La Justicia alemana decidió este lunes mantener en prisión al dirigente catalán Carles Puigdemont a la espera de su posible extradición a España para enfrentar cargos de rebelión, en el mismo día en que desde Barcelona el bloque independentista impulsó un nuevo proyecto para volver a nombrarlo presidente de Cataluña y tras una noche de protestas en Cataluña que dejó medio centenar de heridos.

Puigdemont fue detenido ayer en Alemania cuando regresaba de Dinamarca a Bélgica, el país al cual huyó hace cinco meses luego de que la Justicia española lo acusara de sedición y rebelión, delitos por los que podría recibir hasta 30 años de cárcel, tras una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.

Un tribunal de primera instancia de la ciudad alemana de Neumünster, ante el cual compareció este lunes Puigdemont, rechazó una solicitud de su defensa para que fuera liberado mientras su posible extradición es resuelta por las autoridades alemanas, que lo detuvieron en cumplimiento de una orden de detención europea emitida por España.

"El tribunal ha dispuesto que el señor Puigdemont continúe en custodia policial" mientras se decide su extradición, algo que podría llevar hasta dos meses, declaró Georg Güntge, fiscal general de la región de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, donde queda Neumünster.

La larga crisis abierta por el plan soberanista en Cataluña vivió así otra jornada intensa en dos frentes, Neumünster y Barcelona, donde el soberanismo cerró filas en torno al expresidente convocando para el miércoles un pleno parlamentario de urgencia que, en otra vuelta de tuerca, busca colocar de nuevo al exdirigente en el centro del poder.

La posibilidad de volver a investir a Puigdemont al frente del gobierno catalán, que se vislumbra imposible desde el punto de vista legal mientras se encuentre en prisión o fuera de España, no frenó sin embargo las formaciones independentistas, quienes avanzaron en esa dirección al convocar el pleno urgente.

La cámara debatirá ese día dos resoluciones que piden "adoptar todas las medidas necesarias" para garantizar "los derechos políticos" de Puigdemont, incluida su posible investidura. Lo mismo reclaman para Jordi Turull, otro candidato del independentismo a presidir Cataluña que se encuentra en prisión preventiva en Madrid.

"Con los elementos que tenemos, hay que ver cómo hacemos a Puigdemont presidente, no simbólico, sino presidente de verdad", señaló Elsa Artadi, portavoz de la plataforma Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont, antes de que se convocara el pleno.

Las resoluciones reclaman también "la puesta en libertad inmediata" de los nueve líderes independentistas que están prisión preventiva en Madrid. Entre ellos figura el "número dos" de Puigdemont en las elecciones del 21 de diciembre, Jordi Sánchez, que hoy anunció su intención de ser investido presidente tras un primer intento fallido.

La convocatoria del miércoles y la vuelta a primer plano de tres candidatos que están procesados o detenidos indignaron a los anti independentistas.

El partido liberal Ciudadanos, el más votado en las elecciones catalanas, reclamó la renuncia del presidente del Parlamento en Barcelona, Roger Torrent, al considerar que usa la Cámara de forma "arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas y faltando a la neutralidad institucional que le es debida".

La tensión volvió a escalar en Cataluña después de que Puigdemont fuese detenido ayer tras ingresar en coche a Alemania desde Dinamarca, lo que generó ya durante la noche multitudinarias protestas en Barcelona que acabaron con un centenar de heridos y nueve detenidos tras altercados con la policía.

Siguiendo el proceso establecido por la orden europea de detención presentada por el Supremo español el viernes pasado contra 13 líderes separatistas, Puigdemont declaró ante una jueza alemana en una comparecencia que se prolongó durante tres horas y media, informó la agencia de noticias alemana DPA.

A la espera de que se resuelva su entrega a España, un paso que podría demorarse entre 10 y 60 días, el expresidente catalán permanecerá en la cárcel de Neumünster, donde ya pasó su primera noche entre rejas.

"Ahora nos encontramos en el proceso de extradición", agregó el fiscal jefe Güntge, quien aclaró que esto no significa que ya haya sido tomada una decisión sobre la entrega del político soberanista a las autoridades españolas, sino que tan solo es inicio del proceso.

"El Tribunal Superior Regional de Schleswig es ahora el que tiene que decidir. Le remitiremos de inmediato el expediente", manifestó.

A la espera de noticias judiciales, llegaron las primeras políticas tanto en Madrid como en Berlín, dos gobiernos que mantienen una buena sintonía.

"Creo que a los demócratas que confiamos en el Estado de derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia", dijo la "número dos" de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sede del gobierno español.

El Ejecutivo de Angela Merkel, entre tanto, tomó distancia de la decisiones judiciales y de asuntos internos de España, pero volvió a dejar en claro su apoyo a Madrid.

Al emitir la orden de arresto contra Puigdemont, Turull y otros 11 líderes separatistas, el juez español Pablo Llarena acusó al expresidente catalán de haber organizado el referéndum independentista regional del 1 de octubre pasado pese a que había sido prohibido por la Justicia española y a los riesgos de hechos de violencia.

La consulta, en la que la policía reprimió duramente a votantes, se siguió de una declaración de independencia del Parlamento catalán, el 27 de octubre.

Puigdemont había estado de visita en Finlandia desde el jueves pasado, pero abandonó el país antes de que la policía finlandesa pudiera atraparlo.