El Gobierno de Javier Milei ordenó disolver la Unidad Especial de Investigación que tenía como objetivo la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. Desde Abuelas de Plaza de Mayo habían advertido sobre la eliminación del organismo.

Mediante el decreto 727/2024, el presidente Milei derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, que funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), una herramienta que permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados.

Según argumenta el texto publicado esta noche en el Boletín Oficial, el motivo de su derogación se sustenta en que la unidad tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". En esa línea, señalaron que se trata de herramientas que "violentan nuestro régimen constitucional".

A continuación, apuntan que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la “Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”".

Asimismo, ponen en cuestión la presunta vulneración de derechos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano, por lo que este solo puede ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada destinada a obtener información específica, legítima, idónea, proporcional y razonable a los fines buscados, sin que pueda ser evitada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos".

En ese sentido, afirman que las facultades de investigación que le fueron otorgadas a la Unidad Especial de Investigación "contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias". Por los motivos enumerados, el decreto publicado esta noche, ordena disolver la Unidad Especial.

La normativa, que entrará en vigencia a partir de hoy, llega apenas semanas después de que desde la organización Abuelas de Plaza de Mayo adviertieran en un comunicado que el Gobierno tenía listo un proyecto de decreto para eliminar el organismo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI), dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños.

A fines de junio, Abuelas alertó que, en caso de llevarse adelante esta decisión, se "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado".

La UEI fue creada por decreto en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial. Asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En la actualidad, Abuelas cuenta con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas que son analizados por esta unidad.