El presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sancionada por el Congreso con apoyo de los 24 distritos. La decisión marca un nuevo punto de conflicto entre el Ejecutivo y las provincias, en un contexto de tensión política tras las elecciones bonaerenses y los recientes escándalos en el oficialismo.

Un freno al reclamo de las provincias

El decreto presidencial sostiene que los ATN no son parte de la masa coparticipable de distribución automática, sino un instrumento extraordinario y discrecional para afrontar emergencias, como ocurrió con la pandemia de Covid-19 o las crisis hídricas y económicas de 2024 y 2025. Según el texto, eliminar esa discrecionalidad significaría un “menoscabo concreto” de las facultades del Estado nacional.

Los gobernadores habían impulsado la norma para dar previsibilidad a las finanzas provinciales y evitar la dependencia política en la distribución de los fondos. La respuesta de la Casa Rosada generó cautela, en especial dentro del bloque de Provincias Unidas, que había pedido evitar el veto.

El trasfondo de los ATN

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional está previsto en la Ley de Coparticipación Federal: el 42,34 por ciento de los impuestos queda en el Gobierno nacional, el 56,66 por ciento se reparte automáticamente entre las provincias, y el 1 por ciento restante se destina a los ATN. Estos recursos se transfieren de manera discrecional, lo que la nueva ley buscaba modificar para establecer un reparto automático y diario.

En lo que va de 2025, la Nación ya transfirió 84 mil millones de pesos en concepto de ATN, casi un 70 por ciento más que lo girado en todo 2024. El oficialismo defendió mantener la discrecionalidad, mientras que los mandatarios provinciales reclaman transparencia y reglas claras.

Una seguidilla de vetos

El rechazo a la ley de ATN se suma a los recientes vetos presidenciales a la ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia Pediátrica. Con argumentos similares, el Gobierno sostuvo que ambas iniciativas incrementaban “de manera desproporcionada el gasto público” y ponían en riesgo el equilibrio fiscal.

En el caso de las universidades, la norma planteaba una recomposición de salarios, actualización de gastos de funcionamiento e inversiones en infraestructura y becas. El Ejecutivo aseguró que implicaba destinar del 1 por ciento del PBI en 2026 al 1,5 por ciento en 2031, algo que Milei consideró “insostenible”.

Próximo paso: el Presupuesto 2026

El presidente anunció que presentará el proyecto de Presupuesto 2026 el próximo lunes a las 21 horas en cadena nacional. Según adelantó, será en ese marco donde se debatan de manera integral las prioridades de gasto e ingresos, reafirmando su compromiso con el equilibrio fiscal como base de la política económica.