Por Ignacio Iglesidad, de Revista PPV, especial para AIM. Para gobernar Brasil, el Poder Ejecutivo debe contar con cierto apoyo de los poderes democráticos, republicanos y federales. Lo democrático, incluye el amparo de la opinión pública a través de elecciones, principalmente. Respecto a lo republicano, es preciso contar con el apoyo del Poder Legislativo y una relativa ausencia de conflictos con el Judicial. Por último, los grandes niveles de autonomía de los estados, implica mantener buena relación con los gobiernos provinciales. Durante la gestión de Bolsonaro, la disputa con los Poderes Federales y los conflictos con los gobernadores lo han sumergido en una crisis de gobernabilidad.

La Cámara de Diputados cuenta con 513 bancas distribuidas en 24 partidos políticos, donde el oficialismo es una de las principales minorías con 53 escaños, un 10 por ciento del recinto. Por otro lado, el Senado se conforma de 81 bancas y alberga a 22 fuerzas partidarias. En esta cámara, la situación es más crítica ya que el gobierno solo cuenta con dos senadores propios, mientras que la minoría más grande pertenece al MDB con 13 senadores (16 por ciento). La fragmentación del Congreso y la falta de coalición política, no impidió obtener la ley de reforma previsional, sin embargo, esta situación provocó varios reverses al gobierno: limitación al proyecto de ley sobre uso de armas, anulación de medidas para designar rectores universitarios, promulgación del plan de ayuda a estados y municipios, aprobación de un nuevo mecanismo de distribución de recursos educativos y pedidos de impeachment por parte de diferentes grupos opositores.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo acumula varios enfrentamientos con el Poder Judicial. En primer lugar, el Supremo Tribunal Federal intervino en el nombramiento del director de la Policía Federal tras las denuncias de Sergio Moro. Por otro lado, la detención de Fabrício Queiroz se enmarca en la investigación por desvíos de fondos públicos de Flávio Bolsonaro (hijo mayor del presidente) cuando éste era diputado regional en Río de Janeiro. A estos asuntos, se suma la investigación por obstrucción de la justicia y uso de redes ilegales de fake news en la campaña 2018. Por último, la medida cautelar del juez Luis Fux, determinó que las Fuerzas Armadas no pueden ser usadas como moderador entre los poderes federales. En respuesta a estos hechos, el propio presidente envió mensajes con tonos amenazantes a través de sus redes sociales y, además, participó en movilizaciones por el cierre del Congreso y la Corte Suprema.

Adicionalmente, el manejo de la pandemia agudizó la crisis de gobernabilidad del elemento federalista del gobierno. Por un lado, la negligencia a tomar una política de aislamiento y la postura negacionista sobre los efectos del coronavirus, llevaron al distanciamiento de relaciones políticas con los gobiernos estatales. En un primer momento, varios gobernadores prefirieron mantener el diálogo con el vicepresidente, ya que se mostraba más sensato ante la gravedad de la situación. En segundo lugar, el llamado al boicot de la cuarentena por parte del presidente, abrió la disputa contra los jefes de estados, particularmente con Río de Janeiro y San Pablo. Precisamente, el gobernador de este último, João Doria, se ha convertido en uno de los principales oponentes a la gestión de la pandemia propuesta por la presidencia. Otra muestra del distanciamiento, contrario a las recomendaciones de Bolsonaro, fue la iniciativa llevada adelante por los gobernadores del nordeste brasilero con la creación de un comité científico propio.

En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha comenzado negociaciones con partidos opositores en el Congreso para lograr una coalición tendiente a estabilizar la gobernabilidad. A su vez, se percibe un giro en el discurso contra la Corte de Suprema a través del llamado a la cooperación durante la crisis sanitaria. Sin embargo, las crecientes denuncias por corrupción y la falta de políticas tendientes a frenar la expansión de la pandemia, continúan agravando la situación, principalmente con los gobiernos estatales.