El Gobierno nacional quedó envuelto en nuevas críticas tras la firma de un acuerdo entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos, que habilita cooperación tecnológica, entrenamiento y asistencia en tareas de vigilancia sobre el Mar Argentino. Referentes políticos y especialistas advirtieron que la iniciativa implica una “cesión de soberanía” y consolida el alineamiento automático de la gestión de Javier Milei con la administración de Donald Trump.
El convenio, firmado entre el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, y el comandante de la Cuarta Flota, Carlos Sardiello, contempla la transferencia de tecnología, provisión de equipamiento y apoyo operativo frente a las denominadas “amenazas marítimas” en el Atlántico Sur. La información fue difundida por la Embajada de Estados Unidos, mientras que el Gobierno argentino evitó brindar detalles oficiales sobre el alcance del acuerdo.
La iniciativa forma parte del denominado Programa de Protección de Bienes Comunes Globales, impulsado por Washington, que tendrá una duración de cinco años y se enmarca en la estrategia geopolítica estadounidense para reforzar su presencia en América Latina y limitar la influencia de China en la región.
Las críticas apuntaron especialmente a la definición del Mar Argentino como un “bien común global”, concepto que distintos sectores interpretaron como una relativización de la soberanía nacional sobre recursos estratégicos y áreas marítimas clave.
El exministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que el acuerdo representa “una muestra más de la política exterior de alineamiento automático y subordinado con Estados Unidos impulsada por el Gobierno de Milei”, y advirtió que la lógica de los “bienes comunes globales” podría extenderse sobre la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva argentina.
En la misma línea, el exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó que un eventual acuerdo para patrullar el Mar Argentino debería pasar obligatoriamente por el Congreso Nacional y vinculó la iniciativa con la coalición militar “Escudo para las Américas”, impulsada por Trump bajo el argumento del combate al narcotráfico.
También la exministra de Seguridad Sabina Frederic expresó preocupación por la injerencia estadounidense en tareas de vigilancia dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina y advirtió sobre posibles conflictos de competencias entre la Armada y la Prefectura Naval.
Desde sectores vinculados a excombatientes de Malvinas, las críticas fueron aún más duras. Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, afirmó que el Gobierno “implementa un ajuste brutal sobre las Fuerzas Armadas” mientras avanza en “un plan sistemático de entrega”.
El acuerdo también contempla la provisión de aeronaves Beechcraft King Air 360ER y equipamiento especializado para vigilancia marítima. Según trascendió, uno de los aviones llegaría al país antes de fin de año y el segundo durante 2027.