El policía bonaerense también sufrió la pena de 5 años de inhabilitación. La condena es por considerarlo autor del delito de homicidio agravado -de Pablo Kukoc- por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber
El Tribunal Oral de Menores número 2 condenó este viernes a Luis Oscar Chocobar a la pena de 2 años de prisión en suspenso y de 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El policía mató a Pablo Kukoc, el joven de 18 años que robó y atacó a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca, en diciembre de 2017.
En tanto, para el abogado de la familia de Kukoc, Pablo Rovatti, “lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo, que eso está prohibido y es delictivo. La condena impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado. Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad”, expresó.
Además, el letrado consideró que ningún “policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado, nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario. Todo policía sabe bien esto y aclarar que la enorme mayoría de las y los policías respeta la ley en el cumplimiento cotidiano de sus tareas. En este caso no se juzgó a la policía, sino a un funcionario concreto que abusó de su función y privó arbitrariamente de la vida a una persona. No hay que confundir las cosas”.
De todos modos, Rovatti no se mostró del todo conforme con el fallo y consideró la condena como “demasiado leve para la enorme gravedad de la conducta que se probó en el juicio”, al tiempo que anunció que su estudio va a “recurrir en Casación por la cuestión de calificación jurídica y la pena que corresponde imponerle. Pero un hay primer paso dado, Chocobar es culpable y fue condenado”, concluyó.
El caso
La mañana del 8 de diciembre de 2017, Frank Wolek, un turista estadounidense paseaba sacando fotos por La Boca, cerca de la zona de Caminito. De repente, Pablo Kukoc, de 18 años y un cómplice, que tenía un año menos, lo atacaron para sacarle su cámara. Forcejearon con él y le dieron diez puñaladas. Los dos jóvenes salieron corriendo. El más chico logró escaparse, mientras que Kukoc fue interceptado a tres cuadras por otros dos hombres que le cruzaron una moto. Ellos, junto a un tercero que apareció caminando, le pegaron en la cara a Kukoc y le sacaron la cámara para devolvérsela al turista. En ese momento, el policía Luis Chocobar apareció en escena disparando. Estaba de civil en la zona y cuando vio lo que le había sucedido a Wolek, corrió detrás de Kukoc, quien huía del lugar. Al llegar a la esquina de Irala y Suárez, el oficial le disparó al menos siete veces, dos de ellas fueron las que impactaron en Kukoc, una en el muslo izquierdo y otra, la que le provocó la muerte, en la parte baja de la espalda.
Tanto el ex presidente Mauricio Macri como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendieron de manera pública el accionar de Chocobar. De hecho, la exfuncionaria firmó una resolución que autorizaba a los miembros de las fuerzas de seguridad a disparar contra quien "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves". Así entró en vigencia el "Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad", que cambió de manera drástica los criterios de precaución que hasta ese momento debían tener los miembros de las fuerzas de seguridad antes de disparar con sus armas. A esta modificación, se la denominó “Doctrina Chocobar”.
El policía Luis Chocobar recibido por el ex presidente Mauricio Macri en Casa Rosada.
En sus alegatos, la fiscal del juicio, Susana Pernas, sostuvo que Chocobar era autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber” y pidió tres años de prisión en suspenso. La querella, en cambio, solicitó una pena de prisión perpetua y el delito que le imputó fue el de “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”. Por otro lado, la fiscal había pedido 18 años de prisión para el menor acusado. El juicio llegó a su fin luego de ocho meses con varias interrupciones por la pandemia. Antes de eso, la defensa del policía hizo planteos para que se hiciera un juicio por jurados, algo que en la Ciudad no está permitido.