La Fiscalía Federal de Ushuaia, a cargo del agente federal subrogante Pablo Mansilla, solicitó investigar las tareas realizadas de forma ilegal por un buque chino interceptado por la Prefectura Naval el 21 de marzo pasado en jurisdicción del Mar Argentino y determinar el posible daño ambiental causado por la captura ilegal de ejemplares jóvenes de merluza negra.
Entre las medidas que reclamó, el fiscal le pidió al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidiep) que remita todos los informes realizados sobre la actividad desplegada por el navío, en especial, la que llevó a cabo durante la marea de pesca entre el 4 de febrero y el 11 de marzo de este año.
Concretamente, Mansilla peticionó que se cuantifique y describa el daño ambiental que hubiere producido tal accionar y que se informe si se puede revertir.
Por otra parte, el agente le encomendó a Prefectura que remita copia certificada de la totalidad de las actuaciones administrativas labradas con relación al buque; que informe quiénes son sus propietarios (y, en caso de que fuera una sociedad anónima, quiénes integran su directorio) y si tenía habilitación entre el 4 de febrero y 11 de marzo para operar como lo hizo.
Por último, solicitó que se convoque a prestar declaración testimonial al funcionario público que estuvo a cargo de la constatación de la mercadería que llevaba a bordo el barco el 21 de marzo de 2024 en Ushuaia, para que relate lo sucedido aquel día.
Denuncia
La causa se inició a fines de marzo pasado, a raíz de una denuncia anónima remitida por correo electrónico a la Prefectura, con el fin que se investigara el posible daño ecológico cometido en el caso, más allá de las sanciones administrativas que correspondan por la violación a la Ley Federal de Pesca.
En su presentación, el denunciante indicó que aquello fue acreditado en un control realizado sobre el buque en el puerto de Ushuaia, donde se demostró la captura ilegal de merluza negra que no respetó el tamaño de los ejemplares capturados juveniles.
En esa línea, planteó que independientemente de las sanciones administrativas que les caben a los autores, la práctica de captura de juveniles de una especie internacionalmente protegida constituye, también, un daño penalmente imputable, que afectó al ecosistema marino.
Recordó que capturar ejemplares jóvenes de merluza negra está prohibido porque evita la depredación de la especie y precisó que es un delito sobre un recurso público natural, previsto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal, que prevé como daño agravado aquel que se produce sobre bienes públicos.
A partir de ese momento, la Fiscalía, con colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), comenzó la investigación, en la que advirtió que el buque pesquero habría capturado más toneladas que las permitidas de la especie merluza negra con una red de arrastre de fondo a profundidades cercanas a los 450 metros.
El Ministerio Púbico Fiscal (MPF) sostuvo que, como consecuencia de esa actividad, el buque habría capturado una proporción de juveniles de merluza negra superior al límite establecido por la normativa vigente.
Ponderó que, según el acta de constatación labrada el 21 de marzo pasado, durante la apertura de cajas y bolsas del pesquero investigado se observó que algunos envases tenían un rótulo que no era coincidente con lo que se encontraba en el interior.
Por ello, solicitó medidas para confirmar y, en su caso, determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado, como también cuantificarlos, en relación con la pesca de ejemplares de merluza negra en la zona económica donde la Argentina tiene exclusiva jurisdicción y determinar si existen medidas para reparar el daño causado.
Fuente: Comercio y Justicia