La Cámara de Diputados aprobó, finalmente, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi). Las voces de las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal repasan los daños y promesas incumplidas que ya dejó el sistema de inversión minera vigente desde 1993 y prometen continuar organizadas para que no condicionen el futuro de sus comunidades.
Futuro. Con esa palabra, asambleístas de Catamarca y San Juan resumen el costo que el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) impone a sus pueblos y territorios, donde yacimientos de cobre, oro, plata y litio son codiciados por grandes corporaciones trasnacionales. La idea está anclada en algo más sustancial que el instinto: encuentra justificación en casi 30 años de experiencia, desde la Ley de Inversiones Mineras de 1993. “Lo único que ha traído la megaminería es saqueo», sostienen desde las asambleas socioambientales de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal, que conviven con la contaminación de agua, suelo y aire; la desaparición de ríos y el agotamiento de reservas; y las promesas incumplidas de trabajo, salud y prosperidad; pero prometen continuar organizados porque «el relato de que la única alternativa posible es la megaminería no es así”.
El año 1997 aparece como fecha fundacional de la minería a gran escala en Argentina. Ese año, en el límite entre Andalgalá y Belén, Catamarca, inició la primera explotación metalífera “a cielo abierto” del país. Durante dos décadas, el yacimiento Bajo la Alumbrera fue vaciado del oro, cobre y molibdeno que albergaba; en 2020 se confirmó que sus instalaciones serán utilizadas para continuar con el proyecto Minera Agua Rica (MARA), en manos de la multinacional Glencore. Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente fueron las promesas en el inicio de Bajo la Alumbrera, pero ninguna se cumplió.
También en 1997, la empresa FMC Lithium inauguró el proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Un reciente fallo de la Corte de Justicia provincial reconoció el daño ambiental causado y paralizó la entrega de nuevos permisos de explotación. En aquel 1997, también se firmó el Tratado binacional entre Argentina y Chile, que dio luz verde al proyecto metalífero Pascua Lama, punta de lanza de otros que vendrían poco después, como Gualcamayo y Veladero, todos en el norte de San Juan. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció, en 2022, la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en Veladero.
La Cámara de Diputados aprobó —tras seis meses de debate, denuncias, represión a las protestas y detenciones arbitrarias— la Ley Bases, que contiene al Rigi. En los discursos en el Congreso se reciclaron viejos espejitos de colores. «El objetivo del Rigi es atraer inversiones, es simple y fácil. ¿Para qué? Para generar nuevos puestos de trabajo. Los diputados tenemos que generar las condiciones para que las empresas generen los puestos de trabajo», prometió en el cierre del debate el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Pero el Rigi amplía y profundiza un modelo impuesto en la década de 1990 y que ha sido sostenido por los distintos partidos políticos que se sucedieron, desde entonces, en el poder.
En la madrugada de este viernes los diputados de Unión por la Patria (UP) de Catamarca y San Juan votaron en contra de la Ley Bases en general, como lo habían hecho en la sesión de finales de abril. Pero en aquella sesión de abril fue cuando los legisladores mostraron, sin ruborizarse, la continuidad de las políticas mineras, sin grietas. En esa oportunidad, cuando Diputados dio media sanción a la norma, se votó título por título, y entonces, catamarqueños y sanjuaninos rompieron la unidad de bloque para votar a favor del Rigi y sellar el acuerdo con La Libertad Avanza y la oposición aliada —PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal—.
Los seis legisladores de UP que levantaron la mano en abril para habilitar el Rigi fueron Fernanda Ávila (secretaria de Minería durante la presidencia de Alberto Fernández), Silvana Ginocchio (esposa además del gobernador catamarqueño Raúl Jalil) y Dante López Rodríguez, por el lado de Catamarca. El diputado Sebastián Noblega se abstuvo. Mientras que por San Juan lo hicieron Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica. Los votos de la oposición dialoguista, representada por la UCR, LLA y Producción y Trabajo, estuvieron aseguradas. En el Senado, tres legisladores de UP acompañaron la aprobación, entre ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, quien como los diputados catamarqueños responde al gobernador Jalil.
El Rigi según los territorios
“El Rigi está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes”, opina desde Andalgalá, Catamarca, Melina Zocchi, de la Asamblea El Algarrobo. Es que este capítulo de la Ley Bases está dirigido a atraer inversiones de más de 200 millones de dólares para proyectos de forestoindustria, infraestructura, minería, energía y tecnología. Para Zocchi el Rigi está claramente orientado “sólo a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio, pero especialmente a los emprendimientos megamineros a cielo abierto o extractivos de litio” y subraya que “sólo las grandes corporaciones, y en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes”.
Desde la puna catamarqueña, Elizabeth Mamaní, habitante de Antofagasta de la Sierra e integrante de la Asamblea Pucará, pone el acento en los 30 años de gracia al que accederán las corporaciones, durante los cuales no percibirán aumentos de impuestos, tasas, alícuotas y se mantendrán las exenciones y ventajas que les otorga el Rigi y se pregunta: “¿Por qué? ¿Qué lleva a las autoridades en general a querer aprobar una ley que no es nada beneficiosa para el Estado, para el país? Porque estamos dañando a un país entero con estos beneficios” y coincide con Zocchi en que sólo alcanzan a las grandes empresas.
En sintonía, Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, de San Juan, traza una línea entre ganadores y perdedores: de un lado, las grandes corporaciones mundiales; del otro, todos los habitantes de la República Argentina, porque “de una u otra forma nos va a terminar afectando a todos”. En su relato, aparece otra víctima implícita, que algunos manuales definen como Estado: “Con el Rigi, Argentina va camino a ser el primer país anarcocapitalista del mundo” y explica que, en este sistema, “ya no estamos hablando de países que influyen o dominan sobre otros, estamos hablando de corporaciones mundiales, de empresas de capitales multinacionales que son las que ganan y las que mandan”.
El modelo extractivo en primera persona
El brillo de las promesas de desarrollo y progreso que abundan en los discursos de legisladores, gobernantes y empresarios no llega a Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal. Zocchi, Mamaní y Zeballos coinciden en esta mirada: “La megaminería no trae beneficios”.
“Nosotros tenemos una larga experiencia con la minería de litio en nuestro territorio”, comienza Mamaní, “a consecuencia de eso tenemos la vega del río Trapiche seco”. Esta constatación ha sido clave para que la Corte de Justicia de Catamarca prohibiera la concesión de nuevos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, hasta tanto se realice un informe de impacto ambiental acumulativo. Algo que el Rigi ni siquiera menciona como requisito para la adhesión.
En ese sentido, durante el debate en el Senado, la senadora por Chubut y titular de la Comisión de Ambiente, Edith Terenzi (Juntos por el Cambio), reconoció que «el régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo, todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el Rigi en los derechos ambientales» y señaló que «a lo largo de todo el articulado del Rigi no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación». Ningún cambio fue agregado por el Senado ni por Diputados al respecto.
La afectación del agua —utilizada en enormes cantidades para la explotación minera— aparece también en los relatos de Zocchi y Zeballos como el principal costo que tienen estos proyectos para las comunidades. “Lo único que ha traído (la megaminería) es saqueo y, en nuestro caso, también sequía, porque el dique Cuesta del Viento, que es el reservorio artificial de la cuenca del río Jáchal, tiene un tercio de su capacidad con agua”, dice el activista de San Juan. Esto sin contar los derrames de solución cianurada de la mina Veladero (Barrick Gold) que afectaron ríos y ameritaron la elevación a juicio de la causa.
La lista de impactos es larga. Zocchi enumera la contaminación de agua, suelo y aire, destrucción de ecosistemas, asfixia de economías regionales y “la red de corrupción que se genera alrededor de estos emprendimientos”. Mamaní agrega la muerte de animales y el desarraigo. «Destitución» es la palabra que utiliza ella para mencionar ese proceso; el diccionario la emparenta con el exilio.
Explotación de bienes argentinos, tribunales extranjeros
No sólo beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios recibirán las corporaciones que se adhieran al Rigi. El combo incluye un régimen judicial a medida: cualquier norma (léase, por ejemplo, Ley de Protección de Glaciares o Acuerdo de Escazú) que limite u obstaculice el cumplimiento de este régimen será declarada “nula de nulidad absoluta” y los conflictos que puedan generarse con el Estado argentino serán resueltos por tribunales extranjeros.
“Nuestros gobernantes, con estos regímenes, están condenando a la Argentina a ser un país sin derechos”, opina Zeballos y Zocchi completa: “Es entregar soberanía”. La asambleísta explica que con el Rigi hay un congelamiento y una anulación de leyes previas. «Se cancela el Estado de derecho por medio de una ley. Estamos hablando de que, una vez que estos emprendimientos tengan la posibilidad de establecerse en algún territorio, tendrán impunidad legal por 30 años”, sostiene.
Para los asambleístas, el amparo legal que promete el Rigi a las empresas deja sin protección a las comunidades y profundiza el sistema que, en estos pueblos, ha sido bautizado como “dictadura minera”. Para Zeballos, por ejemplo, la posibilidad que tendrán las corporaciones de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputa equivale a “atarnos de pies y manos”, ya que tribunales extranjeros como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) “están armados a medida de las empresas”.
En el cierre del debate en la Cámara de Diputados, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, celebró la aprobación del régimen, tras seis meses de negociaciones colaborando para que la Ley Bases sea aprobada. Habló de «poner en marcha la minería en la Argentina» y justificó ofrecer a las multinacionales la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros: «Es un aliento a la búsqueda de inversiones en un país en el que nadie cree».
Como expresó la Asamblea Jáchal No Se Toca en un comunicado, el verdadero significado de este régimen se esconde en sus siglas: “Rendición Incondicional ante los Gerentes Internacionales (Rigi), que dará como resultado una República Indefensa ante la Gobernanza Internacional (Rigi) haciendo una Reasignación Inmoral de Garantías Inconstitucionales (Rigi)”.
Otras tres décadas de regalo para las corporaciones
Para los asambleístas, el Rigi no implica otra cosa que las últimas puntadas a un modelo confeccionado a medida, que las corporaciones visten desde hace tres décadas. «Debemos recordar que en Argentina tenemos un régimen ultra liberal para las inversiones mineras, desde 1993, que se denomina Ley de Inversiones Mineras», apunta Zeballos. Entre los beneficios con los que ya cuentan las empresas están: la deducción del 100 por ciento de los gastos por prospección y exploración, del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA sobre la compra de bienes y servicios en exploración, la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada también en el impuesto a las ganancias de equipamiento, construcción y estructura, el tope del 3 por ciento de regalías.
Inclusive agrega que, según la Ley de Inversiones Mineras, del impuesto a las ganancias se deduce un seguro por previsión ambiental que, con al menos tres derrames confirmados de solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, la minera Veladero nunca pagó.
Si el régimen aprobado en la década del 90 era ya una súper oferta para las corporaciones, el nuevo escenario que plantea el Rigi es directamente un regalo. Entre otros beneficios:
reducción del impuesto a las Ganancias
ausencia de restricciones y aranceles para importar maquinaria e insumos
exención del pago de derechos de exportación transcurridos cuatro años de adhesión al régimen.
“Sin el Rigi (las empresas) están igual invirtiendo. Creo que les conviene con o sin ley”, señala Mamaní, quien desde la primera instalación minera en la puna sólo ha visto multiplicarse los proyectos. En la misma línea se expresa Zeballos, para quien “si les conviene, las empresas van a venir inclusive si les colocan medidas para desarrollar valor agregado acá, en el país”. Lejos de eso, el Rigi sólo exacerba la matriz extractiva: saqueo y exportación de commodities.
“No hay nada en el Rigi que sea una ventaja para los territorios”, manifiesta Zocchi y sostiene que la firma de las propias corporaciones está presente en el armado de la ley. Zeballos apunta a la voracidad de las empresas y al servilismo del Estado: “Si nuestros gobernantes siguen arrodillándose y entregándoles todo, las empresas van a seguir pidiendo más y más. Esa es la lógica”.
Organización y resistencia
Gobiernos y corporaciones, dice Zocchi, se encolumnan detrás de la megaminería instalando “ese relato de que es la única alternativa posible, cuando no es así”. El costo de este modelo es la reducción inmediata de las posibilidades de futuro de cualquier ciudad o pueblo, agrega. El futuro como costo de este modelo aparece también, de forma recurrente, en la voz de Zeballos: “Nos están condicionando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos”, advierte.
Y señala que será en 10, 15 o 20 años cuando se tomará conciencia del desastre que significa el Rigi. No se trata de un vaticinio, sino del conocimiento en carne propia que dejaron 20 años de explotación a cielo abierto en su comunidad. “La miopía de futuro de nuestros gobernantes nos da pavor”, afirma.
Justamente por ese futuro que funcionarios y empresarios no ven, pueblos y asambleas se organizan en varios puntos del país. Aunque aún no hay medidas de acción concretas frente a este nuevo golpe, las voces de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Jáchal coinciden: la lucha no se abandona.
Fuente: Nota Al Pie - Agencia Tierra Viva