Si el Tribunal Supremo de España resuelve no poner medidas cautelares, el Gobierno, aún en funciones (pronto habrá renovación), podría sacar los restos del dictador. Se especula que es poco probable que haya un nuevo Ejecutivo en esa fecha fijada. [{adj:39137 alignright}]
No ha llegado antes de las elecciones, como prometió, pero lo hará justo después, probablemente aún en funciones. El Gobierno ya ha puesto fecha para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, uno de los asuntos centrales de la legislatura y un gran quebradero de cabeza para Pedro Sánchez. Será el 10 de junio: en la misma mañana, si antes no lo impide el Tribunal Supremo o algún último movimiento de la familia Franco, se sacarán de esa "tumba de Estado", como la definió la vicepresidenta, Carmen Calvo, y se llevarán al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde está enterrada su mujer, Carmen Polo. No irán a la Almudena, donde yace su hija y reclamaba la familia. Será justo después de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, según Calvo para sacar este asunto del debate electoral.
El Gobierno, que ha fracasado en su intento de sacarlo antes de las elecciones, trata así de salvar la cara en este asunto y pone la fecha del 10 de junio con tres objetivos. Primero, trata de dar respuesta a sus votantes, que le pedían que llevara adelante esta medida. "Vamos tarde", dijo Calvo en el verano pasado. Ahora promete que lo hará justo después de las elecciones, y así podrá pedir el voto a la izquierda para garantizar que la medida se cumple.
Además, y este es un asunto clave, da plazo al Tribunal Supremo para que resuelva si paraliza la exhumación como le pide la familia. Las previsiones del Ejecutivo señalan que para el 10 de junio tendría que haber decidido sobre las medidas cautelares, aunque no sobre el fondo, algo que llevará varios meses.
Y por último, al ponerlo el 10 de junio tiene muchas posibilidades de llegar hasta ahí como Gobierno en funciones, lo que le permitiría, incluso en el caso de una derrota electoral, sacar los restos como última gran decisión.
No hay garantías de esto último, pero es lo más probable. Las generales son el 28 de abril. Con las elecciones autonómicas el 26 de mayo, es muy difícil que la investidura se produzca antes del 10 de junio. No es imposible, porque las Cámaras se constituirán el 21 de mayo, pero sí muy difícil. Lo habitual en situaciones de mucha mayor estabilidad política es tardar más de un mes, y con otras elecciones en medio todo se complicará.
En 2011, por ejemplo, pese a la aplastante mayoría absoluta que obtuvo Mariano Rajoy el 20 de noviembre, no fue investido hasta el 20 de diciembre. Precisamente en funciones, en ese mes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo un informe que recomendaba sacar los restos del Valle de los Caídos y que Rajoy nunca siguió. En 2015 las cosas fueron mucho más complicadas, hubo repetición de elecciones y en 2016 se tardó más de dos meses. Solo una improbable investidura rapidísima de un posible Gobierno del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox permitiría impedir la exhumación si el Supremo decide no paralizar la exhumación.
El Ejecutivo entiende que el tribunal no debería imponer medidas cautelares porque la decisión no es irreversible, como demuestra el caso de los restos del general Sanjurjo, que han sufrido un largo proceso judicial después de ser exhumados que finalmente ha dado la razón al Ayuntamiento de Pamplona, que los sacó del monumento a los caídos que en hay en la ciudad. Unos restos, señalan en el Ejecutivo, pueden ser exhumados y reinhumados, luego no hay nada irreversible. En cualquier caso la última palabra la tiene el Supremo y nadie sabe qué decidirá.
Calvo ha señalado en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que la fecha decidida se encuentra "fuera del periodo electoral" y que el Gobierno que tenga España en esa fecha tendrá que ejecutar esa decisión si no realiza una "modificación de los procedimientos" para impedir el traslado de los restos. Calvo ha explicado que la familia tendrá la posibilidad de realizar una ceremonia "íntima" en el lugar de la inhumación que solo será para familiares con el fin de preservar su intimidad. "No habrá comunicación ni convocatoria pública", ha asegurado. El 10 de abril es un lunes, el día de cierre al público del complejo del Valle de los Caídos.
Sin embargo, lo que no podrá impedir el Ejecutivo es que los medios sigan el camino del coche fúnebre que llevará los restos desde la basílica hasta el cementerio de El Pardo, separados por 56 kilómetros y unidos por la autopista A-6, Madrid-A Coruña, una de las más transitadas de la capital. Será una imagen histórica que tendría sin duda un fuerte impacto en España pero también cobertura internacional. Además, se hará a plena luz del día y no de madrugada como se pensó en algún momento.
Tras el anuncio, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, del PP, ha asegurado que ella se dedica "a los problemas de la gente". El líder del PP, Pablo Casado, ha manifestado en otras ocasiones que no gastaría ni un euro en exhumar a Franco. "El Gobierno miente, no se atreverá a profanar una sepultura. Franco solo saldrá del Valle de los Caídos si lo decide el Supremo. En Vox esperamos que la justicia deje a los muertos en paz. En Vox hablamos de la España viva, no de las tumbas", escribió en twitter el partido de Santiago Abascal. También Podemos, en sentido contrario, se mostró crítico. "El Gobierno del PSOE anuncia por enésima vez la exhumación de Franco. No solamente es una tomadura de pelo. Es un manoseo de la memoria histórica por motivos electorales que desde luego no se merecen las víctimas de la dictadura y sus familiares", escribió en twitter Pablo Echenique, su secretario general.
Hace poco más de un mes, el Gobierno dio un plazo de 15 días a la familia para que señalara el lugar donde desea que sea inhumado, advirtiéndole de que no podía ser, como llegaron a pedir, en la catedral de La Almudena y con honores militares. El Ejecutivo siempre ha defendido que su propósito es dar "todas" las garantías a las partes, respetando los plazos administrativos y judiciales, y se ha esforzado en recordar que la exhumación fue "acordada por mayoría en el Congreso" y emprendida en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Los Franco no aceptaron ese plazo y aseguraron que solo se plantearían estudiar otra ubicación si el Supremo no acepta su recurso sobre la decisión del Gobierno en el que piden que se adopten medidas cautelares. El Ejecutivo está pendiente de la decisión del alto tribunal.
El Gobierno quiere evitar que la nueva tumba del dictador se convierta en un lugar de “exaltación” del franquismo. El informe de la Abogacía del Estado establece que la familia no puede oponerse, porque se trata de una “tumba pública” y que la autorización de la Iglesia se circunscribe a la inviolabilidad de un templo, es decir, el acceso a la basílica, algo que, en cualquier caso, no pueden negarles, afirman, al tratarse de cumplir con una resolución legal.
Un juzgado de Madrid suspendió cautelarmente el 27 de febrero la licencia urbanística para la exhumación, porque considera que levantar la losa de granito de 2.000 kilos de la tumba podía poner en peligro a los operarios. Los juzgados contenciosos administrativos “no son competentes para resolver sobre los acuerdos del Consejo de Ministros”, han recordado desde el Gobierno.
Para el Ejecutivo, el único problema real es el Supremo. Ni la Iglesia ni otros juzgados. Desde La Moncloa señalan que la exhumación no necesita ni siquiera la licencia de obras del ayuntamiento que este juez -al que han recusado- ha suspendido. Tampoco le inquieta la posición del prior del Valle de los Caídos, que insiste en que impedirá la exhumación.El Gobierno confía en que el Vaticano, la Conferencia Episcopal y el obispado de Madrid, con los que ha tenido múltiples conversaciones, harán que se permita la exhumación si el Supremo decide no poner medidas cautelares.
Todo depende pues del alto tribunal y de las elecciones del 28 de abril. De aquí al 10 de junio pueden pasar muchas cosas, sobre todo en este enrevesado asunto. pero si le dejan y sigue gobernando para entonces, el Ejecutivo sacará del Valle de los Caídos, 41 años después de recuperar la democracia, al único dictador de un gran país occidental enterrado en un descomunal panteón cuya cruz se ve desde varios kilómetros de distancia.
Fuente: El País de España