El gobierno nacional avanzó con un esquema para delegar la gestión de rutas nacionales a las provincias, pero sin transferir recursos económicos ni la jurisdicción federal sobre los corredores, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por el estado de la infraestructura vial y el impacto económico que podría recaer sobre gobernadores y usuarios.

La medida habilita a las provincias a hacerse cargo de obras, mantenimiento y administración de rutas mediante concesiones privadas y sistemas de peaje, mientras la Nación continúa reteniendo fondos millonarios provenientes del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley deberían destinarse a infraestructura vial.

El nuevo esquema surgió luego de meses de reclamos de gobernadores por la paralización de obras públicas y el deterioro de corredores nacionales en distintas regiones del país. Varias provincias habían planteado la posibilidad de asumir reparaciones con recursos propios a cambio de compensaciones financieras por parte de la Nación, algo que finalmente no quedó contemplado en el esquema oficial.

Además, legisladores opositores denunciaron que desde diciembre de 2023 el gobierno habría retenido más de 1,1 billones pesos correspondientes a fondos del sistema vial nacional que debían utilizarse para mantenimiento y obras de rutas.

El decreto oficial establece que las provincias solo podrán intervenir mediante concesiones privadas bajo régimen de peaje y que todas las obras y contrataciones deberán ser aprobadas previamente por Vialidad Nacional, organismo que además conservará la facultad de revocar las concesiones.

La iniciativa también prevé un fuerte incremento de peajes en rutas nacionales privatizadas. Según estimaciones, la cantidad de cabinas aumentará más de 135 por ciento en todo el país y en la región núcleo —integrada por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos— las estaciones pasarán de 24 a 63.

Especialistas y entidades vinculadas a usuarios viales cuestionaron la legalidad del esquema y advirtieron que la Nación se desliga de su responsabilidad sobre el mantenimiento de rutas mientras conserva recursos específicos destinados al sector. También alertaron sobre la viabilidad económica de varios corredores, donde el flujo vehicular podría no justificar la instalación de peajes.