La Corte de Apelaciones de Nueva York escuchó hoy la apelación de la República Argentina contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 condenó al país a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF.

Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson preguntaron en profundidad a los representantes de la defensa argentina como a los abogados de Burford Capital, que impulsa la demanda millonaria contra el Estado argentino.

La audiencia sucedió en la sala 1703 del edificio de la Corte Thurgood Marshall, muy cerca del puente de Brooklyn. A las 1130 (hora del Este), inició la sesión con un lleno de casi doscientos abogados y asesores que aguardaron en silencio cuando aparecieron los tres magistrados.

En primera fila se alinearon Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, los subprocuradores de la Procuración del Tesoro, que defienden formalmente al Estado Nacional. Y muy cerca de ellos, un batallón de abogados y asesores que defienden a la Argentina frente a la demanda del estudio inglés.

Infobae fue el único medio que estaba en la audiencia que será clave para la causa que se inició tras la expropiación de YPF ordenada por Cristina Fernández de Kirchner.

La audiencia se extendió por casi dos horas, y fue una batalla legal con tono florentino. Todos los abogados se conocen entre sí, y a su turno, cada uno de ellos trataba como suma diplomacia a su adversario en la Corte de Apelaciones.

“Mi amigo, mi colega”, se decían mutuamente Roberto Giuffra -abogado de Argentina- y Paul Clement, representante del Burford. Pareciera que a Giuffra le fue mejor que a su colega Clement.

Los mercados interpretaron como negativa la audiencia para Burford Capital, el polémico bufete de abogados que compró hace una década los derechos para litigar en este caso y es el principal beneficiario del fallo de Preska.

Al menos así lo mostró el precio de su acción, que caía casi un 10 por ciento al concluir la audiencia de apelación en el histórico edificio Thurgood Marshall.

Los jueces Chin, Cabranes y Robinson exhibieron un conocimiento profundo del Caso YPF, y cada uno de ellos preguntó sobre asuntos claves del expediente: la diferencia jurídica entre el Estado Nacional y la compañía petrolera, la jurisdicción que debería tratar el litigio -Buenos Aires o New York- y el monto de 16.000 millones de dólares que estableció Preska como indemnización.

De acuerdo con el recuento realizado sobre la base de la transcripción judicial, los tres magistrados formularon al menos 23 preguntas directas a Robert Giuffra, y 22 a Paul Clement, abogado de Burford Capital, el polémico bufete de abogados que compró hace una década los derechos para litigar en este caso y es el principal beneficiario del fallo de Preska.

La intervención de Giuffra giró sobre tres ejes: el derecho público argentino, el derecho privado societario y la metodología para el cálculo de daños.

Si bien no participaron directamente, el equipo de defensa de Argentina estuvo encabezado por los subprocuradores de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN),Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.

YPF también defendió su postura y pidió no volver a la causa: Preska la dejó afuera del proceso hace dos años y Burford apeló esa decisión.

En un comunicado, la PTN dijo que “los abogados de la República Argentina presentaron los argumentos de la República con claridad, convicción y determinación. La defensa destacó la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayó la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. La exposición dejó en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado”.

“Argentina se muestra optimista en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”, agregó la Procuración.

Defensa y ataque
Defendió la posición de que “la Corte del distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina”. Adujo que “el fallo es el mayor dictado nunca contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York” y que “los reclamos de los demandantes son exclusivamente de derecho argentino”. Planteó que los estatutos de YPF y el régimen legal argentino prevén un sistema integral para las disputas relativas a expropiaciones, en particular a través de los tribunales administrativos, y señaló que “en Argentina existe un sistema de pagador único, como ocurre también en otros países de América Latina”.

Los jueces indagaron en la diferencia entre el derecho público y privado local y cómo esos mecanismos ordenan las vías de reclamo. Consultaron si Giuffra pretendía que sus argumentos sobre el derecho público y privado se dirigían a las cuestiones de fondo o a cuestiones jurisdiccionales. El abogado explicó: “No creemos que la Corte debió haber tomado el caso, pero entendemos que debe revisar de manera independiente si la jueza Preska aplicó correctamente la ley argentina, y esa es la verdadera discusión del caso”.