El Gobierno intenta despedir la legislatura con el retiro del cadáver del dictador del Valle de los Caídos, en Madrid. El Ejecutivo se plantea realizar las tareas sin esperar la resolución de un recurso interpuesto por la familia ante la Justicia[{adj:36389 alignright}]
El Gobierno de Pedro Sánchez (Psoe) intenta despedir la Legislatura (llamó a elecciones anticipa das para elegir una nueva Legislatura) con la exhumación de Franco, aunque los recursos judiciales de la familia del dictador pueden truncar su empeño. Este viernes, el mismo día en el que el presidente ha desvelado que convocará elecciones generales el próximo 28 de abril, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo motivado para decretar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha dado 15 días a la familia para que señale un lugar de inhumación alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, sitio que el Gobierno excluye por motivos de seguridad y de orden público.
Transcurridos estos 15 días, si la familia no da una respuesta o no se ponen de acuerdo entre ellos, el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros un nuevo acuerdo motivado indicando el lugar donde serán trasladados los restos. Y ahí llega la decisión política más importante. La familia ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo con petición de que se paralice la exhumación. El Gobierno está convencido de que el Supremo no la paralizará, porque cree que los argumentos jurídicos de la resolución son sólidos, pero por si acaso estudia la posibilidad de sacar los restos del dictador antes de que se resuelva esa posible suspensión.
Desde que el Consejo de Ministros resuelva el expediente definitivamente y publique su acuerdo motivado final en el BOE hasta que la familia presente un recurso y el Supremo resuelva hay un margen amplio de tiempo para que el Gobierno pueda sacar los restos, una operación sencilla que lleva solo unas horas. El Ejecutivo espera ahora ver cómo evolucionan los acontecimientos —la familia podría recurrir la resolución de este viernes y el Supremo podría pronunciarse en breve— para tomar una decisión política, pero es evidente que para Sánchez sería un fracaso llegar a las elecciones sin haber podido cumplir la promesa de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, por lo que intentará hacerlo cuanto antes.
Para el Ejecutivo tampoco es problema el rechazo del prior de la basílica, Santiago Cantera, puesto que considera que es un lugar de culto pero que no está exento de respetar a la autoridad civil, así que entrará con la autorización que ya tiene de la Comunidad de Madrid.
El albacea de los Franco ya ha indicado que la familia quiere inhumarlo en La Almudena y no dará ninguna alternativa, que recurrirá la decisión del Gobierno ante el Supremo y que pedirá medidas cautelares. El procedimiento se ha prolongado ya durante siete meses. El Ejecutivo está convencido de que es muy improbable que el Supremo paralice la exhumación porque confía en la solidez de la argumentación jurídica del decreto. La duda es si los Franco recurrirán la decisión acordada en el Consejo de Ministros de este viernes, que no es definitiva, aunque sí tiene carácter administrativo, o si aguardan al próximo Consejo de Ministros, que sí lo será, y van a los tribunales con la decisión final. El tiempo con el que la justicia resuelve este tipo de reclamaciones cuenta a favor del Ejecutivo.
Patrimonio Nacional tiene un proyecto para realizar la exhumación en horas, con una obra “menor” y por menos de 3.800 euros. El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros no especifica el nuevo lugar de enterramiento de los restos del dictador para dar una última oportunidad a la familia de elegir un destino que supere la "imposibilidad legal" que, según el Ejecutivo, reviste la opción de la céntrica cripta de La Almudena, donde la familia cuenta con unas sepulturas a perpetuidad. El Gobierno se basa en un informe de la Delegación del Gobierno para argumentar que razones de seguridad y de orden público impiden llevar los restos de Franco a ese emplazamiento. Sin embargo, el entorno de la familia acusa al Ejecutivo de sacarse de la manga ese informe, cuya legalidad cuestionan.
El Ejecutivo culpa del retraso en la exhumación a los familiares de Franco y a fundaciones y asociaciones relacionadas con el dictador y el Valle de los Caídos por presentar todo tipo de recursos —hasta 14 recusaciones de los instructores— y querellas contra la instructora de la causa y miembros y funcionarios de los ministerios responsables y de Patrimonio Nacional, que gestiona el mantenimiento del recinto.
Fuente: El País de España