El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado modificó la integración del Comité Jurisdiccional de Acreditación del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), el órgano encargado de evaluar los ascensos de tramo escalafonario dentro de la administración nacional. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 71/2025, firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Narciso Fariña.

Según se informó, la resolución deja sin efecto las designaciones anteriores y establece una nueva composición del comité, con el objetivo de actualizar su funcionamiento tras los recientes movimientos de personal y reestructuraciones ministeriales.

Motivos y alcance de la decisión

La secretaría explicó que los cambios en la estructura de los ministerios y las bajas registradas en distintos organismos hicieron necesaria una readecuación del comité constituido en 2024.

El artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sinep—homologado por el Decreto 2098/2008— establece que la promoción a un tramo superior exige acreditar capacitación, experiencia y competencias laborales, evaluadas por un comité especializado.

En ese marco, el Comité de Acreditación actúa como instancia técnica de valoración en los procesos de carrera administrativa del Estado. Está integrado por tres expertos: uno designado por la jurisdicción del postulante, otro por la Secretaría de Transformación del Estado y un tercero de reconocida trayectoria profesional.

Actualización normativa y continuidad institucional

La resolución cita como antecedentes las Resoluciones 321/2012 y 163/2014 de la ex Secretaría de Gabinete, que regulan el régimen de valoración para ascensos dentro del SINEP. La Dirección de Gestión y Desarrollo de Carrera del Personal de la Oficina Nacional de Empleo Público fue la encargada de proponer la nueva integración, que quedó formalizada en el Anexo IF-2025-94545667-APN-DGYDCP#MDYTE, publicado en el Boletín Oficial.

La medida se dictó bajo las facultades conferidas por el Decreto 50/2019, que asigna a la Secretaría de Transformación del Estado la responsabilidad de diseñar políticas de capacitación y desarrollo profesional, y contó con la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Con esta actualización, el Gobierno busca mantener la continuidad institucional del sistema de evaluación y garantizar la transparencia en los procesos de promoción del personal del Estado.