En medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional y la eliminación de subsidios al transporte, las empresas de larga distancia denunciaron que el Estado mantiene una deuda superior a los 27.000 millones pesos por compensaciones vinculadas a pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes oncopediátricos y personas trasplantadas.

El reclamo fue realizado por la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), luego de que la Secretaría de Transporte dejara sin efecto el sistema de compensaciones económicas mediante la resolución 28/2026.

Desde el sector empresario advirtieron que las compañías continúan obligadas a garantizar el beneficio social pese a que el Estado dejó de efectuar pagos hace más de un año.

“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen absorbiendo una carga que históricamente era compensada por el Estado”, señalaron desde la entidad.

Según detallaron, el último pago recibido correspondió a noviembre de 2024. Desde entonces, las empresas continuaron otorgando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año mientras la deuda estatal siguió acumulándose.

El conflicto escaló además en la Justicia. Días atrás, un juzgado federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y reconoció una primera liquidación parcial de deuda por 8.753 millones pesos correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Las empresas sostienen que el retiro de compensaciones se da en un contexto de desregulación del sistema de transporte y recorte de subsidios en distintos servicios públicos, lo que incrementó la presión financiera sobre el sector.

Desde Celadi, alertaron que el esquema actual obliga a las compañías a sostener un beneficio social sin respaldo económico estatal y advirtieron que la situación podría afectar la sustentabilidad del servicio de larga distancia.