El parlamento nacional pone en tratamiento una iniciativa que busca terminar con una actividad que pone en peligro la biodiversidad del Delta del Paraná y que involucra a tres provincias.
Hay imágenes que hablan. Y otras que gritan. La quema de pastizales en el delta del Paraná es una de esas postales que cada vez preocupa en mayor medida. Los números son claros: ya son más de 8 mil los focos de incendio que se registraron en lo que va del año. Un número muy por encima de lo acostumbrado.
Como respuesta a esta problemática, el Congreso iniciará hoy el debate de la ley de humedales sobre las distintas iniciativas presentadas que buscan la conservación ecológica y ambiental de un reservorio vital de biodiversidad.
Como novedad en el tema, el proyecto del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, establece multas de hasta 843 millones de pesos y la tipificación de la quema de humedales como un delito penal sancionable con seis años de prisión. “Los intereses económicos de algunos empresarios no pueden estar por encima de los intereses colectivos porque los daños son irreparables”, sostuvo el legislador que está a cargo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja.
Nadie lo expone en público. Pero se trata de un conflicto que más allá de su importancia real vuelve a enfrentar al campo con el Gobierno y que, en consecuencia, requiere cierta muñeca a la hora de su implementación. “El fuego deja en evidencia que el campo siempre hace lo que quiere. Y en pandemia se nota más. Ya ni siquiera es desinterés por la vida del otro, sino desprecio”, asegura, filoso, un concejal del Frente de Todos de un distrito del norte bonaerense.
La problemática atraviesa distintos municipios de Buenos Aires (de San Nicolás hasta San Fernando), Santa Fe y Entre Ríos. Y, pese a que el reclamo es universal, la quema no se detiene. Incluso luego de que el Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, estableciera en junio la prohibición de toda quema en la zona hasta fin de año.
Llama la atención en ese sentido que autoridades locales de Victoria, en Entre Ríos, aseguren desconocer el origen de los incendios cuando los propietarios tienen escriturados sus campos. Ese fue uno de los principales reclamos que hicieron valer este fin de semana las más de 2 mil personas que cortaron el puente entre Rosario y Victoria.
Sumado al impacto en la biodiversidad, desde algunos sectores ya se habla de ecocidio, las consecuencias negativas de la quema de pastizales también impactan en Santa Fe y Rosario, donde ya se volvió costumbre la nube de humo que sobrevuela el centro de ambas ciudades. Lo que deriva, muchas veces, en necesidad de atención médica.
En respuesta a esta situación, el Concejo Municipal de Rosario realizará mañana una sesión extraordinaria en una de las islas del Delta del Paraná para debatir una serie de proyectos que condenan las quemas intencionales de pastizales. El propio intendente Pablo Javkin se presentará como querellante en las causas que involucran a propietarios de terrenos que se vienen incendiando y pidió que “los responsables estén presos”.
El reclamo también toma fuerza en San Nicolás y San Pedro donde tanto Manuel Passaglia como Cecilio Salazar, respectivamente, activaron denuncias públicas y penales. Sin embargo, la Fiscalía Federal de San Nicolás archivó esta semana la investigación de oficio por incendios en la zona de islas según indica la resolución porque “si bien se pudo constatar la existencia de los incendios suscitados sobre las islas de San Pedro, de las diligencias realizadas se ha podido determinar que los mismos, por su dimensión, no originaron un peligro concreto”. De todos modos, el municipio labrará las contravenciones pertinentes.
La situación en el Delta del Paraná difiere con la realidad que atraviesa el municipio de Tigre en materia de biodiversidad debido a la ordenanza aprobada en 2019, tras varios años de reclamos, sobre la preservación de los humedales. “Hoy estamos viviendo el futuro en relación a estas problemáticas. Podemos ser espejo para otros distritos”, asegura María Paz Mazzola, directora general de Gestión Ambiental.
En esa línea, la posibilidad de avanzar con la ley de humedales implica un paso hacia adelante en la preservación del medio ambiente. Una causa que dejó de ser interés del futuro y que ya es presente.
Fuente: Ambito