícola– así como medidas de mitigación de riesgos en las zonas en que se aplique, como el establecimiento de bandas de protección de entre cinco a diez metros y el uso de equipos que eviten la deriva del producto por el viento.

España, a través del Ministerio de Agricultura, se ha mostrado a favor de esa ampliación bajo la premisa de que no hay contraindicación por parte de la Efsa. No obstante, hay distintas sensibilidades dentro del Gobierno. La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sí abrió la puerta a la prohibición, y Unidas Podemos se ha posicionado claramente en contra del uso de esa sustancia, que cuenta con un importante rechazo de las organizaciones medioambientales.


A favor y en contra

La campaña Stop glifosato tuvo un importante impacto en países como Francia o Alemania. Ambos se abstuvieron en la votación de mediados de octubre, lo que en la práctica computa como un voto en contra. Por eso ni el apoyo a la propuesta ni su rechazo contaron con el respaldo suficiente y ahora hay una segunda ronda en el Comité de Apelación.

El argumento del Gobierno de Emmanuel Macron es que su apuesta es restringir el uso del glifosato y utilizar alternativas cuando sea posible. Así, no consideran que la propuesta de Bruselas vaya en esa dirección. En el caso de Alemania, Los Verdes (que están al frente del Ministerio de Agricultura) quieren prohibir el glifosato en contra del criterio de los liberales (también en el Gobierno), por lo que optaron por la abstención.

La división también fue palpable en la Eurocámara, que rechazó por 40 votos (PPE, liberales y extrema derecha) frente a 38 (socialdemócratas, verde e izquierda) y seis abstenciones, una propuesta para prohibir esa sustancia objetando a la propuesta de la Comisión. Una propuesta que, por otra parte, organizaciones agrícolas ven insuficiente porque aspira a una ampliación de una década y no de 15 años, que es el periodo habitual.

La tendencia a nivel mundial camina hacia la eliminación del glifosato. México, por ejemplo, legisló en esa dirección y Colombia anuló las fumigaciones aéreas con esa sustancia para acabar con las plantaciones ilegales de coca. A otro nivel, varias ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona, dejaron de usar ese herbicida en sus jardines hace unos años.


Causas por cáncer o malformaciones

“El uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana”, señalan Koldo Hernández y Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, en un artículo en elDiario.es. “En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (Iarc) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales. Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos”, agregan.

“Cuando se usa en agricultura, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”, advierten en Greenpeace.

La Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 el glifosato como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos en base a la evidencia científica de la aparición de tumores en animales expuestos. Sin embargo, la UE rebajó la advertencia, a través de la EFSA, que aseguró que “es improbable que suponga un riesgo carcinogénico en humanos”.

A pesar de que no existen informes concluyentes, se acumulan decenas de miles de demandas judiciales por los efectos adversos de esa sustancia, fundamentalmente como causante de cáncer. Bayer llegó en 2020 a un acuerdo con el despacho de abogados que representaba a miles de personas que se consideraban víctimas de su producto Roundup por un valor de 11.000 millones de euros, a pesar de que niega los efectos cancerígenos del producto.

En Estados Unidos la compañía ha perdido alguna batalla judicial, si bien ha ganado otras. Una de las derrotas más sonadas fue el rechazo de la apelación por la sentencia que le condenaba a pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, que atribuía el cáncer que padecía al uso que hizo del herbicida Roundup durante 26 años sin aviso de que era cancerígeno. También fue multada por publicidad engañosa al anunciar su producto como seguro “sin aportar pruebas suficientes”, según recogió la Fiscalía General de Nueva York.

Uno de los últimos casos se ha hecho público en Francia, que ha reconocido un “posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones de nacimiento de un bebé y el uso profesional de glifosato por su madre antes de saber que estaba embarazada. El Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (Fivp), un organismo oficial galo, ha otorgado una indemnización de alrededor de 1.000 euros al mes a Théo Grataloup, que a lo largo de sus 16 años de vida ha tenido que someterse hasta a 54 cirugías por las graves malformaciones de la laringe, el esófago y varios órganos, que obligaron a reconstruir sus sistemas digestivo y respiratorio.

Con esos precedentes, y sin una conclusión científica clara, la UE tiene que tomar una decisión sobre la prolongación del uso de ese pesticida. La división no es nueva y se remonta al menos al año 2015, cuando ya se puso cuesta arriba aprobar la primera ampliación. Tras dos años de negociaciones y prórrogas, los 27 aprobaron una extensión hasta 2022 gracias, entonces, al viraje desde la abstención al “sí” de Alemania. Ese periodo concluyó el pasado mes de diciembre y se acordó una ampliación que caduca ya. Si no hay mayoría, la decisión corresponde a la Comisión Europea, que tiene bastante presión, aunque sostiene que es una “buena propuesta” con suficientes “restricciones y condiciones”.

Fuente: Portal eldiario.es