La nueva licitación de la Hidrovía volvió a quedar bajo sospecha luego de que se presentara una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno nacional, empresarios y compañías vinculadas al dragado del Paraná por presuntas maniobras de direccionamiento y fraude contra el Estado.

La presentación judicial, impulsada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, apunta contra asesores y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, entre ellos Santiago Caputo y Luis Caputo, además de empresarios y firmas ligadas al negocio del dragado.

Según la denuncia, el pliego de la futura concesión habría sido confeccionado “a medida” para favorecer a la empresa belga Jan De Nul, actual operadora de la vía navegable, mediante requisitos técnicos que dejarían afuera a otros competidores.

Uno de los puntos más cuestionados es la exigencia de alcanzar de manera inmediata un calado de 44 pies, condición que, según los denunciantes, solo podría cumplir la compañía que ya opera en el río y cuenta con la infraestructura instalada. “Es una licitación con un solo corredor”, advierte el escrito presentado en Comodoro Py.

La denuncia también pone el foco en el negocio detrás del cobro del peaje de la Hidrovía. De acuerdo a la presentación judicial, el Gobierno buscaría volver a transferir al concesionario privado el manejo directo de una recaudación estimada en 500 millones de dólares anuales, desplazando a la Administración General de Puertos y debilitando los mecanismos de control estatal.

“Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, sostiene el documento judicial, que además acusa al oficialismo de impulsar una “privatización diseñada para transferir una renta extraordinaria a un grupo de amigos”.

En otro tramo, la presentación asegura que existieron reuniones reservadas en oficinas de Puerto Madero entre asesores cercanos al oficialismo y representantes técnicos de la empresa beneficiada para “pulir” las condiciones de la licitación. También denuncia una supuesta “purga silenciosa” dentro de áreas técnicas de Puertos y Vías Navegables para desplazar funcionarios que cuestionaban los costos del esquema propuesto.

La causa solicita investigar posibles delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de fondos públicos. Además, reclama frenar de manera cautelar el proceso licitatorio hasta que se revisen los pliegos y se garantice transparencia.

El conflicto por la Hidrovía vuelve así a colocar al Gobierno en el centro de cuestionamientos por el manejo de uno de los principales corredores estratégicos para las exportaciones argentinas, en medio de denuncias por concentración de negocios, pérdida de control estatal y presuntos beneficios para empresas vinculadas al poder.