Si bien la operación fue hace unos años, el dato surgió en el procesamiento a familiares de Leonardo Popea, que regenteaba una cocina de cocaína que abastecía de la droga a puntos de venta ubicados en seis ciudades del sur santafesino.

"El viejo Popea tiene un hijo que trabaja en una joyería y ahí blanquean dinero". Cuando ese enunciado anónimo llegó a un buzón de una fiscalía federal de Rosario el aludido ya estaba bajo investigación. Se trata de un próspero vecino de Funes que el año pasado fue condenado a ocho años de prisión por organizar una red que, a partir de un laboratorio para la elaboración propia, abastecía de cocaína a puntos de venta ubicados en seis ciudades del sur provincial: Rosario, Granadero Baigorria, Roldán, Correa, Coronda y Cañada de Gómez.

Lo que viene ahora, el segundo tramo de la pesquisa, es el modo en que el dinero proveniente de esa actividad ilícita ingresó al circuito lícito. Al examinar todo un complejo de maniobras Leonardo Popea, que al ser detenido en 2013 vivía en una magnífica vivienda a su nombre frente a Funes Hills, quedó ahora procesado por lavado de activos. La misma suerte corrieron sus dos hijos quienes aparecen como los testaferros para el blanqueo. La mujer del principal acusado también fue procesada por el mismo delito.

En la causa judicial que examina los movimientos para transformar plata negra en activos lícitos se destaca un elemento alucinante. No es que el hijo trabajara en un negocio de alhajas. Según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) la familia compró una joyería en pleno centro de Rosario: La Casa de las Alianzas, de San Luis y Maipú, que según el escrito judicial fue adquirida por Alejandro Popea en diciembre de 2010.

La Procelac destaca que este tipo de negocios, en manos de personas implicadas en narcotráfico, suponen un perfil "de elevado riesgo en cuestiones de lavado de activos". El dictamen destaca que el señalado titular de la joyería, que no había desempeñado una actividad laboral previa, se inscribió ante la Afip como monotributista en el mismo momento en que incursionó en la compra de ese negocio. Hasta entonces no había presentado declaraciones juradas ante el organismo recaudador. Y sin registro de actividad previa resultaba ser dueño del negocio a la edad de 25 años.

Cinco meses después aparecía como dueño de dos inmuebles en el centro de Rosario "de los cuales se desconoce el origen de los fondos con los que fueron adquiridos". Esto era motivo de sospecha automática cuando se trataba del hijo de un hombre detenido y condenado por narcotráfico.

Operaciones
Una investigación de tres años en la que participaron organismos nacionales especializados en lavado junto a la fiscalía federal 3 de Rosario expuso cómo los integrantes de la familia Popea realizaron operaciones financieras, de compra de inmuebles y de vehículos sin tener perfil económico suficiente como para que dichas inversiones sean consideradas lícitas. Vale decir que no pudieron haber generado en las actividades que declaran los fondos que usaron para hacer depósitos bancarios, librar cheques o adquirir casas o autos que en ocasiones fueron transfiriendo.

El juez federal Carlos Vera Barros destaca el significativo crecimiento económico del grupo familiar de Popea entre 2008 y 2010, la falta de acreditación sobre el origen de los bienes acopiados y la escasa distancia temporal entre este enriquecimiento y la probada actividad de narcotráfico que le valió a Popea padre la condena.

Por eso procesó a cuatro miembros de la familia por lavado de activos, los que se notificaron de la resolución el jueves pasado.

Los bienes que inventarió la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac son cuantiosos. No sólo están bajo la lupa los que les fueron decomisados. También se investiga un lote millonario de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires que, según estos órganos, podrían pertenecer a la familia Popea.

 

Testaferros
Leonardo Popea, de 62 años, fue detenido en 2013 tras treinta operativos que pusieron al descubierto, entre otras cosas, una cocina de cocaína en Ugarte al 700, en barrio La Florida. Así se secuestraron 29 kilos de cocaína, 100 kilos de elementos diversos para estirar la sustancia y 57 litros de precursores químicos como acetona, cafeína y ácido sulfúrico.

Pero en este tramo de la causa la fiscalía federal 3 se ocupó de analizar el derrotero de los ingresos provenientes de esta actividad. A Popea le imputaron haber administrado y disimulado un acervo de cuantiosas propiedades usando a su mujer y a sus dos hijos como testaferros. El propósito fue poner en circulación en el mercado legal y en el sistema financiero formal fondos de origen provenientes del narcotráfico.

La resolución de Vera Barros destaca que Alejandro Popea, uno de los hijos, tenía un alta de monotributo autónomo desde 2010, que no fue informado como empleado ni registra aportes jubilatorios en relación de dependencia. No obstante la Procelac le abrió un informe al haber recibido un reporte del HSBC Bank Argentina en el cual lo señalan por haber recibido entre 2011 y 2013 acreditaciones por 3.855.383 pesos (755 mil dólares al valor oficial de la divisa en esa fecha) sin haber presentado documentación de respaldo.

Cuando se le requirió información y documentación que respaldara la operatoria verificada en su cuenta a efectos de establecer su perfil transaccional, Alejandro Popea la cerró. Antes había asegurado desempeñarse como comerciante en una joyería de San Luis y Maipú y que sus ingresos mensuales eran unos seis mil pesos por mes. Lo que torna por completo inconsistente el movimiento bancario registrado con su situación fiscal declarada.

Las partidas acreditadas entre enero de 2011 y marzo de 2013 promediaron 148.283 pesos mensuales a cuando los fondos a depositar iban a ser de seis mil.

Otro detalle que se reporta de Alejandro Popea es que en abril de 2011 adquirió a título personal dos propiedades en Maipú 959 por las que abonó 131 mil y 96 mil pesos respectivamente. Menos de un año después, el 29 de febrero de 2011, le vendió la primera de ellas a un matrimonio por 553.720 pesos. La Procelac resalta que en sólo diez meses el departamento fue vendido en más de cuatro veces su valor de adquisición, "una maniobra típica de lavado de activos".

Del relevamiento judicial, destaca Vera Barros en el fallo, se advierte a simple vista que Alejandro Popea y su núcleo familiar más cercano lograron capitalizarse en gran medida durante los años anteriores y siguientes en que tuvieron lugar los movimientos bancarios reportados.

Esto evidencia que Alejandro Popea, dice el fallo, no podría haber generado los fondos que usó para las adquisiciones descriptas, el fondo de comercio de la joyería y los inmuebles, "por lo que los mismos provendrían de otras personas, entre los que podría encontrarse su grupo familiar".

El juez destaca en base a lo aportado por la fiscalía que Pablo Popea, el otro hijo de Leonardo, registró como titular un inmueble en Rosario adquirido en 48 mil dólares el 11 de septiembre de 2008, "cuando tenía 21 años y no había realizado actividad alguna hasta entonces". Asimismo registró ser titular de dos autos.

"Se notan operaciones de compraventa por parte de todo el grupo familiar de Popea por fuera del circuito de la economía formal sin registrar actividades que sustenten tales operaciones, lo que hace necesario ampliar el círculo de sujetos investigados a los participantes del delito precedente", dice la resolución.

¿Encadenados?
Al procesar a los miembros de la familia por lavado de dinero, el juez destacó varios elementos encadenados. Uno es la incompatibilidad de sus perfiles económicos con el volumen de los bienes por ellos registrados. Luego la falta de acreditación de los fondos con los que esos bienes habrían sido comprados. En tercer lugar el crecimiento económico temporalmente coincidente con los tiempos del delito previo, el narcotráfico que Popea admitió como actividad en un juicio abreviado. Por último el juez destaca a la vida en común de los miembros de la familia y la ausencia de actividad económica del padre, un indicio de la necesidad de usar testaferros para ingresar el dinero al mercado legal.

Con esa evidencia el juez procesó a Leonardo Popea por el delito de autolavado. A sus dos hijos y a su esposa, Fátima Aluy, los consideró incurrir en el rol de testaferros. A los dos hijos el juez no les impuso prisión preventiva. Sí les fijó una fianza de 100 mil pesos a cada uno y les prohibió la salida del país.

Elonce.com desde La Capital