Vence este lunes la conciliación obligatoria que fijo la secretaria de Trabajo para el transporte público de pasajeros el 22 de julio, cuando el organismo dispuso la apertura del proceso preventivo de crisis que plantearon las dos empresas que prestan el servicio en Paraná, Ersa Urbano y Mariano Moreno. El sindicato exige la cancelación del medio aguinaldo y el salario de julio, pero si no se cumple, irá al paro desde mañana.

Como en ese ámbito no hubo acuerdo y cada una de las partes -Buses Paraná, prestataria del servicio de pasajeros; la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y la municipalidad de Paraná-, quedará ahora en libertad de acción, la certeza más próxima es que el conflicto se instalará en el transporte público y otra vez la zozobra se alzará sobre el universo de 110 mil pasajeros que a diario viajan en colectivo.

El sindicato de los choferes exige la cancelación del medio aguinaldo (las empresas sólo pagaron el 19 por ciento) y el sueldo de julio, condición sine qua non para no ir al paro. De no efectivarse los pagos, desde este martes no habrá colectivos en Paraná.

Las empresas ya consiguieron que la Municipalidad les autorice un aumento por decreto del boleto de colectivo, que pasará de 22,80 a 29 pesos, y no a $40 como había reclamado Buses Paraná. Pero el impacto en las tarifas no ocurrirá sino hasta dentro de 15 días.

La “conciliación obligatoria” que se inició el 22 de julio y que concluye este lunes 5 de agosto obliga a las partes a negociar en el ámbito de la Secretaría de Trabajo sobre la base de un duro plan de recorte que propusieron las empresas que conforman Buses Paraná, que desde hace un año tienen la concesión del servicio de colectivo en la capital provincial. El planteo de Buses Paraná es achicar salarios, recortar frecuencias, aplicar suspensiones rotativas de personal y retirar unidades del servicio, un planteo que los choferes rechazan de plano. Esa tregua permitió la continuidad del servicio.

Entre el jueves 11 y el martes 16, los choferes agremiados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevaron adelante un paro de actividades que dejó sin servicio a 110 mil paranaenses que cada día se transportan en colectivos, y le produjo a las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno una pérdida de 1.000.000 de pesos diario. El conflicto se encorsetó tras la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dictó una conciliación por un plazo de 10 días hábiles mientras las partes procuran llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo no se alcanza, el conflicto reaparecerá: los choferes apenas cobraron el 19 por ciento del aguinaldo y las empresas dicen no contar con los fondos para pagarlo. Y menos aún para sostener el servicio, que ya está en violación del contrato de concesión: Buses Paraná, la concesionaria, eliminó el servicio nocturno en forma unilateral.

El aumento de la tarifa respondió a una parte del planteo de las empresas –que en el último año han soportado una brusca pérdida de pasajeros– no resuelve la crisis financiera de las empresas, y por eso los intendentes de la zona metropolitana -Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito- elevaron sendos planteos de asistencia financiera a la Provincia y a la Nación.

Pero esos dos asuntos -la puesta en vigencia de la nueva tarifa y el pedido de asistencia a la Nación y a la Provincia- llevarán su tiempo, y en el ínterin está el reclamo de pronto pago de las deudas salariales por parte de los choferes. Sin respuesta de los empresarios, los trabajadores irán al paro desde este martes.