La Asociación de Entidades Periodisticas de Argentina (Adepa) expresó “profunda preocupación por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en las cuales reclamó la necesidad de poner límites a la crítica periodística y vinculó esa exigencia con lo que entendió como el respeto de la voluntad popular y el hecho de que muchos medios periodísticos ‘viven de la pauta del gobierno nacional’”.
En el comunicado de la organización se enuncia que “la convivencia democrática en sociedades diversas reconoce como elemento esencial la posibilidad de someter a juicio y crítica el actuar de los funcionarios públicos, incluso cuando su designación provenga de una elección democrática, competitiva y libre de sospechas”.
“No es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica. Por el contrario, en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático”, se indicó.
Además, se apuntó que “lo dicho no se modifica por el hecho de que los gobiernos, en cumplimiento de exigencias constitucionales e internacionales, deban difundir los actos de gobierno y en paralelo contribuir a la sostenibilidad de la prensa independiente en la particular coyuntura mundial que atraviesa el sector, tal como lo exige Unesco en la Declaración Windhoek+30”.
“La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario. Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia”, afirmaron.
Por supuesto, “el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existe derecho al insulto gratuito”, dijeron.
“En democracia, el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser esta el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno. Se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios”, destacaron.