Investigadores de distintas universidades y dependencias del Conicet del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
“De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45 por ciento del cobre, el 15 por ciento del hierro, el 20 por ciento del oro, el 51 por ciento de la plata, el 19 por ciento de la bauxita, el 21 por ciento del zinc, el 10 por ciento del níquel, el 14 por ciento del plomo, el 19 por ciento del estaño y el 29 por ciento del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4 por ciento de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 por ciento del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del Conicet del país, que participaron de la elaboración y difusión de un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.
“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36 por ciento de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.
Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.
El documento elaborado por los científicos y científicas del Conicet se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.
Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del Indec plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95 por ciento del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1 por ciento del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.
“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos megaproyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.
“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y ácido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (Ifibyne-Uba/Conicet) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional, sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprivatización de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1 por ciento de lo que se llevan en material”, puntualiza.
Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.
“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y cumplía con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.
“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.
Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plebiscito, la sanción de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en minería, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.
“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
Fuente: TSS - Biodiversidad LA