La vecina provincia, que no cumple el fallo de la Corte Suprema, pretendía que una minera administrará la nueva reserva en El Sosneado. El planteo fue hecho en su propia legislatura.
En las últimas horas ingresó a la Legislatura mendocina un proyecto que pide declarar la “nulidad” del convenio firmado entre el estado mendocino y la parte privada, según dio a conocer este lunes el diario de San Rafael.
“Con este convenio se hace autoridad de aplicación a la empresa Sominar SA (en representación de Sominar y Luncay) lo que les permite una gestión direccionada a sus propios intereses económicos, ya sea restringiendo el acceso o delimitando el mismo a determinando zonas, caminos áreas para su conveniencia”, explicó el proyecto presentado por el diputado Mario Vadillo.
El legislasor plantea que en el convenio firmado entre el estado mendocino y Sominar “no participaron las jurisdicciones correspondientes integrantes del Comité de Cuencas Hídricas" y cita -como ejemplo- el caso de la provincia de La Pampa.
El documento también destacó que el acuerdo “puede provocar cambios en el área protegida para mejorar sus áreas de riego o para aprovechamiento de las aguas subterráneas o incluso proyectos a futuro”.
La zona en cuestión incluye unas 138 mil hectáreas entre medio de las lagunas del Diamante y Atuel.
Según expresa el documento este convenio de cooperación y colaboración “estaría violando la ley 6045/93 artículo 55, al incorporar en su Cláusula 2 como Autoridad de Aplicación a la Empresa Sominar SA” ya que se considera que es una “violación de normativa nacional 25688 /2002 “Régimen de gestión ambiental de aguas” que establece en su artículo 3 que las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles”.
En este sentido se recuerda la creación de los “comité de cuencas hídricas” para colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las mismas.
Sobre este punto, Vadillo plantea que en el convenio firmado entre el estado mendocino y Sominar “no participaron las jurisdicciones correspondientes integrantes del Comité de Cuencas Hídricas (Provincia de La Pampa, Municipalidades de General Alvear, San Rafael y San Carlos)”.
Ante esto se solicitó al poder ejecutivo que “declare la nulidad del convenio entre la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza y Las Empresas Sominar S.A. y Luncay S.A., para la administración de las Áreas Naturales Laguna del Diamante y Laguna del Atuel”.
Pataleo en La Pampa
Ni bien se conoció la decisión del Gobierno de Mendoza de que una minera administrará la nueva reserva natural, en La Pampa hubo fuertes reproches públicos.
De acuerdo a un informe publicado en aquella oportunidad por el diario Los Andes, la intención del gobierno de la provincia vecina es que los turistas puedan acceder una vez termine el proceso que lleva adelante el Gobierno provincial con las empresas dueñas de los terrenos.
Uno de los que salió al cruce fue el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, representante de La Pampa en la Comisión de Estudio de Impacto Ambiental del Atuel.
“Aunque parezca una contradicción que una minera se haga cargo de la explotación de un área protegida, en este caso, no lo es”, dijo el legislador.
“Esto, a días de conocerse el manifiesto del Cofemin en contra de la sanción de una Ley de Humedales, no hace más que confirmar nuestros temores”, advirtió.
Pérez Araujo apuntó que “el lobby del agronegocio, la especulación inmobiliaria y la mega minería siempre está del mismo lado”. “¿El ambiente? Bien, gracias”, remarcó.
Y dijo que el Gobierno mendocino sigue “priorizando mezquinos intereses en desmedro de los de aguas abajo, actuando de manera unilateral, como si al sur de su mapa no hubiese nada”.
“En definitiva, dejar al agua en manos de Mendoza o de la mega minería es poner al zorro a cuidar gallinas”, cerró.
Fuente: El Diario de La Pampa