Pueblos originarios de todo el país reclaman derechos y políticas públicas con perspectiva indígena, el reconocimiento de sus territorios ancestrales, el cumplimiento de la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe, supo AIM.

En Plaza de Mayo en Capital Federal, comunidades originarias comenzaron en horas de la tarde un acampe en reclamo de “derechos y políticas públicas con perspectiva indígena”; exigen, además, el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe.

Participan comunidades de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, entre otras.

En un comunicado, al que tuvo acceso AIM, expresaron que “Los pueblos originarios somos una cultura viva y presente. Somos Naciones, parte de esta Patria, por la cual también hemos luchado cuando ha sido necesario”.

Remarcaron además que “A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, y hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”.

Advirtieron también en el escrito que “el avance del extractivismo, de la megaminería, del petróleo, forestal y los agro-negocios, junto a las obras de infraestructura complementarias, como represas, carreteras y gasoductos, han profundizado las usurpaciones de nuestros territorios, y nos obligan ahora a ser actores protagónicos en la defensa de nuestros derechos y en la propuesta de otro modelo de país”.

Por todo esto, las comunidades originarias demandan “la creación de un Estado Plurinacional y Plurilingüe, donde todas las Naciones originarias del territorio argentino sean parte de un solo Estado, siendo partícipes de sus decisiones y aspirando al pleno ejercicio de los derechos”.

Aboriginalidad y territorialidad
Sin soslayar la importancia clave de la autoidentificación, se debe resaltar que el rasgo distintivo de los pueblos indígenas es su aboriginalidad, es decir, la característica de ser los primeros habitantes –autóctonos– en los territorios que habitan y, por lo tanto, antecesores de los sucesivos procesos de ocupación y domesticación jurídica.

Las comunidades indígenas viven hoy mayoritariamente como ciudadanos de segunda categoría en estados-nación modernos que frecuentemente los excluyen so pretexto de ser portadores de lenguas, religiones, culturas y formas de vida percibidas como inferiores por la sociedad dominante.

Sin embargo, a contrapelo de los modelos de homogeneización cultural, expresan cotidianamente su voluntad de preservar la diferencia cultural que los distingue de otros colectivos sociales y se encuentran decididos a fortalecer sus instituciones sociopolíticas para conseguirlo. Al mismo tiempo, aspiran a desarrollar, en el seno de las sociedades nacionales de las que forman parte, nuevas pautas de convivencia social en la diversidad.

En procura de estos objetivos reivindican una nueva normatividad que dé cabida a sus "derechos especiales" sin menoscabo de los demás derechos del ciudadano. Un eje estructurante de tales derechos emerge de la relación entre aboriginalidad y territorialidad.

Por ser sociedades aborígenes, los pueblos indígenas no sólo reivindican la ocupación continua de tierras ancestrales o al menos de parte de ellas, sino también la calidad del vínculo que los une. Las tierras, el hábitat, el paisaje, el territorio, son más que un medio u objeto de producción. En tanto condensador simbólico de la unidad social, política y cultural del grupo, ellas son la condición indispensable para el mantenimiento de su
identidad como pueblo.

La destrucción de los recursos naturales
Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas están en peligro. La falta de regularización dominial les impide controlar la devastación ambiental debido al uso irracional de los recursos naturales por parte de no indígenas y la contaminación de sus suelos y fuentes de agua por parte de empresas mineras, petroleras y otras. Al no existir medidas efectivas de protección de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan en todo el país, se acelera el avance de los frentes agrícolo-ganaderos y el desembarco de “mega” proyectos de desarrollo.

Además, no son los indígenas quienes aprovechan el empleo generado por la instalación de las agroindustrias pues su vinculación con el mercado laboral es precaria, inestable o prácticamente inexistente.

La falta de definición sobre lo que significa la educación bilingüe e intercultural, y la ausencia de un sistema nacional orgánico que implemente acciones que incorporen este concepto, ha llevado a que, en la práctica, sólo se incorpore a la escuela un hablante del idioma indígena en carácter de "auxiliar bilingüe" del maestro oficial. En su designación, las comunidades tienen escasa si no nula participación. A su vez, al no existir sistema alguno de formación de maestros bilingües ni definiciones claras sobre el perfil requerido para desempeñarse como tales, los cargos son utilizados como recursos clientelares de los punteros políticos que los ofrecen a cambio de distintos favores.

La falta de jerarquización de su labor coloca a los auxiliares bilingües en una situación de doble marginación que los lleva en la práctica a desempeñar tareas de ordenanza y/o limpieza.

A causa de este vacío estatal, las comunidades indígenas se ven forzadas a reclamar ante la justicia el reconocimiento de su derecho. No existe una adecuación de contenidos curriculares que dé cabida a la historia y cultura de los diferentes pueblos indígenas.

Tampoco se ha efectuado una revisión de los mismos, sobre todo en aquellos casos en que resultan ofensivos para ellos. Los textos escolares están repletos de frases y contenidos que atentan contra la memoria y dignidad de los pueblos indígenas. El Ministerio de Educación, con la colaboración de organizaciones y comunidades indígenas, debe introducir en las currículas las modificaciones pertinentes.

En la misma dirección, el Estado no ha implementado mecanismos adecuados para hacer conocer a las comunidades de los pueblos indígenas sus derechos constitucionales y otras normas que los tienen como destinatarios.