Este año, o quizás a principios de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitirá una opinión consultiva crucial sobre el cambio climático. Esta decisión, solicitada el año pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras una exitosa campaña liderada por la República de Vanuatu, podría tener repercusiones significativas para las obligaciones de los gobiernos de abordar el cambio climático en virtud del derecho internacional y podría acelerar los esfuerzos para reparar las pérdidas causadas por el cambio climático a las poblaciones vulnerables.


91 países han presentado sus alegatos ante la CIJ

Las implicaciones para los gobiernos deben ser una máxima prioridad, ya que, hasta ahora, 91 países han presentado sus alegatos ante la CIJ; la mayor cantidad jamás presentada en procesos similares ante la corte. Esto nos da una idea de lo que está en juego y hasta qué punto la decisión de la CIJ está en los ojos del mundo.

A medida que los impactos del cambio climático son cada vez más devastadores, necesitamos todas las herramientas legales posibles para garantizar que nuestros gobiernos cumplan con sus obligaciones de proteger el clima, la naturaleza y las personas.

La petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia y su próxima opinión reconocen el origen antropogénico del cambio climático. Asimismo, admite que los fenómenos meteorológicos extremos que estamos experimentando, tales como la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, las sequías y las inundaciones provocadas por el cambio climático, son causados ??por las actividades humanas. En ese sentido, las soluciones también deben venir de nosotros, de nuestros gobiernos y de nuestras empresas.


Obligación de abordar las consecuencias

La opinión consultiva también impondrá una obligación para los Estados de abordar las consecuencias de sus emisiones y el cambio climático que han provocado. Podemos decir que volvemos a un principio básico del Derecho Ambiental: el principio “quien contamina paga”.

También se espera que el fallo de la Corte Internacional de Justicia vincule mejor nuestros esfuerzos por detener el cambio climático con la protección de los derechos humanos fundamentales. En el pasado, hemos luchado para convertir el cambio climático en un tema de derechos humanos. Es así que, a principios de este año, se dio un gran paso adelante. En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las políticas climáticas del gobierno suizo violaban los derechos humanos de los demandantes. Una opinión consultiva firme por parte de la CIJ ayudaría a enfatizar aún más la amenaza que plantea un clima desequilibrado para nuestros derechos fundamentales.

Eso me lleva a señalar que la opinión consultiva de la CIJ promete potenciar el papel de los tribunales de todo el mundo en cuanto a la adopción de medidas urgentes sobre el cambio climático. El número de casos judiciales relacionados con el cambio climático se duplicó entre 2017 y 2023, según la Universidad de Columbia y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Han obligado a los gobiernos a revisar sus objetivos climáticos, han cuestionado el desarrollo de combustibles fósiles y han ordenado a las grandes compañías petroleras que reduzcan sus emisiones de carbono. Estos casos se están extendiendo desde América del Norte y Europa hacia otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Suprema falló a favor de proteger la Amazonía de la deforestación y, en el Perú, un agricultor busca responsabilizar al gigante energético alemán RWE por el cambio climático.


Aclarar las obligaciones de los gobiernos

En efecto, los gobiernos tienen la responsabilidad y la obligación de proteger el ambiente natural. En los últimos 40 años, se han firmado numerosos acuerdos internacionales con ese fin: el Acuerdo de París, el Protocolo de Montreal, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Tratado Global de los Océanos... y la lista continúa. Pueden adoptar diferentes estructuras de gobernanza y pueden ser legalmente vinculantes o no, pero es cierto que todos imponen obligaciones a los gobiernos y, en la mayoría de los casos, no están en vías de cumplirlas. Al aclarar las obligaciones de los gobiernos de proteger el sistema climático, la opinión consultiva de la CIJ podría fortalecer la aplicación de los acuerdos internacionales sobre el clima.

Esta opinión consultiva también aclarará la responsabilidad de los Estados de abordar las consecuencias de la falta de acción, específicamente en lo que respecta a los pequeños estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar, así como los países más pobres, que son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Corte que considerara la responsabilidad de los Estados para con las generaciones futuras. Esto significaría la posibilidad de que se destinen mayores recursos para la adaptación y la resiliencia, así como para indemnizar a las poblaciones vulnerables por las pérdidas y daños.


Clima y biodiversidad

Por último, también esperamos que esta opinión consultiva, cuando se dé, enfatice los deberes legales de los gobiernos de proteger y restaurar la naturaleza como parte de sus obligaciones climáticas. Los vínculos entre el clima y la biodiversidad son claros: la biodiversidad es clave para detener el cambio climático, pero también se ve amenazada por el calentamiento global. Esto constituye la base de la propuesta de WWF a la CIJ, la cual pretende ayudar a orientar a los países en la presentación de sus compromisos ante la Corte. El hecho de que la Corte aborde el clima y la naturaleza en conjunto sentaría un precedente fundamental para las decisiones de los tribunales regionales y nacionales.


Por (*) Manuel Pulgar Vidal (WWF)

Manuel Pulgar-Vidal es el Líder Global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Internacional y es presidente de la Comisión de Crisis Climática de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN. Tiene más de 35 años de experiencia en derecho y política ambiental. Fue Ministro del Ambiente de Perú (2011 a 2016) y Presidente de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20 en 2014.

Fuente: Agencia EFE