La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, reunió centenares de relatos de abusos contra ciudadanos.[{adj:65908 alignright}]

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, liderada por Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), ha publicado este viernes un informe en el que denuncia que en el marco del estallido social chileno “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, indica el texto de la ONU. Entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, la comisión desplegó una misión en Chile, donde visitó siete regiones del país, se entrevistó con las principales autoridades del Estado, 300 civiles y conoció los relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”.

A la vez que reconoció que el Gobierno chileno cooperó, sostuvo un “diálogo franco” y entregó “amplia información” —facilitando el “acceso rápido y sin trabas” a los lugares de detención—, la oficina de Naciones Unidas (Acnudh, por su sigla en inglés) denunció que tanto los Carabineros como el Ejército no se han adherido a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El informe indica que de las 26 investigaciones de la Fiscalía por personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones sociales en Chile, cuatro de estos casos se deberían a acciones que involucran a agentes del Estado. Romario Veloz Cortés pertenece al grupo de víctimas mortales: ciudadano ecuatoriano de 26 años, falleció en La Serena, a unos quinientos kilómetros al norte de Santiago, a raíz de disparos con munición letal por parte de personal militar, un hecho que está siendo investigado. “Busco justicia…justicia para todos los que han muerto”, indicó su madre, según el informe Discriminación social detrás del estallido chileno

Blancos

Naciones Unidas apunta a la cantidad de lesionados en el marco de las protestas, incluyendo los heridos en los ojos por el uso de perdigones. “La Acnhdh considera que el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos letales se han utilizado de manera indiscriminada”, indica la oficina. Naciones Unidas informa de que aunque el uso de perdigones se encuentra suspendido mientras se conoce su composición real —solo contenían un 20 por ciento de goma, según dos estudios académicos— “esta orden no se ha implementado completamente”.

El organismo internacional menciona el caso de Gustavo Gatica, el estudiante de 21 años que el 8 de noviembre fue herido en ambos ojos por los perdigones de los Carabineros y perdió totalmente la vista. “Las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones causadas en este contexto desde el 22 de octubre. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas”, indica la oficina liderada por Bachelet, la primera ministra de Defensa mujer que tuvo Chile, en el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).

Torturas y malos tratos

La Acnhdh dedica un espacio de su informe de 35 páginas a la “tortura y malos tratos” y señala que pudo recopilar 133 casos. A 28 de noviembre, la Fiscalía había iniciado 44 investigaciones en esta línea. En la mayoría, dice la oficina de la ONU, “los presuntos autores son miembros de Carabineros”. Enumera las formas más comunes que se habrían empleado: golpes fuertes con los puños, patadas, culatazos (golpe con la culata de un arma de fuego o con una porra, a menudo llevado a cabo por varios agentes). “La Acnhdh también recibió información sobre varios casos de personas atropelladas por vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad” y detalla relatos que denuncian “tortura psicológica como amenazas de muerte, amenazas de ‘desaparecer’ a la persona, amenazas de violación, palizas de familiares y amigos frente a la persona y amenazas de agresión contra los familiares”.

La oficina que lidera Bachelet recibió “relatos aislados” de ejecuciones simuladas por parte de los Carabineros y las fuerzas militares, como la que describió un chileno de 28 años: “El Ejército me tiró al suelo, sentí golpes con la culata de un arma en mi cabeza y columna vertebral. Cuando nos subimos al vehículo militar, nos seguían golpeando y dijeron: ‘Llevémoslos al cuartel y veamos cuánto duran con la electricidad’. Les suplicamos que nos dejaran ir. Nos sacaron en la oscuridad y pude reconocer que estábamos en la parte de atrás del cementerio. Nos ordenaron poner nuestras caras contra la pared del cementerio. Había unos doce soldados detrás de nosotros, que cargaron sus armas. Nos hicieron gritar ‘perdóname, Chile’. En ese momento, pensé que nos iban a disparar. Lloramos, nos tomamos de las manos y nos despedimos”.

Sobre violencia sexual —reportada antes por HRW—, la Acnhdh recopiló 24 casos, que incluyeron “violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales o manoseos”. Naciones Unidas incluye el relato de Carla, de 16 años: “Fue detenida por Carabineros en Viña del Mar con su padre el 5 de noviembre. Al momento de la detención, su padre alertó a Carabineros que ella tenía una discapacidad psicosocial. Ella reportó haber sido forzada a mostrar sus senos, haber sido acosada físicamente con un bastón/luma y haber sido amenazada con ser ‘desaparecida”.

Sobre la base de datos del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta que entre el 19 de octubre y el 6 de diciembre hubo 28.210 personas detenidas, de las que 1.615 permanecen en prisión preventiva. Al referirse a casos de detenciones ilegales o arbitrarias, detalla el relato de Jacinto, de 20 años: “Informó haber sido detenido por una camioneta roja a las 5 am, le colocaron una capucha sobre su cabeza y lo llevaron a un edificio donde habría sido interrogado, amenazado y torturado. Según los relatos, se le insertaron agujas debajo de las uñas y se le pidió que dijera ‘todo lo que sabía sobre las protestas”.

La Acnhdh hizo mención de la destrucción de la infraestructura pública y privada en el marco del estallido social y entrevistó a policías heridos durante las manifestaciones, que de acuerdo con el Ministerio del Interior llegan a los 2.705 efectivos. De forma adicional, realizó 21 recomendaciones al Estado chileno, entre las que incluye una serie de medidas con respecto a los Carabineros, como “establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre violaciones a los derechos humanos” y asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, “incluso garantizando la paridad de género –50% hombres y 50% mujeres– durante el proceso y la participación de pueblos indígenas”. “Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”, concluyó la oficina que lidera Bachelet desde Ginebra.

Informe a Piñera

El Gobierno chileno ha respondido este viernes en un escrito de cinco páginas al informe de Naciones Unidas y, junto a la declaración de que tomará “debida nota”, ha realizado algunas precisiones sobre afirmaciones que hace el documento que, a su juicio, "no están adecuadamente representadas o contienen información errada”.

El Ejecutivo de Piñera ha incidido en que algunas de las situaciones sobre las que se asegura que hubo violación a los derechos humanos aún están bajo investigación. Acerca de los heridos oculares, el Gobierno ha indicado que el informe no incluye las cifras oficiales que indican que, hasta el 2 de diciembre, del total de los heridos, “16 han sufrido pérdida total de la visión en un ojo, 75 tienen visión normal y 148 pacientes están en evaluación”.

La Administración chilena ha rechazado además el uso de la figura de “ejecuciones extrajudiciales” y ha señalado que el escrito del organismo internacional no prueba “las represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión por parte del Estado”, como ha indicado Acnhdh.

Fuente: El País de España