Es un hecho inédito —no contemplado por la Constitución— que nuestro Gobierno firme con una multinacional extranjera un contrato de inversión en nombre del Estado, sin control ni intervención del Poder Legislativo.

Como si fuera poco, el documento "ROU-UPM" fue negociado y firmado en secreto entre la empresa finlandesa y el Poder Ejecutivo, previendo la instalación de una tercera planta productora de celulosa en el país (UPM-2), y estableciendo condiciones que consideramos claramente desventajosas para Uruguay.

En tiempo récord fue aprobado por la Dinama el informe de Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) en el cual el particular propone el sitio donde construir las instalaciones. Será a cinco kilómetros de Pueblo Centenario (Durazno) entre las represas de Baygorria y Rincón del Bonete; muy próximo a Paso de los Toros.

Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es el vinculado al uso del agua. Consumirá 125 mil m3 de agua por día y verterá al río Negro unos 110 mil m3 de efluentes diarios —o sea buena parte del agua tomada del río pero con cambios físicos y químicos desfavorables.

 

Se trata de un volumen de agua inmenso que afectará la dinámica del río, pues UPM-2 producirá casi el doble de celulosa que UMP-1 (Fray Bentos), pero el río Negro —que recibirá los efluentes de la planta proyectada— tiene un caudal medio diez veces inferior al río Uruguay —cuerpo receptor de las aguas tratadas de UMP-1.

Hasta aquí lo que está por venir.

Pero no podemos olvidarnos de la situación de partida del río Negro. Este gran curso de agua de nuestro país se encuentra en una situación ambiental complicada. Sobre sus orillas hay tres represas hidroeléctricas, lo que implica embalses y un manejo artificial de sus flujos.

Desde hace más de una década las autoridades competentes reconocen la preocupante contaminación que se constata en casi toda su extensión, especialmente debido a la presencia de fósforo y de cianobacterias en sus aguas.

Lo decepcionante es que ha transcurrido el tiempo y esas mismas autoridades en todo ese tiempo no han encarado una estrategia real y concreta para revertir esa situación, eludiendo sus responsabilidades institucionales. Todo sigue igual.

De concretarse la construcción de UPM-2, sus voluminosos vertidos agudizarán su situación eutrófica, algo que parece no preocupar a la cartera del ambiente ni al gobierno —efusivamente propenso a concretar la obra "cueste lo que cueste".

Desde luego los efluentes de la planta contendrán valores permitidos de fósforo y otros contaminantes, pero ese dato no se debe considerar por separado de la realidad del río. Lo que importa al interés nacional es la salud y homeostasis de la cuenca, pues de ella depende la calidad de vida de numerosas poblaciones, de la producción y de los ecosistemas involucrados.

Pero hay más malas noticias. En el último documento presentado por la empresa vinculado a la localización del emprendimiento, habla de la posibilidad de sustituir parcial o completamente la toma de agua superficial por la subterránea. Es un cambio cualitativo que merece muchísima atención por la elevada fragilidad que tienen los acuíferos a la intervención humana. Un asunto a seguir muy de cerca.

Por Hernán Sorhuet Gelós

Publicado en Montevideo