La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 o 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
Fuente: La Arena