Docentes, investigadores, gremios y estudiantes coinciden que se trata de un retroceso y que se opone a la Ley de identidad de género, a la ESI. “No le pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa”, provocó Acuña que busca levantar el perfil para las elecciones.

Este jueves a la noche Tiempo adelantaba la noticia: mediante la resolución 2022-2566 Gcaba-Medgc, la ministra Soledad Acuña prohibió la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 1 del documento decreta que “los/as docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades, de gestión estatal y privada, deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

“No le pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa”, provocó la ministra porteña que busca posicionarse como referente del ala dura del larretismo para la próxima campaña electoral. “Esta medida busca recuperar los aprendizajes, estamos muy preocupados por la situación en la Ciudad”, agregó sobre el distrito que el PRO gobierna desde hace 15 años.

Si bien la decisión está focalizada en la institución escolar, las y los estudiantes aseguran que quieren prohibirles el idioma inclusivo y consideran que es un retroceso de varios años. “Es un atentado a los derechos y a la percepción individual de cada unx, el lenguaje está constantemente en cambio y no hace falta que la RAE te lo diga para que vos respetes al otrx”, señala a Tiempo Eliana Marín, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica.

“Acuña plantea que no es una casa de brujas pero la resolución lo que busca es que toda la comunidad educativa tenga claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un aula y si no lo cumplen serán sometidxs a sumarios o a las ‘acciones administrativas que correspondan’”, agrega Marín. “Tal vez para la próxima vez la ministra se ocupe de las verdaderas trabas que hay en el aprendizaje, y su siguiente resolución sea un mejor presupuesto educativo”.

Paradójicamente, para justificar la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas, Soledad Acuña hace hincapié en dos artículos de la Constitución porteña: el 23, que “reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad”; y el artículo 24 que establece que la Ciudad “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”. Sin embargo, en el documento presentado omite poner el párrafo donde el mismo artículo lo obliga a garantizar vacantes “a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

“La decisión de prohibir en lenguaje inclusivo en las escuelas deja más claro que nunca que las decisiones en las políticas educativas en la Ciudad se definen de manera unilateral e inconsulta con los diferentes sectores de la comunidad educativa que somos quienes transitamos las escuelas”, reflexiona en diálogo con Tiempo Naara Madoni, Presidenta del Centro de Estudiantes del Profesorado del Normal 1. Para la estudiante, esta decisión “no hace más que discriminar a quienes no se perciben dentro del binomio masculino y femenino. El lenguaje es una construcción social, muta con el tiempo por diferentes necesidades que tiene la sociedad, es por eso que rechazamos esta decisión”.

La resolución firmada por Acuña también se basa en las consideraciones efectuadas por la Real Academia Española (RAE), una institución que con los años fue perdiendo representatividad. La institución con sede en Madrid se vio obligada a admitir nuevas palabras como almóndiga, amigovio, papichulo, otubre, setiembre, toballa, criptomoneda, poliamor, transgénero, cisgénero o pansexualidad.

Para Gabi Díaz Villa, Licenciado en educación, profesor de Educación Sexual Integral en institutos de formación docente de Caba y en la Facultad de Filosofía y Letras, “esta resolución nos retrotrae a las épocas más oscuras en términos de cómo se piensa el sistema educativo y la pretensión de controlar y poner un límite a las experiencias educativas que se realizan en las escuelas”.

Díaz Villa cuenta con un posgrado en materia de género y educación, y comparó esta prohibición con otros ejemplos que ocurrieron a lo largo de nuestra historia: “En algún momento en el país también prohibieron el pelo largo. Estas avanzadas conservadoras sin embargo no muestran la misma preocupación en otras apropiaciones de palabras y neologismos que nacen en las redes digitales. Entonces, esto desenmascara que se quiere poner un límite a un proceso de transformación cultural y en términos de relaciones de poder”.

Por último, asegura que está “bastante preocupado porque el lenguaje inclusivo es parte del contenido de las materias de ESI para la formación de maestras de inicial y primario. Esta decisión es una política implícita de anti ESI».

El rechazo de los gremios docentes

El conjunto de la comunidad educativa coincide en que Rodríguez Larreta y Soledad Acuña están en campaña electoral, por lo que acercan sus discursos y decisiones a Patricia Bullrich o a Javier Milei. “Es por eso que toman estas medidas que, al mismo tiempo, claramente están en su concepción”, analiza en diálogo con este medio Matías Zalduendo, maestro del Mariano Acosta, secretario de Derechos Humanos en UTE-Ctera, y titular de la Secretaría Nacional de la Juventud CTA.

“Uno de los fundamentos que plantean es que esto genera confusión en los procesos de educación, pero la realidad es que el lenguaje inclusivo está lejos de obstaculizar, al contrario. Pone en discusión cómo abordar el uso del lenguaje”. Por último, el joven gremialista y docente dijo que “Acuña aclara que no va a haber una caza de brujas. Menos mal que lo dice, porque en el ADN del PRO está Ciro James, el 0800 para denunciar a los que hablaban de Santiago Maldonado, etc”.

Por su parte, Karina Costaguta, secretaria general de Camyp, dijo que “el lenguaje inclusivo no es una deformación del lenguaje como ciertos sectores conservadores y reproductores de la heteronormatividad quieren hacer creer”. La docente asegura que “el lenguaje inclusivo es una posición política frente a las diferentes desigualdades que vivimos y una manera de hacer visible las diversas formas de amar, de sentir y de vivir”.

Por último, la titular del gremio docente Ademys, Mariana Scayola, considera que “ésta es otra demostración del carácter autoritario de la ministra Acuña. Por un lado desconociendo lo que se ha avanzado en cuanto a la Ley de Identidad de Género, y por otro va en contra de la propia ESI, y vuelve a plantear la visión más retrógrada de la educación mirada desde una posición homogeneizante donde todo se dirime con lo binario: varón o mujer y excluye al resto”.

La docente señala que Acuña “desconoce que la lengua es dinámica, que cambia a lo largo del tiempo que no es estática. Hay universidades que han avanzado en reconocer el lenguaje inclusivo, tanto para resoluciones universitarias como para textos académicos. La resolución de Acuña es un retroceso”.