El Grupo de Lima descartó el “uso de la fuerza” para sacar del poder a Nicolás Maduro y se comprometieron a presionar a través de la vía diplomática, al mismo tiempo que Estados Unidos anunció más sanciones contra funcionarios chavistas por haber frenado el ingreso de la ayuda humanitaria.

En su declaración final tras una reunión en Bogotá, el bloque, reiteró “su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

De acuerdo con el vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, lo que buscan es el “retorno de la democracia en Venezuela por medio de medidas diplomáticas, sin recurrir al uso de la fuerza”.

“Quedó demostrado con los hechos del día sábado” “que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos, los cuales causan un daño enorme a la familia venezolana y eso es precisamente lo que queremos evitar”.

Más temprano, Brasil, miembro del bloque, ya había descartado el recurso armado. “Para nosotros la opción militar nunca fue una opción”, dijo el vicepresidente Hamilton Mourao.

“Mantendremos la línea de no intervención, creyendo en la presión diplomática y económica internacional para perseguir una solución pacífica. No hay aventuras.

Condenamos el régimen de Nicolás maduro y estamos indignados por la violencia contra la población venezolana”, escribió en redes sociales.

En la víspera, Guaidó había pedido a sus aliados en el extranjero mantener “todas las cartas sobre la mesa”, una posición que fue reiterada ayer por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, invitado a la cita en Bogotá.

Al término de la declaración, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo denunció “serias y creíbles amenazas” contra el líder opositor Juan Guaidó y responsabilizó al gobierno “usurpador” de Maduro de lo que le pueda ocurrirle. “Cualquier acción violenta contra Guaidó, su señora o familiares obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos”, afirmó Holmes al término de una reunión en Bogotá. Guadió afirmó que volverá a Venezuela en días.

Del encuentro de ayer participaron 10 de los 14 miembros del grupo: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, que resolvieron incorporar a Guaidó, presente en la cita. Pence, por su parte, reiteró el apoyo del presidente Donald Trump al líder opositor venezolano.

Mientras tanto, Estados Unidos sancionó a cuatro gobernadores de estados de Venezuela. “Las medidas del Departamento del Tesoro están dirigidas a cuatro gobernadores alineados con el expresidente Maduro, por bloquear la extremadamente necesaria ayuda humanitaria y prolongar así el sufrimiento de los venezolanos”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en un comunicado.

Las “acciones de Maduro no quedarán impunes”, afirmó en Twitter el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, destacando el “liderazgo decisivo” de Guaidó.

Los gobernadores sancionados son Omar José Prieto Fernández, del petrolero estado Zulia, fronterizo con Colombia; y Jorge Luis García Carneiro, del estado Vargas, adyacente a Caracas, donde está el principal aeropuerto del país.

También fueron afectados Rafael Lacava, del estado Carabobo, donde se ubica Puerto Cabello, el mayor puerto de Venezuela; y Ramón Carrizalez, del estado Apure, fronterizo con Colombia y señalado de gran actividad de bandas narcotraficantes.

“Estados Unidos no va a quedarse de brazos cruzados mientras al pueblo de Venezuela se le niegan necesidades básicas y se le hace sufrir innecesariamente. Estas acciones tienen consecuencias”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Políticamente dividida, Venezuela, declarada en default parcial en 2017 por varias agencias calificadoras, está sumida en una crisis económica sin precedentes, marcada por la hiperinflación y una severa escasez de productos básicos.

Guaidó dice que 300.000 personas “estarían condenadas a muerte” si la asistencia no ingresa, pero Maduro niega que haya una “emergencia humanitaria”, alegando que es una excusa para una invasión estadounidense.

Las medidas del Tesoro implican el congelamiento de todos los activos eventuales de los sancionados y sus entidades en Estados Unidos, y prohíben a personas y empresas estadounidenses hacer transacciones con ellos. Desde 2015, Estados Unidos sentenció a decenas de funcionarios y ex funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y su esposa Cilia Flores, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acusándolos de violaciones a los derechos humanos, actos para socavar la democracia, así como corrupción y narcotráfico.